El segundo mandato de Donald Trump cumple un año envuelto en una mezcla de vértigo político y agotamiento social. La sensación dominante, dentro y fuera de Estados Unidos, es la de haber transitado doce meses en los que las reglas que antes parecían inamovibles se deshicieron al ritmo de un presidente que gobierna desde el impulso, la confrontación y un afán personalista que ha permeado todas las instituciones. Lo que comenzó el 20 de enero de 2025, con un regreso improbable después de haber negado su derrota electoral cuatro años antes, terminó convirtiéndose en una prueba constante para el sistema democrático estadounidense y un foco de inestabilidad global.

La primera señal del rumbo que tomaría su gobierno llegó el mismo día de su investidura, cuando indultó a más de un millar de participantes en el asalto al Capitolio. Luego vinieron decisiones simbólicas —pero reveladoras del tono del nuevo mandato— y otras de profundo calado: despidos masivos en la burocracia federal, recortes abruptos a programas internacionales, presiones incesantes sobre la Reserva Federal y el uso de aranceles como arma política. Para un sector de la población, ese estilo representaba la promesa cumplida de “sacudir” Washington. Para el resto del país, significó la confirmación de que la presidencia se movía al ritmo de un líder empeñado en borrar límites institucionales.

En el frente interno, la tensión alcanzó un punto crítico con el asesinato de Renee Good en Minneapolis a manos de un agente federal. La respuesta de la Casa Blanca, minimizando el hecho como un acto “en defensa propia”, avivó el debate sobre la instrumentalización política de las fuerzas de seguridad. Simultáneamente, la política migratoria marcó un antes y un después: deportaciones masivas, detenciones indiscriminadas y redadas que llevaron a miles de ciudadanos a cargar su pasaporte para evitar ser confundidos con migrantes irregulares. Más de 600.000 personas fueron expulsadas en un año, mientras otras dos millones dejaron el país por miedo o agotamiento.

La escena internacional tampoco quedó al margen. Aunque Trump había prometido reducir el papel de Estados Unidos como gendarme global, su primer año estuvo marcado por decisiones que reforzaron la presencia militar. Ordenó bombardeos en Oriente Medio, tensó los vínculos con Europa y ejecutó la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Caracas, un movimiento que alteró por completo el equilibrio regional. La atención mundial se desplaza ahora hacia sus amenazas contra Irán y hacia la disputa por Groenlandia, convertida en un símbolo de su visión geopolítica: maximalista, impredecible y diseñada para mover la conversación pública lejos de sus frentes internos.

A lo largo del año, la Casa Blanca se transformó también en un escenario de extravagancias diplomáticas y maniobras de control narrativo. Trump ha recibido desde honores simbólicos hasta regalos que buscan congraciarse con su vanidad política. Ha impulsado la construcción de un salón de baile en la residencia presidencial, rebautizado espacios públicos y tratado con insistencia de ser considerado candidato al Nobel de la Paz. Cada episodio alimenta la sensación de que la política estadounidense opera, hoy más que nunca, bajo una lógica de espectáculo continuo.

El segundo año del mandato arranca con desafíos ineludibles. En noviembre se celebrarán las elecciones de medio término, decisivas para definir si el Congreso seguirá funcionando como un dique débil ante su agenda o si la oposición recuperará un espacio que le permita restablecer ciertos contrapesos. Trump ha insinuado que quizá esos comicios “no deberían celebrarse”, comentario que la Casa Blanca matizó como una broma, pero que se suma a un patrón inquietante en su relación con las normas democráticas.

Mientras el país se prepara para conmemorar los 250 años de su independencia, la pregunta que atraviesa cada conversación política es si la fractura social y la erosión institucional pueden revertirse o si este año ha marcado un punto de no retorno. Para una parte considerable de la ciudadanía, la democracia estadounidense ha entrado en territorio desconocido. Para otra, Trump encarna la única respuesta posible ante un sistema que consideran agotado. Lo que está claro es que, tras doce meses de sobresaltos, el mundo observa a Washington con una mezcla de desconcierto y cautela. Y que los meses por venir, lejos de ofrecer estabilidad, prometen ser igual de intensos.

