Elementos de la Secretaría de Marina abatieron en Sinaloa a Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, señalado como operador cercano a Chapo Isidro y buscado por autoridades de Estados Unidos. La dependencia informó que el enfrentamiento ocurrió durante recorridos de seguridad, cuando los uniformados fueron agredidos y respondieron al ataque. En la zona también se realizaron cateos vinculados al grupo criminal.

Asimismo, en una operación paralela fue detenido en España Alejandro Reynoso Jiménez, presuntamente relacionado con el CJNG y acusado de operar narcobodegas en Jalisco. Autoridades señalaron que su captura está ligada a actividades de exportación de precursores químicos y equipamiento usado en la producción de drogas sintéticas. Se destacó que ambos golpes podrían afectar estructuras operativas dedicadas al tráfico internacional.

Por otra parte, la Marina confirmó la detención de dos integrantes de la célula de El Pichón y el aseguramiento de armas, vehículos y droga. En los inmuebles cateados se localizaron laboratorios clandestinos con cristal, fentanilo y precursores químicos. La Semar afirmó que estos resultados contribuirán a disminuir la producción de sustancias ilícitas en la región.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el asesinato de Carlos Manzo fue ejecutado por una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Detalló que la investigación, apoyada por tecnología, entrevistas y trabajo de campo, permitió ubicar a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, como autor intelectual del crimen ocurrido en Uruapan.

La detención se realizó en Morelia mediante un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales. Según las indagatorias, “El Licenciado” coordinó el ataque vía mensajes de celular, donde instruyó a su grupo a ejecutar al alcalde sin importar si estaba acompañado. La operación fue considerada un intento por desestabilizar la región.

Además, se identificó a Fernando Josué “N” y Ramiro “N” como cómplices directos, quienes acompañaron al tirador Víctor Manuel “N” antes del ataque. Ambos fueron hallados sin vida días después. Sus teléfonos, recuperados por autoridades, fueron clave para rastrear los movimientos y reconstruir la cadena criminal.

Un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales para detener a Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, presunto jefe de plaza del CJNG, desencadenó narcobloqueos en distintas zonas de Michoacán. La intervención ocurrió en La Cantera, Salvador Escalante, donde dos presuntos criminales fueron abatidos. Aunque participaron helicópteros y personal del Ejército, el objetivo principal logró evadir la captura. La reacción delictiva se extendió con rapidez.

Al menos 15 vehículos robados e incendiados fueron utilizados para obstruir vialidades en Pátzcuaro, Zamora, Bajío y Ciénega de Chapala, según reportes del C5-i. Los bloqueos afectaron rutas estratégicas como Morelia-Quiroga, Quiroga-Zacapu, México-Guadalajara y Zamora-La Piedad. La Guardia Civil informó que hacia la tarde todas las arterias habían sido liberadas. No obstante, autoridades desplegaron refuerzos ante posibles nuevos incidentes.

Además, el gabinete de seguridad reportó doce detenidos y el aseguramiento de explosivos, armas, vehículos y droga durante operativos recientes. Las acciones, integradas al Plan Michoacán, se extendieron por diversos municipios con el fin de debilitar estructuras criminales. La operación fue la primera bajo el mando del nuevo secretario estatal.

La Policía Nacional española informó la desarticulación de una estructura vinculada al cártel
Jalisco Nueva Generación, que buscaba asentarse en el país para ampliar sus operaciones en
Europa. El operativo permitió detener a veinte personas, incluidas dos objetivos prioritarios
de la DEA, además de incautar cocaína, anfetaminas, armas y dinero.

La investigación contó con apoyo de agencias estadounidenses y europeas tras detectarse un
cargamento de droga oculto en maquinaria industrial. El grupo utilizaba fincas en Madrid y
Ávila para almacenar la sustancia antes de distribuirla en varias ciudades. También operaba
rutas internacionales hacia Italia mediante redes criminales de alto riesgo.

La operación culminó con incautaciones que incluyeron casi dos mil kilos de cocaína, grandes
cantidades de anfetaminas, vehículos y dinero en efectivo. Las autoridades señalaron que el
cártel aprovechaba entramados empresariales para mover y ocultar cargamentos. El caso
permanece abierto mientras se analizan nuevas conexiones internacionales en varios países europeos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad correspondientes al mes de octubre. Informó que durante el periodo se detuvo a más de 2,300 personas, se aseguraron 13 toneladas de droga, se incautaron casi 1,700 armas de fuego y se desmantelaron 47 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de estupefacientes.

En el acumulado anual, la SSPC reportó 37,000 detenciones, el aseguramiento de casi 300 toneladas de drogas —incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo— y la incautación de 18,900 armas de fuego. Además, se desmantelaron 1,614 laboratorios clandestinos.

García Harfuch destacó que los cárteles más afectados por estos operativos fueron el Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel de la Sierra, CJNG, Cártel de Sinaloa y el Cártel del Pacífico, subrayando que las acciones se mantendrán con enfoque en inteligencia y coordinación federal.

