Senadores de Morena condenaron el endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump, al considerar que criminaliza a trabajadores indocumentados y vulnera derechos humanos. Legisladores advirtieron sobre el uso de cazarecompensas y centros de confinamiento, prácticas que calificaron como inhumanas y contrarias a tratados internacionales vigentes firmados por Estados Unidos.

El senador Manuel Huerta afirmó que el Senado debe actuar junto con el Ejecutivo para orientar y proteger a los mexicanos en Estados Unidos. Señaló que las medidas anunciadas implican riesgos mayores para los migrantes, quienes enfrentarán mayor persecución por parte de agentes migratorios incentivados con recompensas económicas adicionales.

Por su parte, la senadora Guadalupe Chavira pidió reforzar la defensa legal desde los consulados y llevar el tema a foros internacionales. Subrayó que los migrantes contribuyen de forma decisiva a la economía estadunidense y recordó que la aportación de mexicanos al PIB de ese país asciende a cientos de miles de millones de dólares anuales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al gobierno de Venezuela como “organización terrorista extranjera” y anunció un bloqueo total a los petroleros que entren o salgan del país. Acusó al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales con petróleo “robado” y advirtió que la medida se mantendrá hasta que, dijo, se devuelvan a Estados Unidos activos supuestamente sustraídos.

El mandatario no precisó cómo se aplicará el bloqueo ni a qué activos concretos se refiere, aunque funcionarios de su administración defendieron la ofensiva como parte de una campaña antidrogas en el Caribe. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificaron la estrategia como exitosa, sin presentar pruebas públicas de sus resultados.

En respuesta, el gobierno venezolano rechazó las acusaciones y denunció ante la ONU una amenaza a su soberanía. La cancillería afirmó que Washington busca apropiarse de recursos energéticos y reiteró que las sanciones han provocado graves pérdidas económicas. Caracas aseguró que mantendrá la defensa de su territorio y de sus activos frente a lo que calificó como una escalada de presión externa.

El presidente Donald Trump firmó un decreto que clasifica al fentanilo ilícito como un “arma de destrucción masiva”, al considerar que su impacto letal supera al de ataques convencionales. Durante un acto en la Casa Blanca, afirmó que esta droga causa entre 200 mil y 300 mil muertes anuales en Estados Unidos y representa una amenaza directa a la seguridad nacional.

La orden equipara al fentanilo con un arma química y ordena a la Fiscalía General iniciar investigaciones inmediatas contra su tráfico, con agravantes penales. Además, instruye a los departamentos de Estado y del Tesoro a sancionar activos e instituciones vinculadas a su producción y distribución, principalmente por redes criminales y cárteles.

El decreto también abre la puerta a una mayor participación del Departamento de Guerra en tareas de apoyo al combate antidrogas y actualiza protocolos militares ante incidentes químicos. Trump reiteró que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas y no descartó acciones directas fuera de territorio estadounidense.

Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela, anunció el presidente Donald Trump, al afirmar que se trató del “más grande jamás confiscado”. Sin detallar razones, indicó que Washington podría quedarse con el crudo. La operación elevó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en medio de tensiones crecientes.

Según funcionarios estadunidenses, la acción fue ejecutada por la Guardia Costera con apoyo de la Marina bajo leyes federales, luego de un despliegue desde el portaviones Gerald Ford. El petrolero Skipper transportaba alrededor de dos millones de barriles y presuntamente se dirigía a Cuba. Videos difundidos por el Departamento de Justicia mostraron el abordaje armado de las fuerzas federales.

El caso se inscribe en la ofensiva marítima de Washington, que suma más de 80 muertes desde septiembre y enfrenta escrutinio legislativo por su legalidad. Autoridades marítimas de Guyana denunciaron el uso falso de su bandera, mientras la ONU pidió desescalar el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

El primer encuentro presencial entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump llega no por cauces diplomáticos tradicionales, sino al amparo del sorteo del Mundial. La presidenta mexicana viaja a Washington para una breve reunión trilateral junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, en un momento en que la relación bilateral atraviesa uno de sus periodos más frágiles desde el retorno de Trump a la Casa Blanca. La retórica del mandatario estadounidense, que insiste en justificar intervenciones militares contra cárteles en territorio extranjero, mantiene a México en estado de alerta.

Sheinbaum ha respondido con firmeza ante las insinuaciones de Trump. Defiende el intercambio de inteligencia, pero rechaza cualquier despliegue de fuerzas estadounidenses en suelo mexicano y recuerda que la historia del país obliga a blindar la soberanía. La mandataria insiste en que “cooperación no implica subordinación”, aun cuando el propio Trump ha declarado a los cárteles como organizaciones terroristas y presume prerrogativas para actuar más allá de sus fronteras.

El TMEC ocupa otro punto sensible de la agenda. Desde su regreso al poder, Trump ha sacudido la relación comercial con nuevos aranceles, mientras insinúa la posibilidad de abandonar el acuerdo trilateral para sustituirlo por pactos bilaterales. México enfrenta así una negociación compleja con un socio que usa tarifas y presiones en seguridad como fichas del mismo tablero. La revisión del tratado, obligatoria en 2026, aumenta la urgencia del encuentro.