Cuando Estados Unidos elevó la voz en 2020 por el avance del fentanilo en su territorio, la Casa Blanca identificó a los carteles mexicanos como el eslabón clave de la crisis. Cinco años después, con Donald Trump nuevamente en la presidencia y bajo una presión inédita sobre su vecino del sur, los datos cuentan una historia distinta: la campaña mexicana contra los opioides sintéticos no solo se ha intensificado, sino que ha comenzado a alterar la tendencia que durante años parecía irreversible. Tras una década en ascenso, el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense se ha reducido de forma drástica y las muertes por sobredosis muestran un retroceso que no se veía en mucho tiempo.

Desde la transición entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, el Gobierno mexicano apostó por una estrategia que rompiera con el paradigma de contención y patrullaje. Con la llamada Operación Frontera Norte —impulsada como respuesta a las exigencias de Trump de mostrar “resultados verificables”—, México dio paso a una ofensiva centrada en inteligencia, destrucción de laboratorios, incautaciones masivas y golpes quirúrgicos contra la estructura de los carteles. El movimiento incluyó un componente político delicado: aceptar una cooperación más estrecha en seguridad a cambio de moderar las amenazas arancelarias que la nueva Administración estadounidense colocó sobre la mesa desde su primer día.

El cambio fue inmediato. En el primer año de Gobierno de Sheinbaum, las fuerzas federales mexicanas aseguraron 1,8 toneladas de fentanilo, desmantelaron cerca de 1.900 laboratorios y detuvieron a más de 40.000 personas vinculadas con el crimen organizado. Entre los capturados figuran operadores centrales de los dos grupos que dominan el tráfico de drogas sintéticas: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Paralelamente, México extraditó a Estados Unidos a figuras de alto perfil cuyas operaciones mantenían redes activas incluso desde prisión.

Las cifras militares son contundentes. El Ejército decomisó en 2025 alrededor de 560 kilos de fentanilo, un aumento de más del 60% respecto al año anterior. Los aseguramientos de metanfetamina, heroína y goma de opio crecieron en proporciones todavía mayores. La Marina protagonizó uno de los golpes más significativos: la incautación de 1,5 toneladas de fentanilo a finales de 2024, el mayor cargamento interceptado en la historia reciente.

En Estados Unidos, los efectos comenzaron a sentirse del otro lado de la frontera. La CBP reportó una caída del 52% en las incautaciones de fentanilo en 2025 en comparación con el año previo. Aunque aún es una cifra considerable, representa el desplome más pronunciado desde que el opioide se instaló como la mayor amenaza sanitaria del país. También disminuyeron las confiscaciones de cocaína, mientras que las de metanfetamina registraron un leve repunte. La tendencia más significativa, sin embargo, está en los datos de salud pública: en 2024 murieron por sobredosis de fentanilo 47.735 personas, casi un 35% menos que en 2022, el peor año de la crisis. Esa reducción interanual no se veía desde 2019.

La política migratoria mexicana también experimentó un giro decisivo. Bajo la lógica del acuerdo con la Casa Blanca, Sheinbaum ordenó desplegar a 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la franja fronteriza para cortar el paso tanto a drogas como a migrantes irregulares. El resultado fue una caída del 95% en las detenciones dentro de territorio mexicano. Los registros estadounidenses reflejan un fenómeno similar: los arrestos en la frontera pasaron de casi 38.000 en 2024 a apenas 4.300 en 2025.

El descenso de la violencia en México acompaña estos cambios. Tras años de cifras que parecían haberse estancado en niveles críticos, 2025 cerró con 22.415 homicidios dolosos, la cifra más baja desde 2015. Aunque múltiples factores inciden en el fenómeno, el Gobierno atribuye buena parte de la disminución al desmantelamiento de estructuras criminales enfocadas en la producción y distribución de drogas sintéticas.