En Michoacán, la violencia no solo se mide por los asesinatos, sino por la forma en que el crimen organizado recluta y utiliza a niños y adolescentes como herramienta de guerra. Los cárteles han convertido a los jóvenes en carne de cañón: los emplean como halcones, cobradores de cuotas o asaltantes, fogueándolos para tareas mayores, como el sicariato. El miedo y la falta de oportunidades son el terreno fértil de este ejército silencioso.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana, los delitos menores —robos, extorsiones o cobros— son la puerta de entrada al crimen. Los muchachos que asaltan tiendas o roban motocicletas son, en realidad, piezas de un sistema criminal que los entrena para operaciones más violentas. En Apatzingán, exintegrantes de la Mesa de Seguridad confirman que los cárteles los usan como desechables: los más jóvenes son los primeros en morir o ser capturados.

El fiscal estatal reconoció que el asesino del alcalde de Uruapan podría tener entre 17 y 19 años. No es excepción, sino reflejo de una práctica extendida. En Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza engaños laborales para atraer a jóvenes desempleados: publica ofertas falsas en redes, los cita en restaurantes y los desaparece tras recogerlos en vehículos de aplicación.

La combinación de pobreza, impunidad y reclutamiento forzado sostiene una maquinaria criminal que se renueva constantemente. En Michoacán, los adolescentes ya no sueñan con escapar del miedo: se ven obligados a servirlo.

La Fiscalía General de Baja California informó que sus instalaciones de la unidad antisecuestros en Tijuana fueron atacadas con drones que arrojaron explosivos de fabricación artesanal, los cuales contenían clavos, balines y fragmentos de metal. El incidente provocó daños en vehículos estacionados, pero no dejó personas heridas, confirmó la fiscal María Elena Andrade.

De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió la noche del miércoles y fue atendido de inmediato por elementos de seguridad estatal y federal. El consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta para que sus ciudadanos evitaran la zona tras reportarse las detonaciones.

El uso de drones con explosivos ha aumentado en México, principalmente por parte de grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que cuenta con células especializadas en esta práctica. En meses recientes, se han registrado ataques similares en Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Baja California.

La Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos informó el arresto de 670 personas y el decomiso de más de 18 millones de dólares, además de miles de kilos de drogas presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. Los operativos se realizaron entre el 22 y 26 de septiembre en distintos puntos del país.

El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que la estrategia busca desmantelar al CJNG “desde su liderazgo hasta sus redes de distribución”. Sin embargo, la agencia omitió revelar identidades de los detenidos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses vinculados con el trasiego de narcóticos. Los decomisos incluyeron fentanilo, metanfetaminas, cocaína, heroína, armas y bienes valuados en casi 30 millones de dólares.

El gobierno de Donald Trump señaló que estas acciones “salvan vidas y protegen comunidades”, al calificar al CJNG como una amenaza terrorista. No obstante, persiste la crítica sobre la falta de transparencia en torno a la participación de cárteles y traficantes dentro de Estados Unidos.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, construyó un control criminal sostenido en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, según documentos de la Sedena. Bajo el alias de Comandante H, dirigía a La Barredora y dictaba órdenes de cobro, asesinatos y operaciones de tráfico de drogas, migrantes y huachicol desde Veracruz hasta Guatemala. Informes revelados por Guacamaya Leaks muestran que usó su posición política para dar “licencias” a grupos criminales.

El exfuncionario pactó con herederos de Los Zetas y reconfiguró las operaciones delictivas en Tabasco, delegando zonas a operadores como Benjamín Mollinedo, alias El Pantera, y Euler Ruvalcaba, alias El Rayo. Estos liderazgos coordinaban tráfico de drogas, extracción de combustibles y homicidios, además de corromper a personal militar en puertos estratégicos como Dos Bocas. La violencia era desplazada a Chiapas para reducir estadísticas en Tabasco.

El caso exhibe cómo estructuras de seguridad pública fueron utilizadas para fortalecer al crimen organizado en el sur del país. Bermúdez, detenido en Paraguay y extraditado a México en septiembre, simboliza la penetración de redes criminales en gobiernos locales. La reflexión es inevitable: cuando la autoridad se convierte en pieza del engranaje delictivo, ¿qué garantías quedan para el Estado de derecho?”

El exjuez federal Anuar González Hemadi, destituido en 2019 tras el polémico fallo en el caso Los Porkys de Veracruz, fue detenido junto a otras 13 personas por su relación con la red de huachicol encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. De acuerdo con las investigaciones, González fungía como representante legal de Mefra Fletes, empresa implicada en el tráfico ilegal de hidrocarburos decomisados en marzo pasado.

Mefra Fletes había sido señalada desde 2020 por irregularidades en el transporte de combustibles y vinculada tanto al Cártel del Golfo como al CJNG. La compañía, con socios ligados a autoridades locales, incluso contaba con permisos de la Comisión Reguladora de Energía para mover gasolinas y diésel. La captura del exjuez confirma cómo actores políticos, judiciales y empresariales confluyen en estas redes criminales.

El caso exhibe no solo la fragilidad institucional frente al crimen organizado, sino la persistencia de corrupción en sectores clave de justicia y energía. La pregunta de fondo es si el Estado tendrá la capacidad real de depurar a quienes han usado el poder para alimentar economías ilegales que terminan minando la confianza pública.