El gobierno de Estados Unidos revocó una norma que desde 1997 permitía a migrantes indocumentados acceder a programas de educación técnica, profesional y para adultos. El Departamento de Educación anunció que los fondos públicos quedarán reservados exclusivamente para ciudadanos o personas con estatus migratorio legal.

La secretaria Linda McMahon argumentó que la norma violaba la ley PRWORA, que limita beneficios federales a ciudadanos y residentes permanentes. A partir de agosto, se aplicará esta nueva interpretación, excluyendo también a migrantes de préstamos estudiantiles y becas como las Pell.

El gobierno de Trump también canceló 7 mil millones de dólares en subvenciones para enseñanza de inglés, acusando su uso político. Además, ha iniciado acciones legales contra estados que ofrecen matrícula reducida a migrantes, en su estrategia por restringir el acceso a la educación pública.

Donald Trump anunció un arancel del 50% a todas las importaciones provenientes de Brasil a partir del 1º de agosto. La medida llega tras un enfrentamiento verbal con Lula da Silva durante la cumbre del BRICS, donde el mandatario brasileño rechazó las amenazas de Washington y defendió la soberanía de su país.

Trump argumentó que la sanción responde al trato judicial hacia Jair Bolsonaro, expresidente brasileño. Lula replicó que se activará la ley de reciprocidad económica para suspender acuerdos con Estados Unidos, y defendió la independencia de las instituciones de Brasil.

El comercio bilateral alcanzó 41 mil millones de dólares en la primera mitad de 2025. Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, por lo que el arancel, criticado por la industria brasileña como “arbitrario”, podría tener impactos económicos significativos y tensar aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Tras su segundo encuentro en dos días con el presidente Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reafirmó que Israel no cesará su ofensiva en Gaza hasta cumplir todos sus objetivos. En un videomensaje, aseguró que la presión militar se mantiene gracias a “los heroicos soldados”, aunque reconoció el alto costo humano para su país.

Netanyahu reiteró que su meta es liberar a todos los rehenes israelíes y eliminar por completo la capacidad militar y de gobierno de Hamás. Afirmó que esa determinación no disminuirá, pese a las pérdidas sufridas.

El mandatario también informó que, junto con Trump y el secretario Vance, discutió los escenarios estratégicos tras el conflicto con Irán, el cual ha incluido ataques conjuntos a instalaciones nucleares. El respaldo estadounidense consolida el enfoque militar de Israel, en un momento donde la región permanece en alta tensión y sin un horizonte claro de desescalada.

El 7 de julio, el presidente Donald Trump recibió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. En este encuentro clave, el mandatario estadounidense presionó por un alto el fuego de 60 días en Gaza y la liberación de los rehenes aún retenidos por Hamás.

Además, ambos líderes abordaron la situación en Irán y Siria, así como posibles iniciativas de normalización regional. Por otra parte, destacaron el rol de Catar y Egipto como mediadores de las conversaciones indirectas en Doha.

Sin embargo, persisten dudas sobre la implementación de los acuerdos y la resistencia de sectores duros en el gobierno israelí. No obstante, esta tercera visita de Netanyahu a Washington tras el regreso de Trump ilustra la complejidad de buscar la paz en Oriente Medio. Esta cumbre invita a cuestionar la viabilidad de los compromisos alcanzados y su impacto real en la población civil.

La nueva versión del megaproyecto presupuestal de Trump recorta nuevamente el polémico impuesto a las remesas enviadas al extranjero, que inicialmente buscaba gravar con hasta 10% los envíos desde Estados Unidos. Ahora, el gravamen sería de apenas 1.5% y se limitaría a países sin tratados bilaterales de seguridad fronteriza.

La medida, que generó fuerte oposición entre legisladores demócratas y organizaciones migrantes, ha sido suavizada para lograr mayor respaldo en el Congreso. Aun así, críticos advierten que sigue afectando desproporcionadamente a comunidades latinas que envían dinero a sus familias, especialmente en México y Centroamérica.

El megaproyecto aún debe ser votado, pero sugiere que el equipo de Trump busca avanzar su agenda restrictiva sin arriesgar el equilibrio legislativo. Aunque la tasa es menor, el impuesto sigue cargado de simbolismo: penalizar el vínculo financiero entre migrantes y sus países de origen.