Este giro contrasta con la estrategia de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior. Mientras López Obrador privilegiaba la contención para evitar confrontaciones directas con los carteles, Sheinbaum ha apostado por la fuerza selectiva guiada por inteligencia. La coordinación entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía —bajo el liderazgo operativo de Omar García Harfuch— ha permitido cerrar circuitos que antes permanecían intactos. Cada operación se comunica al detalle en conferencias diarias, un intento deliberado de construir narrativa pública y posicionarse frente a Washington.

Aun así, la respuesta del Gobierno estadounidense ha sido ambivalente. La Casa Blanca reconoció “avances”, pero calificó los progresos como “insuficientes”. Trump insiste en que la raíz del problema está en México, mientras que la presidenta mexicana le ha recordado públicamente que Estados Unidos no ha atacado con la misma contundencia a las redes de distribución, lavado de dinero y adicción que alimentan su propia crisis. Tanto en privado como en público, Sheinbaum ha subrayado que ningún esfuerzo será sostenible si el país consumidor no atiende el corazón del problema dentro de sus fronteras.

Con el tráfico de fentanilo a la baja, la migración reducida y la violencia replanteada, México llega a 2026 con indicadores que, por primera vez en mucho tiempo, dibujan un horizonte distinto. Pero el entorno político bilateral sigue cargado de tensiones. Mientras Trump hace del combate al narcotráfico un eje de su narrativa electoral, México insiste en que la cooperación, y no la intervención, debe ser la lógica dominante. La pregunta central es si estos resultados —que objetivamente favorecen a ambos países— bastarán para contener las presiones de la Casa Blanca en un año que promete más confrontación que calma.

Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la opositora venezolana María Corina Machado, quien le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz obtenido recientemente. El encuentro se realizó sin protocolo oficial y, además, fue presentado por Machado como un reconocimiento político a la actuación del mandatario estadunidense.

Machado ingresó por una puerta lateral y sin ceremonia formal, y posteriormente calificó la reunión como excelente. Trump agradeció el gesto en redes sociales y afirmó que recibir la medalla fue un honor. Sin embargo, analistas consideran que la opositora busca posicionarse ante Washington en la coyuntura venezolana actual política.

El Instituto Nobel recordó que el premio no es transferible ni revocable, por lo que continúa perteneciendo a Machado. Mientras tanto, la Casa Blanca reiteró que Trump mantiene una evaluación cautelosa sobre el liderazgo opositor venezolano. Finalmente, se difundió una imagen oficial del encuentro como cierre simbólico del acto diplomático.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es irrelevante para su país. Durante un recorrido por una planta de Ford en Michigan, sostuvo que el acuerdo no ofrece ventajas reales a la economía estadounidense y reiteró su intención de atraer la manufactura de regreso a territorio nacional.

Trump señaló que Estados Unidos no necesita productos fabricados en México ni en Canadá y que su prioridad es producir automóviles y otros bienes dentro del país. Recordó que el T-MEC, vigente desde 2020 y negociado durante su primer mandato, será revisado este año, con la posibilidad de ser sustituido por acuerdos bilaterales.

Pese a los dichos del mandatario, los datos oficiales muestran una profunda integración económica regional. México se mantiene como principal socio comercial de Estados Unidos, con exportaciones récord y un comercio bilateral que representa más del 15 por ciento del intercambio total estadounidense, reflejando la relevancia práctica del acuerdo comercial vigente.

El clima político en Estados Unidos ha entrado en una fase de máxima tensión. Tras intervenir en Venezuela y lanzar advertencias sobre Groenlandia y acciones armadas en México, Donald Trump ha acelerado un ciclo de decisiones que erosiona el orden internacional y revive viejas formas de dominación geopolítica. Organismos multilaterales como la ONU y la OTAN lucen incapaces de contener esta deriva, mientras Europa enfrenta la posibilidad de que una crisis en el Ártico fracture su principal alianza defensiva.

