El futuro del TMEC se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Washington, Ottawa y Ciudad de México. Mientras Donald Trump mantiene su retórica de desdén hacia el acuerdo y amenaza con dinamitarlo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en su continuidad, consciente de que la integración económica de América del Norte es uno de los pilares de la estabilidad regional. En medio de este choque político, un actor inesperado emerge como aliado de México: las empresas estadounidenses instaladas en su territorio.

Sheinbaum subrayó esta semana que los mayores defensores del TMEC no son únicamente los sectores productivos mexicanos, sino las firmas norteamericanas con operaciones en la región. Desde plantas automotrices hasta farmacéuticas, la posición de la iniciativa privada quedó clara durante las audiencias celebradas por la Oficina del Representante Comercial de EE UU en diciembre, donde abogaron por la vigencia del acuerdo que respalda 13 millones de empleos estadounidenses y sostiene a más de 100.000 pequeñas y medianas empresas exportadoras.

Las empresas reconocen, sin embargo, que los tres países han incumplido partes del tratado. Críticos con México en áreas como energía, agricultura o comercio digital, coinciden en que cualquier revisión debe ofrecer certidumbre regulatoria y un proceso ordenado. Para ellas, el riesgo mayor no es el diferendo técnico, sino la incertidumbre generada por la retórica del propio Trump. Como explica Pedro Casas Alatriste, director de AmCham México, las voces empresariales estadounidenses se han convertido en una fuente clave de influencia para el presidente, especialmente bajo la lógica de America First.

En este contexto, México busca preservar los beneficios arancelarios del tratado y revertir los gravámenes sectoriales que afectan a las cadenas productivas regionales. Expertos como Luis de la Calle insisten en que los aranceles al acero, aluminio y cobre lastiman directamente al propio mercado estadounidense. La revisión del TMEC, programada para julio, pondrá a prueba la capacidad de los tres países para sostener más de tres décadas de integración. Y, en esta negociación, el peso del empresariado estadounidense podría ser decisivo para contener los impulsos disruptivos de Trump y asegurar la continuidad del acuerdo.

Las acciones recientes del Gobierno de Estados Unidos han marcado un cambio profundo en la forma en que Washington ejerce su influencia en el mundo. La operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro, la presión sobre territorios como Groenlandia y las exigencias energéticas dirigidas a Venezuela evidencian una doctrina de poder más directa, menos condicionada por mecanismos multilaterales y cada vez más respaldada por recursos militares y económicos. El desafío para el resto del mundo es cómo responder ante un uso del poder que busca imponer reglas sin intermediación.

Trump está por cumplir un año de su segundo mandato. En ese periodo, prácticas que parecían impensables hace pocos años se han convertido en instrumentos habituales de política exterior. La lógica de America First ha evolucionado hacia una política de acción expansiva en la que los intereses estratégicos de Estados Unidos se equiparan a decisiones unilaterales con impacto global. Este giro plantea interrogantes sobre los límites de la influencia estadounidense en un contexto de instituciones internacionales debilitadas.

La operación en Venezuela mostró el alcance de esa nueva estrategia. Más allá de la disputa energética, la acción tuvo un fuerte contenido simbólico: demostrar que Washington puede actuar sin responder ante organismos internacionales y sin esperar consensos diplomáticos. La reacción global fue limitada. Solo un grupo reducido de países, entre ellos México y España, expresó su preocupación mediante un comunicado. La ausencia de una respuesta internacional más contundente deja a Estados Unidos en posición de avanzar sin contrapesos significativos.

El avance de esta política se explica, en parte, por la falta de articulación de otros actores globales. Las principales potencias económicas han preferido absorber los costos y evitar confrontaciones abiertas. China, la Unión Europea y Japón han optado por acuerdos parciales que amortiguan impactos comerciales pero no cuestionan la lógica de fondo. La falta de un bloque que marque límites genera incentivos para que Washington continúe expandiendo su margen de acción.

La presión sobre Groenlandia podría ser el siguiente punto de quiebre. Varios países europeos ya discuten mecanismos para responder a una eventual acción estadounidense. Las represalias comerciales sobre sectores estratégicos de la economía norteamericana podrían ser el primer intento serio de establecer límites. No será un proceso sencillo, pero Europa cuenta con herramientas para hacerlo si decide asumir los costos políticos y económicos de una confrontación diplomática sostenida.

Para México, la situación es especialmente delicada. La cercanía geográfica y la interdependencia económica amplifican el impacto de cualquier cambio en la política de Washington. La revisión del T-MEC, la cooperación en seguridad y la estabilidad fronteriza forman parte de una agenda que exige prudencia y precisión diplomática. En este escenario, México enfrenta la presión de un país con capacidad para moldear su entorno inmediato mientras el resto del mundo decide cómo reaccionar ante este nuevo tipo de liderazgo estadounidense.

