La advertencia del presidente Donald Trump de iniciar operaciones terrestres contra supuestos narcotraficantes en América Latina marca una escalada inédita en su política de seguridad. Hasta ahora, la campaña letal de Washington se había concentrado en ataques marítimos que han dejado más de 80 muertos. Con su anuncio de que “cualquier país donde se produzcan drogas está sujeto a ataques”, el presidente abrió la posibilidad de incursiones en múltiples territorios, mencionando expresamente a Colombia y Venezuela.

El mensaje llega en un momento de fuerte presión interna para la Casa Blanca. En Washington crece el escrutinio sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, luego de revelaciones periodísticas que lo vinculan con órdenes para rematar sobrevivientes tras un ataque naval en el Caribe. Aunque Hegseth lo niega, calificando los reportes como “historias falsas”, legisladores demócratas han solicitado una supervisión estricta de las operaciones militares y han denunciado posibles violaciones graves al derecho internacional.

La reunión convocada por Trump con figuras de línea dura como Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, sugiere que la Administración busca cohesionar su narrativa y medir los costos de profundizar la militarización regional. Una intervención más agresiva podría imponer un enorme desgaste político en Estados Unidos, donde el rechazo ciudadano a una guerra con Venezuela supera el 70%, y donde republicanos y demócratas temen las implicaciones económicas y humanitarias de un conflicto de gran escala.

Mientras la Casa Blanca ensaya mensajes y evalúa escenarios, el resto del continente observa con inquietud la posibilidad de que la lucha antidrogas se utilice como pretexto para operaciones más amplias. Si ataques terrestres se normalizan como acciones “técnicas” o de “seguridad”, advierten especialistas, la región podría entrar en una etapa de inestabilidad sostenida con consecuencias profundas para su soberanía y su equilibrio político.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y senador, denunció a Adán Augusto López ante el Departamento del Tesoro, el FBI y la DEA por presuntos vínculos con el crimen organizado. En conferencia de prensa, afirmó que entregó información y documentos que lo señalan como integrante de la red denominada “Cártel de Macuspana”, junto con otros políticos de Morena y exfuncionarios federales.

La acusación se suma a las tensiones por el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, con quien López Hernández ha sido vinculado en informes de inteligencia de la Sedena. Moreno sostuvo que la protección de mandos navales para redes de huachicol también estuvo bajo su responsabilidad cuando ocupó la Secretaría de Gobernación.

El señalamiento abre un nuevo frente político en el Senado, donde la oposición exige explicaciones mientras Morena opta por cerrar filas. La denuncia en Estados Unidos eleva la disputa a un terreno internacional y plantea un dilema ético y jurídico: ¿puede la política mexicana seguir blindando a sus figuras más poderosas frente a acusaciones tan graves sin rendir cuentas claras?

La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi y transmitida por chinches conocidas como vinchucas, dejó de ser un problema ajeno a América Latina y se reconoce ahora como endémica en Estados Unidos. Un informe de los CDC advierte que la falta de vigilancia y diagnóstico temprano ha permitido que se propague silenciosamente en varios estados del sur y, con el cambio climático, incluso más al norte.

Aunque los síntomas iniciales son leves, hasta un 30 % de los infectados desarrolla complicaciones graves como insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares. Se estima que unas 280 mil personas en EE.UU. viven con la enfermedad, muchas sin saberlo. Casos en humanos ya han sido registrados en ocho estados, mientras que mamíferos silvestres y domésticos infectados se reportan en al menos 17.

Expertos subrayan que declarar al Chagas endémico sería un “cambio de juego”, al abrir la puerta a campañas de prevención, pruebas masivas y políticas públicas como las aplicadas en Chile, Bolivia o Argentina. Sin embargo, en EE.UU. los programas para controlar chinches son casi inexistentes. La urgencia es clara: sin acción coordinada, el costo humano y sanitario seguirá creciendo.

El “Taruk”, primer autobús eléctrico mexicano, ya generó interés en Estados Unidos, donde autoridades de Los Ángeles plantearon un pedido potencial de entre 10 mil y 20 mil unidades en los próximos dos años. El anuncio lo hizo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al presentar el Polo de Desarrollo Económico del Bienestar en Puebla, resaltando que se trata de una oportunidad histórica para consolidar la soberanía tecnológica del país.

El autobús, diseñado por Megaflux y DINA, cumple con el 75 por ciento de contenido nacional requerido por el T-MEC, aunque actualmente su capacidad de producción es de apenas dos mil unidades anuales, con planes de crecer a seis mil. El Gobierno de Puebla ya manifestó interés en adquirir veinte unidades para conectar zonas turísticas.

Ebrard subrayó que este proyecto se inscribe en una estrategia más amplia de innovación y seguridad tecnológica frente a la dependencia de Asia. El reto será responder a la demanda internacional con capacidad productiva y visión de largo plazo que consolide a México como potencia en electromovilidad.

El presidente ruso Vladimir Putin fue escoltado por cazas estadounidenses F-22 durante su regreso a Rusia después de la cumbre sostenida en Alaska con Donald Trump. El avión presidencial fue acompañado hasta la región de Chukotka, en el extremo oriental ruso, donde el mandatario inició actividades locales.

Ya en su país, Putin se reunió con el gobernador Vladislav Kuznetsov, quien subrayó que Chukotka ha ganado atractivo para la inversión privada. El encuentro sirvió también para revisar la situación social y económica de Siberia Oriental, en un contexto marcado por las tensiones internacionales y la presión militar en Europa del Este.

El gesto de Estados Unidos al resguardar la aeronave rusa resulta contradictorio frente a la posterior ofensiva de Moscú en Ucrania, con ataques masivos de drones y un misil. La escena revela la fragilidad de la diplomacia cuando la guerra dicta la agenda.

La idea de que Estados Unidos pueda “purgar” el sistema político mexicano o intervenir militarmente contra los cárteles ha ganado eco en ciertos sectores políticos y mediáticos, pero carece de viabilidad práctica y legal. Una operación de este tipo violaría de manera directa la soberanía nacional y el derecho internacional, además de provocar una reacción nacionalista que uniría incluso a facciones rivales contra la intromisión extranjera.

El problema central es la corrupción sistémica en México, que permea instituciones de seguridad, justicia y política. Una “limpieza” forzada no sería solo compleja de ejecutar, sino que podría derivar en un conflicto interno de gran escala, con riesgo de colapso del Estado o balcanización del territorio. Desde un punto de vista militar, implicaría control territorial de zonas productoras y rutas, equivalente a una ocupación prolongada.

El análisis apunta a que una estrategia más realista para debilitar a los cárteles está en la reforma del mercado de drogas en Estados Unidos. Experiencias como el fin de la prohibición del alcohol o la legalización del cannabis muestran que reducir el incentivo económico del crimen organizado es posible. Un mercado regulado podría disminuir de forma drástica los ingresos ilícitos que alimentan la corrupción y la violencia en México.

Finalmente, cualquier estrategia efectiva requeriría cooperación internacional entre países productores, de tránsito y consumidores. Mientras tanto, el combate unilateral de México contra los cárteles seguirá siendo limitado, más enfocado en mostrar resultados ante Washington que en un desmantelamiento total de las estructuras criminales. La intervención militar de EE.UU., lejos de resolver el problema, podría desencadenar consecuencias irreversibles para la estabilidad regional.