En este contexto surge la pregunta central: ¿quién puede frenar a Trump? La diplomacia ha logrado pequeños contenciones, como ocurrió con el presidente Petro en Colombia o con Claudia Sheinbaum en México, quien buscó desescalar tensiones destacando la cooperación bilateral. Pero la eficacia de los llamados diplomáticos disminuye cuando la política exterior de Washington se alinea con la lógica interna del trumpismo, cada vez más desconectada de los contrapesos tradicionales y orientada a demostrar poder antes que a administrar estabilidad.

Por ello, el verdadero freno podría provenir del interior del propio país. El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará elecciones de medio término que funcionarán como un plebiscito nacional sobre el segundo mandato no consecutivo de Trump. Más que una renovación legislativa, será una decisión sobre el modelo de gobierno que el presidente intenta consolidar y sobre su capacidad de moldear la política exterior sin resistencias. El control del Congreso y de 39 gubernaturas definirá si Trump gobierna con margen para profundizar su agenda o si enfrenta un contrapeso institucional capaz de limitarlo.

El escenario interno es convulso. La aprobación presidencial está por debajo del cincuenta por ciento y el país se encuentra conmocionado por el asesinato de Renee Good en Mineápolis, una observadora civil muerta por un agente migratorio en un episodio que ha despertado paralelos con el caso Floyd y reactivado protestas. La respuesta oficial, lejos de apaciguar la indignación, ha alimentado una narrativa de impunidad que polariza aún más a la sociedad y se entrelaza con la campaña electoral. En paralelo, candidatos demócratas buscan capitalizar el clima de hartazgo, mientras el gerrymandering y la segregación política reducen la posibilidad de alternancia.

Los meses previos a la elección pueden convertirse en el periodo más riesgoso para la estabilidad global. Trump enfrenta incentivos claros para recurrir a decisiones de alto impacto con el fin de recuperar popularidad y apuntalar a sus candidatos: medidas migratorias drásticas, choques comerciales, escalamientos retóricos o acciones militares que proyecten control inmediato. El riesgo creciente es que la política interior de Estados Unidos se convierta en el motor principal de la inestabilidad internacional.

La ofensiva verbal de Donald Trump reabrió un viejo reflejo dentro de Morena: la activación de su estructura territorial para marcar postura política y mostrar respaldo al Gobierno. Durante el fin de semana, el partido organizó más de 300 “Jornadas por la Soberanía” en todo el país, con el objetivo de reivindicar la autodeterminación nacional tras las advertencias del mandatario estadounidense sobre una posible operación contra cárteles en territorio mexicano.

El tono de los encuentros fue firme. Legisladores y dirigentes insistieron en que la amenaza proveniente de Washington no puede normalizarse y acusaron a la oposición de avalar, por omisión o entusiasmo, escenarios que comprometen la soberanía. La narrativa interna presentó tal respaldo a Trump como una forma de oportunismo político en un contexto de tensión internacional. No es la primera vez que Morena recurre a este tipo de asambleas. En años recientes, el partido las ha utilizado para defender reformas, promover consultas populares y consolidar su presencia territorial.

La estructura movilizada este fin de semana es la misma que en 2021 impulsó la consulta sobre el juicio a expresidentes y la revocación de mandato. También es la que en 2022 buscó apuntalar la reforma electoral y la que en 2024 promovió el cambio constitucional que modificó la integración del Poder Judicial. Más allá de su contenido coyuntural, estas movilizaciones funcionan como mecanismos de cohesión interna y de reafirmación identitaria en momentos de presión política.

El detonante actual fue la declaración del presidente Trump, quien afirmó en una entrevista que iniciará ataques terrestres contra cárteles sin precisar límites geográficos. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con cautela y firmeza. Tras una llamada con el mandatario estadounidense, informó que rechazó cualquier oferta que pudiera interpretarse como injerencia y subrayó que una intervención militar no es una posibilidad aceptable. Para el Gobierno mexicano, el equilibrio entre cooperación en seguridad y respeto soberano es la línea que debe sostenerse con claridad.