Los próximos meses serán decisivos. Si Europa logra contener la presión sobre Groenlandia, podría sentar un precedente importante. Si no lo hace, la tendencia marcará un periodo en el que la capacidad de reacción internacional será clave para definir hasta dónde pueden llegar las acciones estadounidenses. En cualquier caso, la región deberá prepararse para una etapa de tensiones sostenidas en la que la diplomacia y la coordinación serán más necesarias que nunca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que controlará los ingresos derivados de la venta de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que, según dijo, serán entregados por el gobierno interino de ese país. Señaló que los recursos se administrarán para beneficiar tanto a Venezuela como a Estados Unidos.

Trump indicó que el acuerdo permitiría exportaciones por hasta 2 mil millones de dólares y ayudaría a desviar suministros que actualmente se dirigen a China. También sostuvo que esta negociación busca aliviar presiones sobre la producción de PDVSA, en un contexto marcado por sanciones y restricciones a las exportaciones impuestas por Washington.

El mandatario reiteró que espera un acceso amplio de empresas estadunidenses al sector petrolero venezolano. Funcionarios de su gobierno afirmaron que la producción podría incrementarse rápidamente si se flexibilizan sanciones. Mientras tanto, analistas observan movimientos positivos en los bonos venezolanos ante las expectativas generadas por el anuncio.

La Comisión de Marina del Senado suspendió la reunión extraordinaria en la que se discutiría el ingreso de militares de Estados Unidos a México para capacitar a Fuerzas Armadas. La decisión se tomó en medio del ataque militar estadunidense contra Venezuela, por lo que la sesión quedó pospuesta sin una nueva fecha definida.

El dictamen contemplaba autorizar el ingreso de personal de Navy SEAL’s y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, quienes participarían en ejercicios de adiestramiento en instalaciones militares de Estado de México y Campeche, entre enero y abril de 2026. La solicitud también incluía el ingreso con armamento y aeronaves militares.

Asimismo, se suspendió el análisis del permiso para que tropas mexicanas participaran en ejercicios en Estados Unidos. El senador Alejandro Murat confirmó la cancelación de los trabajos legislativos, en un contexto marcado por la tensión internacional derivada de la intervención militar en Venezuela y sus implicaciones regionales.

La advertencia del presidente Donald Trump de iniciar operaciones terrestres contra supuestos narcotraficantes en América Latina marca una escalada inédita en su política de seguridad. Hasta ahora, la campaña letal de Washington se había concentrado en ataques marítimos que han dejado más de 80 muertos. Con su anuncio de que “cualquier país donde se produzcan drogas está sujeto a ataques”, el presidente abrió la posibilidad de incursiones en múltiples territorios, mencionando expresamente a Colombia y Venezuela.

El mensaje llega en un momento de fuerte presión interna para la Casa Blanca. En Washington crece el escrutinio sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, luego de revelaciones periodísticas que lo vinculan con órdenes para rematar sobrevivientes tras un ataque naval en el Caribe. Aunque Hegseth lo niega, calificando los reportes como “historias falsas”, legisladores demócratas han solicitado una supervisión estricta de las operaciones militares y han denunciado posibles violaciones graves al derecho internacional.

La reunión convocada por Trump con figuras de línea dura como Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, sugiere que la Administración busca cohesionar su narrativa y medir los costos de profundizar la militarización regional. Una intervención más agresiva podría imponer un enorme desgaste político en Estados Unidos, donde el rechazo ciudadano a una guerra con Venezuela supera el 70%, y donde republicanos y demócratas temen las implicaciones económicas y humanitarias de un conflicto de gran escala.

Mientras la Casa Blanca ensaya mensajes y evalúa escenarios, el resto del continente observa con inquietud la posibilidad de que la lucha antidrogas se utilice como pretexto para operaciones más amplias. Si ataques terrestres se normalizan como acciones “técnicas” o de “seguridad”, advierten especialistas, la región podría entrar en una etapa de inestabilidad sostenida con consecuencias profundas para su soberanía y su equilibrio político.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y senador, denunció a Adán Augusto López ante el Departamento del Tesoro, el FBI y la DEA por presuntos vínculos con el crimen organizado. En conferencia de prensa, afirmó que entregó información y documentos que lo señalan como integrante de la red denominada “Cártel de Macuspana”, junto con otros políticos de Morena y exfuncionarios federales.

La acusación se suma a las tensiones por el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, con quien López Hernández ha sido vinculado en informes de inteligencia de la Sedena. Moreno sostuvo que la protección de mandos navales para redes de huachicol también estuvo bajo su responsabilidad cuando ocupó la Secretaría de Gobernación.

El señalamiento abre un nuevo frente político en el Senado, donde la oposición exige explicaciones mientras Morena opta por cerrar filas. La denuncia en Estados Unidos eleva la disputa a un terreno internacional y plantea un dilema ético y jurídico: ¿puede la política mexicana seguir blindando a sus figuras más poderosas frente a acusaciones tan graves sin rendir cuentas claras?

