Estados Unidos incautó en aguas internacionales dos petroleros sancionados presuntamente vinculados a Venezuela, en operaciones realizadas en el Atlántico Norte y el Caribe. Funcionarios señalaron que las acciones buscan reforzar el control sobre el crudo venezolano, en el marco del acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump para canalizar exportaciones hacia Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el petróleo decomisado se integrará al convenio que prevé la entrega de hasta 50 millones de barriles a Estados Unidos. Paralelamente, la Casa Blanca informó que se retiraron de forma selectiva algunas sanciones al sector petrolero venezolano para facilitar la venta del crudo bajo supervisión estadunidense.

Autoridades militares confirmaron que los buques interceptados se suman a otras incautaciones recientes. Reino Unido apoyó una de las operaciones, al considerar que las naves violaban sanciones internacionales. Analistas señalan que estas medidas refuerzan la presión de Washington sobre Caracas y buscan influir en el mercado energético global mediante el control de suministros petroleros estratégicos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Nicolás Maduro es un dictador por la concentración de poderes en Venezuela, pero negó que exista evidencia de que sea un narcotraficante. Sostuvo que esa acusación forma parte de una narrativa impulsada por Estados Unidos y no cuenta con sustento en información de las autoridades colombianas.

Petro respondió así a cuestionamientos sobre su postura frente al mandatario venezolano, luego de que Washington señalara a Maduro como líder del llamado Cártel de los Soles. El gobierno venezolano ha rechazado de manera reiterada esa acusación, mientras Estados Unidos la utiliza como base para sanciones y presiones diplomáticas.

El mandatario colombiano reiteró su oposición a una intervención extranjera en Venezuela y defendió una salida política negociada a la crisis. Sus declaraciones contrastan con la política de la administración de Donald Trump, que ha intensificado medidas contra Caracas bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela, anunció el presidente Donald Trump, al afirmar que se trató del “más grande jamás confiscado”. Sin detallar razones, indicó que Washington podría quedarse con el crudo. La operación elevó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en medio de tensiones crecientes.

Según funcionarios estadunidenses, la acción fue ejecutada por la Guardia Costera con apoyo de la Marina bajo leyes federales, luego de un despliegue desde el portaviones Gerald Ford. El petrolero Skipper transportaba alrededor de dos millones de barriles y presuntamente se dirigía a Cuba. Videos difundidos por el Departamento de Justicia mostraron el abordaje armado de las fuerzas federales.

El caso se inscribe en la ofensiva marítima de Washington, que suma más de 80 muertes desde septiembre y enfrenta escrutinio legislativo por su legalidad. Autoridades marítimas de Guyana denunciaron el uso falso de su bandera, mientras la ONU pidió desescalar el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

El Departamento de Seguridad Nacional lanzó un operativo en Nueva Orleans para detener a migrantes sin documentos y a personas con antecedentes, como parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. La medida, dirigida contra individuos protegidos por políticas locales de “ciudad santuario”, se suma a despliegues previos de la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas.

Acciones similares se llevaron a cabo en Minneapolis y Saint Paul, mientras el gobierno federal insiste en que estas intervenciones responden a solicitudes estatales. En paralelo, una jueza federal en Washington emitió una orden que prohíbe realizar arrestos migratorios sin orden judicial, un revés para la administración Trump en medio de crecientes demandas de organizaciones civiles.

El gobierno también anunció restricciones de visas para Nigeria y otros países que, según Washington, presentan violaciones a la libertad religiosa. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la medida responde a episodios de violencia contra comunidades cristianas, aunque no aportó pruebas para sostener esas acusaciones.

La Casa Blanca suspendió de último momento la presentación de un plan para extender por dos años los subsidios médicos del Obamacare, luego de que legisladores republicanos rechazaran la propuesta. El anuncio, previsto para este lunes, fue cancelado minutos antes de que el presidente Donald Trump lo diera a conocer, en medio de un creciente malestar dentro del Capitolio.

Según versiones difundidas por medios estadunidenses, Trump estaría dispuesto a aceptar una prórroga limitada mientras busca una reforma más amplia del sistema de salud. Sin embargo, la falta de apoyo entre conservadores —quienes rechazan mantener subsidios creados en pandemia— bloqueó cualquier avance. La Casa Blanca afirmó que la postura final del presidente aún no está definida.