En ese marco, la activación de las bases de Morena busca enviar un mensaje político hacia fuera y hacia dentro: el partido oficialista considera que la presión externa exige unidad, prudencia y una defensa explícita de la soberanía, especialmente en un escenario hemisférico marcado por la reciente intervención estadounidense en Venezuela. Por ahora, la estrategia apunta a blindar políticamente a la presidenta y a reforzar la narrativa de que México no puede ser tratado como un territorio disponible para acciones unilaterales.

La operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro volvió a colocar en el centro del debate una constante histórica que Estados Unidos jamás ha abandonado del todo: su impulso imperial en América Latina. Aunque en ocasiones su presidencia parece caótica, el segundo mandato de Donald Trump ha demostrado una fidelidad sorprendente a esa tradición. Al invocar explícitamente la Doctrina Monroe para justificar la intervención en Venezuela, el mandatario no solo habló claro sobre sus intenciones; también reactivó una lógica que ha guiado a Washington desde el siglo XIX.

Trump suele mentir con facilidad, pero a veces —y de manera estridente— dice la verdad. Cuando repite que lo único que le interesa de Venezuela es su petróleo, cuando anuncia sin ambages planes neoimperialistas o cuando amenazó con convertir a México y Canadá en estados de la Unión, no se trata de desvaríos improvisados. Su administración ha buscado deliberadamente reabrir los marcos ideológicos que legitimaron las intervenciones estadounidenses entre 1898 y 1933, periodo durante el cual la Doctrina Monroe evolucionó de mecanismo defensivo a justificación colonial.

La operación en Caracas, comparable solo con la captura de Manuel Noriega en 1989, marca un punto de inflexión. A diferencia de su gobierno anterior, más errático y reactivo, Trump ha logrado insertarse sin pudor en los patrones más clásicos del intervencionismo estadounidense. Su reciente Estrategia de Seguridad Nacional formaliza esta visión: un documento que declara la intención de “reafirmar y aplicar” la doctrina monroísta y que algunos analistas ya llaman el “Corolario Trump”. El presidente, siempre deseoso de sellar su marca, bautizó incluso su propia doctrina, la “Donroe”, que en esencia libera al imperialismo estadounidense de las limitaciones jurídicas y normativas de la posguerra.

El paralelismo con los presidentes William McKinley y Theodore Roosevelt es evidente. McKinley inauguró la expansión global de Estados Unidos tras derrotar a España; Roosevelt, con su famoso corolario, convirtió la intervención en el Caribe y Centroamérica en rutina. La amenaza reciente de extender la presión militar a Cuba confirma que Trump se inscribe en esa genealogía. Lejos de representar una ruptura, su administración actualiza una tradición centenaria de control hemisférico.

La narrativa que presenta a Trump como una anomalía —como un paréntesis fascistoide en la historia estadounidense— pierde fuerza a la luz de estos hechos. Lo que el episodio venezolano revela es que el magnate neoyorquino no opera fuera de la historia, sino desde su continuidad más cruda. Trump no inventó el intervencionismo: lo despojó de sus filtros diplomáticos y lo devolvió a su forma original, sin disimulos y sin pretensiones moralizantes.

El secuestro de Maduro exhibe, en suma, la verdadera naturaleza del trumpismo en política exterior. No es aislamiento ni excepcionalidad, sino una versión explícita, acelerada y orgullosa del viejo impulso imperial de Estados Unidos. Una doctrina personal que, al final, no es tan nueva: solo más honesta respecto a lo que siempre ha sido el poder estadounidense en la región.

México cierra una semana marcada por esfuerzos diplomáticos intensificados para subrayar su soberanía ante un clima internacional alterado por las decisiones del Gobierno de Estados Unidos. La captura de Nicolás Maduro en un operativo dirigido desde Washington reactivó temores sobre posibles acciones unilaterales en otros países de la región, incluidos los escenarios que el propio presidente Donald Trump ha insinuado respecto a territorio mexicano. Pese a ello, integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum aseguran que la coordinación bilateral en seguridad ha avanzado y que los resultados obtenidos representan un argumento sólido para disuadir cualquier intento de intervención.

