La Policía Nacional española informó la desarticulación de una estructura vinculada al cártel
Jalisco Nueva Generación, que buscaba asentarse en el país para ampliar sus operaciones en
Europa. El operativo permitió detener a veinte personas, incluidas dos objetivos prioritarios
de la DEA, además de incautar cocaína, anfetaminas, armas y dinero.

La investigación contó con apoyo de agencias estadounidenses y europeas tras detectarse un
cargamento de droga oculto en maquinaria industrial. El grupo utilizaba fincas en Madrid y
Ávila para almacenar la sustancia antes de distribuirla en varias ciudades. También operaba
rutas internacionales hacia Italia mediante redes criminales de alto riesgo.

La operación culminó con incautaciones que incluyeron casi dos mil kilos de cocaína, grandes
cantidades de anfetaminas, vehículos y dinero en efectivo. Las autoridades señalaron que el
cártel aprovechaba entramados empresariales para mover y ocultar cargamentos. El caso
permanece abierto mientras se analizan nuevas conexiones internacionales en varios países europeos.

La Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos informó el arresto de 670 personas y el decomiso de más de 18 millones de dólares, además de miles de kilos de drogas presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. Los operativos se realizaron entre el 22 y 26 de septiembre en distintos puntos del país.

El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que la estrategia busca desmantelar al CJNG “desde su liderazgo hasta sus redes de distribución”. Sin embargo, la agencia omitió revelar identidades de los detenidos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses vinculados con el trasiego de narcóticos. Los decomisos incluyeron fentanilo, metanfetaminas, cocaína, heroína, armas y bienes valuados en casi 30 millones de dólares.

El gobierno de Donald Trump señaló que estas acciones “salvan vidas y protegen comunidades”, al calificar al CJNG como una amenaza terrorista. No obstante, persiste la crítica sobre la falta de transparencia en torno a la participación de cárteles y traficantes dentro de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum rompió su ritual matutino para desmentir un supuesto acuerdo con la DEA, después de que la agencia anunció el “Proyecto Portero” para capacitar policías mexicanos en Texas. La presidenta negó cualquier pacto, aunque el comunicado estadounidense habló de una “iniciativa bilateral audaz”. El choque dejó en evidencia las tensiones en seguridad entre ambos países.

La respuesta mexicana parecía más dirigida a Andrés Manuel López Obrador que a Washington. El expresidente, marcado por su enemistad con la DEA tras el caso Cienfuegos y por investigaciones que vincularon campañas políticas con dinero del narco, es un actor incómodo. Para Sheinbaum, mantenerlo tranquilo es parte del frágil equilibrio político.

Al mismo tiempo, la presidenta ha girado en sentido contrario a su antecesor, reforzando la cooperación bilateral contra el crimen organizado y el tráfico de fentanilo. Estados Unidos ha destacado avances en disrupción financiera, migración y seguridad fronteriza, logros que fortalecen la relación y permiten cuidar el comercio bilateral, vital para la economía mexicana.

El dilema es claro: Sheinbaum debe sostener una política de seguridad que agrade a la Casa Blanca, sin traicionar la narrativa de su mentor. La DEA representa un límite simbólico y político. El futuro dirá si puede mantener este delicado equilibrio sin fracturar ni la relación con Washington ni la lealtad a López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó la existencia de un acuerdo con la DEA respecto al llamado Proyecto Portero, iniciativa que según la agencia estadounidense buscaría reforzar la cooperación bilateral contra los cárteles. Durante su conferencia matutina, aclaró que ninguna institución mexicana ha pactado con la dependencia extranjera.

Sheinbaum subrayó que desconoce en qué se basó la DEA para difundir un comunicado que sugiere colaboración con el gobierno mexicano. Además, reiteró que los programas de seguridad se diseñan y ejecutan desde México, sin que exista compromiso alguno de operación conjunta con agencias internacionales.

La polémica refleja un nuevo desencuentro entre ambas naciones en materia de seguridad. Mientras Estados Unidos insiste en proyectos bilaterales, México insiste en preservar la soberanía de sus instituciones. La falta de claridad en la comunicación, sin embargo, abre dudas sobre la confianza mutua y los verdaderos alcances de la cooperación.

La Operación Leyenda, el caso más largo en la historia de la DEA, está llegando a su cierre, y Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, es ahora el objetivo más simbólico. Estados Unidos lo acusa de haber protegido al Cártel de Guadalajara y de haber autorizado que se delatara a Enrique Camarena como agente encubierto de la DEA, lo que derivó en su asesinato en 1985. Las pruebas incluyen grabaciones entregadas al juez Frederick Block en la Corte de Brooklyn.

Bartlett ya fue advertido por la Presidencia de México y solicitó ayuda para ser trasladado a un país sin tratado de extradición. La petición sigue sin respuesta. Mientras tanto, el caso de Rafael Caro Quintero —extraditado en febrero— ha tomado un nuevo giro, y la Fiscalía estadounidense evalúa negociar su testimonio como testigo cooperante, lo que podría fortalecer las acusaciones contra Bartlett.

Los fiscales también buscan que Genaro García Luna aporte información financiera sobre Bartlett y su relación con los empresarios Samuel y Alexis Weinberg. Con esos datos, el exfuncionario podría ser acusado bajo las nuevas leyes contra el terrorismo. Aunque la participación de Bartlett en el crimen no es nueva, el contexto legal y geopolítico lo coloca en una situación sin precedentes.

El fin de la impunidad parece importar menos que el símbolo. Para EE.UU., ningún crimen contra un agente quedará impune. Bartlett se convierte así en la última ficha que legitime el poder punitivo de Washington frente a la narcopolítica mexicana. ¿Será entregado o protegido?

La DEA anunció la incautación de 10 millones de dólares en criptomonedas al Cártel de Sinaloa como parte de la operación Take Back America. Gracias a nuevas herramientas tecnológicas, las autoridades estadounidenses buscan desmantelar las redes financieras del crimen organizado. “Estamos desarmando su imperio, ladrillo por ladrillo”, declaró el director interino de la DEA, Robert Murphy.

Durante el operativo, se detectó que el cártel recurre a metanfetaminas disfrazadas como medicamentos para llegar a universitarios. “Una pastilla no mata al instante, pero puede destruirte”, advirtió la fiscal general Pam Bondi. La presentación oral reduce el estigma y aumenta su consumo entre jóvenes, según las autoridades.

Además, se denunció que migrantes indocumentados están siendo usados como operadores logísticos del narco. La fiscalía reveló que sólo en 2025 se han decomisado más de 44 millones de pastillas de fentanilo y 29 mil kilos de metanfetamina. La estrategia apunta a golpear a los cárteles donde más les duele: el dinero.