La disputa ocurre mientras millones de estadunidenses enfrentan posibles aumentos en las primas, ya que los subsidios aprobados en la era Biden expiran este año. Además, intentos previos para extenderlos fueron rechazados tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó en la acusación S1 25 Cr.370 que los abusos dentro de la Iglesia La Luz del Mundo no son casos aislados, sino una práctica con casi un siglo de historia. Según el expediente, las víctimas han sido niñas, niños y mujeres tanto en México como en territorio estadounidense.

El señalamiento sostiene que este ciclo comenzó en 1926 y se ha repetido bajo distintos liderazgos, incluido el de Naasón Joaquín García, actualmente detenido y sentenciado en California. Para las autoridades, se trata de una estructura institucional que protegió y encubrió los delitos sexuales, convirtiéndolos en parte de una dinámica de poder religioso.

El reconocimiento de la magnitud histórica de estos crímenes obliga a repensar los mecanismos de supervisión y justicia en organizaciones religiosas. Si los abusos se normalizan como tradición, la impunidad se convierte en un peligroso legado que trasciende generaciones.

Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue detenido en Estados Unidos por acusaciones de corrupción vinculadas al caso Odebrecht. La Fiscalía General de la República lo señala por recibir sobornos millonarios a cambio de favorecer contratos durante su gestión en la empresa estatal.

El arresto se realizó en Texas, donde autoridades estadounidenses actuaron en coordinación con el gobierno mexicano. Treviño enfrentará un proceso de extradición, ya que cuenta con orden de aprehensión en México por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este caso reaviva las críticas sobre la persistencia de redes de corrupción en el sector energético. Sin mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas, la confianza en las instituciones seguirá erosionándose frente a escándalos que involucran a figuras de alto nivel.

Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe para enfrentar a cárteles de la droga latinoamericanos designados como organizaciones terroristas. Según fuentes citadas por Reuters, la operación responde a instrucciones del presidente Donald Trump para intensificar la persecución de estas redes criminales.

Aunque no se han revelado detalles operativos, el Pentágono ya había sido instruido para preparar distintas opciones. Expertos consideran poco probable, por ahora, que esta estrategia implique una intervención directa en territorio mexicano.

El movimiento refleja un enfoque más militarizado en la lucha contra el narcotráfico regional. Sin embargo, su efectividad dependerá de la cooperación internacional y de evitar que la presencia armada escale tensiones en zonas de alta vulnerabilidad política y social.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos para obtener contratos millonarios. Según la investigación, los pagos ilegales se realizaron a través de empresas fachada y cuentas en el extranjero.

Las autoridades estadounidenses señalaron que los implicados enfrentan cargos por conspiración y lavado de dinero, con posibles penas de prisión y multas significativas. El caso también involucra transferencias que, presuntamente, beneficiaron a directivos de alto nivel en la paraestatal.

Este nuevo episodio de corrupción revive cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de Pemex. Sin mecanismos eficaces de control y sanción, los recursos públicos seguirán expuestos a intereses privados que lucran con la energía del país.

México hiló su segundo trimestre positivo: el PIB avanzó 0.7 % frente a enero-marzo, más del doble de lo que preveían analistas (0.3-0.4 %). Servicios y comercio aportaron el impulso, mientras la industria resistió los ajustes derivados de la guerra arancelaria con EU. A tasa anual, la economía subió 1.2 %, gracias al dinamismo agropecuario (+4.5 %) y terciario (+1.7 %); el sector industrial cedió 0.2 %.

Por componentes, las actividades secundarias repuntaron 0.8 % y las terciarias 0.7 % en el trimestre; el ramo primario retrocedió 1.3 %. En el primer semestre, el PIB acumulado crece 0.9 % desestacionalizado. El sector agro registra el mayor avance (5.5 % anual), mientras servicios apenas aumentan 1 % y la industria pierde 1.1 %.

Economistas celebran que “no hay recesión”, pero advierten: la fortaleza provino de exportaciones, no de inversión interna. Con la próxima cifra definitiva (22-ago) se confirmará si el impulso se mantiene o se modera ante el entorno global retador.