La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi y transmitida por chinches conocidas como vinchucas, dejó de ser un problema ajeno a América Latina y se reconoce ahora como endémica en Estados Unidos. Un informe de los CDC advierte que la falta de vigilancia y diagnóstico temprano ha permitido que se propague silenciosamente en varios estados del sur y, con el cambio climático, incluso más al norte.

Aunque los síntomas iniciales son leves, hasta un 30 % de los infectados desarrolla complicaciones graves como insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares. Se estima que unas 280 mil personas en EE.UU. viven con la enfermedad, muchas sin saberlo. Casos en humanos ya han sido registrados en ocho estados, mientras que mamíferos silvestres y domésticos infectados se reportan en al menos 17.

Expertos subrayan que declarar al Chagas endémico sería un “cambio de juego”, al abrir la puerta a campañas de prevención, pruebas masivas y políticas públicas como las aplicadas en Chile, Bolivia o Argentina. Sin embargo, en EE.UU. los programas para controlar chinches son casi inexistentes. La urgencia es clara: sin acción coordinada, el costo humano y sanitario seguirá creciendo.

El “Taruk”, primer autobús eléctrico mexicano, ya generó interés en Estados Unidos, donde autoridades de Los Ángeles plantearon un pedido potencial de entre 10 mil y 20 mil unidades en los próximos dos años. El anuncio lo hizo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al presentar el Polo de Desarrollo Económico del Bienestar en Puebla, resaltando que se trata de una oportunidad histórica para consolidar la soberanía tecnológica del país.

El autobús, diseñado por Megaflux y DINA, cumple con el 75 por ciento de contenido nacional requerido por el T-MEC, aunque actualmente su capacidad de producción es de apenas dos mil unidades anuales, con planes de crecer a seis mil. El Gobierno de Puebla ya manifestó interés en adquirir veinte unidades para conectar zonas turísticas.

Ebrard subrayó que este proyecto se inscribe en una estrategia más amplia de innovación y seguridad tecnológica frente a la dependencia de Asia. El reto será responder a la demanda internacional con capacidad productiva y visión de largo plazo que consolide a México como potencia en electromovilidad.

El presidente ruso Vladimir Putin fue escoltado por cazas estadounidenses F-22 durante su regreso a Rusia después de la cumbre sostenida en Alaska con Donald Trump. El avión presidencial fue acompañado hasta la región de Chukotka, en el extremo oriental ruso, donde el mandatario inició actividades locales.

Ya en su país, Putin se reunió con el gobernador Vladislav Kuznetsov, quien subrayó que Chukotka ha ganado atractivo para la inversión privada. El encuentro sirvió también para revisar la situación social y económica de Siberia Oriental, en un contexto marcado por las tensiones internacionales y la presión militar en Europa del Este.

El gesto de Estados Unidos al resguardar la aeronave rusa resulta contradictorio frente a la posterior ofensiva de Moscú en Ucrania, con ataques masivos de drones y un misil. La escena revela la fragilidad de la diplomacia cuando la guerra dicta la agenda.

La idea de que Estados Unidos pueda “purgar” el sistema político mexicano o intervenir militarmente contra los cárteles ha ganado eco en ciertos sectores políticos y mediáticos, pero carece de viabilidad práctica y legal. Una operación de este tipo violaría de manera directa la soberanía nacional y el derecho internacional, además de provocar una reacción nacionalista que uniría incluso a facciones rivales contra la intromisión extranjera.

El problema central es la corrupción sistémica en México, que permea instituciones de seguridad, justicia y política. Una “limpieza” forzada no sería solo compleja de ejecutar, sino que podría derivar en un conflicto interno de gran escala, con riesgo de colapso del Estado o balcanización del territorio. Desde un punto de vista militar, implicaría control territorial de zonas productoras y rutas, equivalente a una ocupación prolongada.

El análisis apunta a que una estrategia más realista para debilitar a los cárteles está en la reforma del mercado de drogas en Estados Unidos. Experiencias como el fin de la prohibición del alcohol o la legalización del cannabis muestran que reducir el incentivo económico del crimen organizado es posible. Un mercado regulado podría disminuir de forma drástica los ingresos ilícitos que alimentan la corrupción y la violencia en México.

Finalmente, cualquier estrategia efectiva requeriría cooperación internacional entre países productores, de tránsito y consumidores. Mientras tanto, el combate unilateral de México contra los cárteles seguirá siendo limitado, más enfocado en mostrar resultados ante Washington que en un desmantelamiento total de las estructuras criminales. La intervención militar de EE.UU., lejos de resolver el problema, podría desencadenar consecuencias irreversibles para la estabilidad regional.