Durante la cumbre del G7 en Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump, en la que ambos coincidieron en avanzar hacia un acuerdo global en temas prioritarios para ambas naciones.

La charla se dio tras la salida anticipada del mandatario estadounidense por la crisis en Medio Oriente, lo que canceló su encuentro bilateral presencial con Sheinbaum. Sin embargo, la presidenta consideró el diálogo como “muy bueno” y afirmó que ya hubo avances significativos.

Aunque no se detallaron los puntos del acuerdo, se abre una nueva etapa de interlocución directa. La diplomacia entre gobiernos requiere resultados, no sólo gestos cordiales. Habrá que ver si este acuerdo avanza más allá del discurso.

El gobierno de Donald Trump anunció que pagará mil dólares a inmigrantes indocumentados que se autodeporten voluntariamente mediante la aplicación oficial de la CBP. El estímulo se entregará una vez comprobado el regreso del solicitante a su país de origen, y busca reducir los costos asociados a detención y deportación forzada.

El Departamento de Seguridad Interior aseguró que este programa puede disminuir el gasto en deportaciones hasta en un 70%. Según sus cifras, deportar forzosamente a una persona cuesta más de 17 mil dólares. Trump advirtió que quienes no salgan voluntariamente serán perseguidos, detenidos y criminalizados.

Organizaciones civiles han denunciado que este mecanismo es una trampa disfrazada de “apoyo humanitario”, cuyo verdadero objetivo es inflar las cifras de expulsión. Bajo una narrativa de ahorro y seguridad, el gobierno estadounidense avanza en su promesa de deportaciones masivas, reforzando políticas que criminalizan la migración y el derecho al refugio.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que busca evitar desencuentros con Donald Trump, tras las declaraciones del mandatario estadounidense, quien la acusó de temer a los cárteles y negarse a aceptar apoyo militar. La mandataria aseguró que mantiene una comunicación fluida con Trump y que las diferencias se han tratado en llamadas privadas, no en medios.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que Trump le ofreció enviar tropas a México para combatir al narcotráfico, propuesta que rechazó en defensa de la soberanía nacional. Aseguró que existen otras formas de cooperación bilateral, como detener el tráfico de armas hacia México, un punto que Trump también habría reconocido recientemente.

El intercambio revela las tensiones subyacentes entre ambos gobiernos respecto a la estrategia de seguridad. Más allá del tono conciliador de Sheinbaum, el dilema sigue siendo si México tiene la capacidad real de contener al crimen organizado sin ceder terreno a una injerencia extranjera cada vez más insistente.

El Ejército de Estados Unidos analiza realizar un desfile militar el 14 de junio, fecha que coincide con el 250 aniversario del cuerpo armado y el cumpleaños del presidente Donald Trump. Según documentos internos, el evento incluiría más de seis mil soldados, tanques, vehículos blindados y exhibiciones aéreas.

Aunque aún no está aprobado oficialmente, el desfile ha sido una aspiración recurrente de Trump desde su primer mandato, cuando fue cancelado por su alto costo. La Casa Blanca y el Ejército han evitado confirmar detalles, pero ya se han presentado solicitudes para considerarlo un evento de seguridad nacional especial.

La magnitud del despliegue ha generado críticas por su costo y simbolismo. Mientras el gobierno lo promueve como un homenaje patriótico, voces ciudadanas y autoridades locales advierten sobre el uso político del Ejército y los riesgos logísticos.

Donald Trump anunció este 1 de mayo que Marco Rubio será su nuevo asesor interino de seguridad nacional, mientras mantiene su puesto como Secretario de Estado. También confirmó la nominación de Mike Waltz como embajador ante la ONU. Ambos perfiles han sido cercanos al presidente en temas de política exterior y defensa.

Waltz, excongresista y veterano de guerra, fue elogiado por Trump por su “compromiso con los intereses de la nación” desde distintos frentes, incluido su papel como asesor de seguridad nacional en años previos. Rubio, por su parte, sumará responsabilidades en un contexto internacional marcado por tensiones con Irán, Rusia y China.

Si bien estos nombramientos buscan proyectar continuidad y control, preocupan por el poder concentrado en figuras sin contrapesos claros. La politización de la seguridad nacional en momentos electorales podría priorizar los intereses partidistas sobre las necesidades globales.