Sheinbaum ha insistido en público que la relación con Washington atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de cooperación. Sin minimizar las declaraciones del presidente estadounidense, la mandataria busca encauzar el debate hacia los mecanismos institucionales que rigen la colaboración bilateral. Mientras Trump sostiene recurrentemente que los cárteles controlan México, el Gobierno mexicano intenta colocar sobre la mesa indicadores verificables de cooperación, operaciones conjuntas y extradiciones que, según sus funcionarios, han contribuido a contener la violencia y a reducir la presencia de redes criminales transnacionales.

Paralelamente, existe una estrategia silenciosa destinada a explicar en Washington las limitaciones constitucionales y operativas del Estado mexicano. Interlocutores de alto nivel se han desplegado para disuadir a funcionarios estadounidenses partidarios de “acciones directas” en territorio mexicano, recordando que cualquier respuesta debe ajustarse al marco jurídico y a la convivencia bilateral construida durante décadas. En este punto, México ha subrayado ejemplos recientes, como la neutralización y captura de los Inzunza en Sinaloa, prioridad para las agencias estadounidenses en la lucha contra el fentanilo.

La cooperación también ha generado beneficios concretos para ambos países. Casos recientes citados por funcionarios mexicanos muestran que operaciones atribuidas al FBI en realidad contaron con la participación central de fiscalías y agencias mexicanas, lo que refuerza el argumento de que la colaboración vigente produce resultados. A esto se suman las entregas de figuras relevantes del narcotráfico que, según fuentes federales, han tenido efectos inmediatos en la disminución de homicidios y extorsiones. La agenda futura incluye objetivos de alto perfil para ambos gobiernos, entre ellos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y descendientes de Joaquín Guzmán Loera. En este escenario, México busca dejar claro que la estrategia de seguridad es binacional y que cualquier avance se construye desde la cooperación, no desde la imposición unilateral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno iniciará ataques por tierra contra cárteles, al asegurar que controlan México. En entrevistas con medios estadounidenses, sostuvo que no necesita el derecho internacional para actuar y defendió su estrategia militar para frenar el tráfico de drogas hacia su país.

Trump reiteró que su administración ha reducido el ingreso de drogas por vía marítima y elogió recientes operaciones militares, incluida la intervención en Venezuela. Sin presentar pruebas, afirmó que las drogas causan cientos de miles de muertes anuales y justificó el uso de la fuerza como medida necesaria para proteger la seguridad nacional estadounidense.

Además, el mandatario defendió la expansión de la presencia militar de Estados Unidos en la región y desestimó críticas internacionales. Señaló que su política no sienta precedentes globales y advirtió sobre posibles acciones contra otros países. Las declaraciones generaron preocupación regional por su impacto en la soberanía y la estabilidad hemisférica futura.

Estados Unidos incautó en aguas internacionales dos petroleros sancionados presuntamente vinculados a Venezuela, en operaciones realizadas en el Atlántico Norte y el Caribe. Funcionarios señalaron que las acciones buscan reforzar el control sobre el crudo venezolano, en el marco del acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump para canalizar exportaciones hacia Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el petróleo decomisado se integrará al convenio que prevé la entrega de hasta 50 millones de barriles a Estados Unidos. Paralelamente, la Casa Blanca informó que se retiraron de forma selectiva algunas sanciones al sector petrolero venezolano para facilitar la venta del crudo bajo supervisión estadunidense.

Autoridades militares confirmaron que los buques interceptados se suman a otras incautaciones recientes. Reino Unido apoyó una de las operaciones, al considerar que las naves violaban sanciones internacionales. Analistas señalan que estas medidas refuerzan la presión de Washington sobre Caracas y buscan influir en el mercado energético global mediante el control de suministros petroleros estratégicos.