En paralelo, el clima político mexicano suma ruido. Sectores ultraconservadores próximos al movimiento MAGA buscan amplificar la narrativa de inestabilidad, mientras Washington presiona por nuevas extradiciones de capos del narcotráfico. Con el telón de fondo deportivo, Sheinbaum y Trump medirán distancias en una relación que combina cooperación forzada, tensiones persistentes y un equilibrio diplomático cada vez más delicado.

El Departamento de Seguridad Nacional lanzó un operativo en Nueva Orleans para detener a migrantes sin documentos y a personas con antecedentes, como parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. La medida, dirigida contra individuos protegidos por políticas locales de “ciudad santuario”, se suma a despliegues previos de la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas.

Acciones similares se llevaron a cabo en Minneapolis y Saint Paul, mientras el gobierno federal insiste en que estas intervenciones responden a solicitudes estatales. En paralelo, una jueza federal en Washington emitió una orden que prohíbe realizar arrestos migratorios sin orden judicial, un revés para la administración Trump en medio de crecientes demandas de organizaciones civiles.

El gobierno también anunció restricciones de visas para Nigeria y otros países que, según Washington, presentan violaciones a la libertad religiosa. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la medida responde a episodios de violencia contra comunidades cristianas, aunque no aportó pruebas para sostener esas acusaciones.

El presidente Donald Trump reiteró que ordenará ataques militares contra países que “envíen drogas” a Estados Unidos y defendió los bombardeos a embarcaciones en el Caribe, pese a no presentar evidencia de su eficacia. Durante una extensa reunión de gabinete convertida en espectáculo mediático, afirmó que la ofensiva ahora incluirá acciones en tierra porque “sabemos todo” sobre las rutas y los grupos criminales. También volvió a insinuar que Nicolás Maduro dejará pronto Venezuela.

En su intervención, Trump respondió a cuestionamientos por un ataque repetido contra una embarcación ya destruida, señalado por legisladores como posible crimen de guerra. Aun así, atribuyó la decisión a un almirante y respaldó la operación. El mandatario insistió en cifras sin sustento sobre muertes por sobredosis y migración, mientras su gabinete lo calificaba como “el presidente más inteligente”.

La sesión derivó en declaraciones racistas y ataques contra inmigrantes somalíes, así como en nuevas críticas a la prensa. Posteriormente, Trump anunció la creación de “cuentas Trump” con mil dólares para niños nacidos entre 2025 y 2028, financiadas parcialmente por donaciones privadas, sin aclarar el manejo o propósito financiero del programa.

El presidente Donald Trump reunió a su gabinete de seguridad para discutir los próximos movimientos de su campaña para propiciar un cambio de régimen en Venezuela, mientras aliados conservadores expresan inquietud por la legalidad y alcance de las operaciones militares en el Caribe. La Casa Blanca insistió en que el despliegue busca frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, crecieron las dudas tras revelarse un segundo ataque ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra sobrevivientes de una embarcación interceptada en septiembre, hecho que legisladores calificaron como posible crimen de guerra. La portavoz Karoline Leavitt negó violaciones al derecho internacional y sostuvo que la acción fue legal. Críticas adicionales emergieron luego del reciente indulto de Trump al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

El debate también se intensifica en torno al futuro de Nicolás Maduro. Mientras sectores conservadores presionan por acciones más firmes, otros advierten sobre los riesgos de una intervención directa. Las deliberaciones del gabinete no se hicieron públicas y persiste la incertidumbre sobre la estrategia final que adoptará la administración.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos iniciará “muy pronto” acciones por tierra contra presuntos narcotraficantes venezolanos, tras los bombardeos a lanchas en el Caribe y el Pacífico. Aseguró que la ofensiva redujo el tráfico marítimo y que buscan cerrar también rutas terrestres.

El mandatario dijo que aún no decide atacar infraestructura en Venezuela y que podría dialogar con Nicolás Maduro. Caracas rechazó sus acusaciones y calificó como infundada la designación del supuesto cartel de Los Soles como grupo terrorista por parte de Washington.

El anuncio ocurrió mientras continúa el despliegue militar estadounidense en la región. En paralelo, una operación conjunta en Costa Rica decomisó más de cuatro toneladas de cocaína, hecho que autoridades consideraron un golpe relevante al narcotráfico.

Dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos de gravedad tras un ataque armado a dos cuadras de la Casa Blanca, hecho que el presidente Donald Trump calificó como “un crimen contra la humanidad”. El mandatario anunció el envío de 500 efectivos adicionales a Washington y advirtió que expulsará a “cualquier extranjero que no aporte nada” al país.

Las autoridades señalaron que el agresor, un migrante afgano detenido en el lugar, abrió fuego de forma repentina contra los guardias, quienes se mantienen en condición crítica. Según la alcaldesa Muriel Bowser, se trató de un “ataque directo”, mientras que el FBI confirmó que ambos sobrevivieron. Trump afirmó que revisará el estatus de todos los extranjeros provenientes de Afganistán.

El incidente ocurre mientras la capital permanece fuertemente resguardada por 2 mil 188 efectivos federales, desplegados como parte de la estrategia de seguridad del gobierno. Aunque circularon versiones sobre la muerte de los guardias, las autoridades las desmintieron y aseguraron que continúan hospitalizados. El sospechoso también resultó herido, pero sin riesgo vital.