Autoridades de México y Estados Unidos identificaron a varias empresas químicas y agroindustriales con presuntos vínculos con grupos del narcotráfico, dedicadas a la compra e importación de precursores químicos usados en la fabricación de drogas sintéticas. Las investigaciones apuntan a que estas compañías operan como fachadas dentro del comercio legal.

Fuentes del gabinete de seguridad confirmaron que al menos cuatro firmas mexicanas están bajo revisión: Agrícola Santa Fernanda, Agropecuaria Alfa y Omega, Grupo Pochteca y Globe Chemicals. De ellas, Grupo Pochteca ya enfrenta una investigación formal por posibles nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con los reportes, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación habrían establecido relaciones con estas empresas para obtener químicos inocuos —como los usados en perfumería o alimentos— y desviarlos hacia la producción de metanfetaminas. Los operativos conjuntos buscan sancionar tanto a los grupos criminales como a sus proveedores industriales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “México está gobernado por los cárteles”, durante una reunión en la Casa Blanca con su gabinete de seguridad. Aunque elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum como “una mujer valiente y extraordinaria”, afirmó que el poder real en el país está en manos del narcotráfico y que Washington “debe defenderse” de esa amenaza.

Trump advirtió que la política antidrogas estadounidense cambiará de enfoque: ya no se centrará en el decomiso de cargamentos, sino en la confrontación militar directa contra los cárteles. El mandatario insinuó posibles operaciones terrestres en América Latina, similares a los bombardeos ejecutados por el Pentágono en altamar.

El republicano insistió en que muchos líderes mexicanos “viven con miedo” ante el control criminal. Sus declaraciones, vistas como un desafío diplomático, tensan nuevamente la relación entre Washington y Ciudad de México en materia de seguridad y cooperación antidroga.

La idea de que Estados Unidos pueda “purgar” el sistema político mexicano o intervenir militarmente contra los cárteles ha ganado eco en ciertos sectores políticos y mediáticos, pero carece de viabilidad práctica y legal. Una operación de este tipo violaría de manera directa la soberanía nacional y el derecho internacional, además de provocar una reacción nacionalista que uniría incluso a facciones rivales contra la intromisión extranjera.

El problema central es la corrupción sistémica en México, que permea instituciones de seguridad, justicia y política. Una “limpieza” forzada no sería solo compleja de ejecutar, sino que podría derivar en un conflicto interno de gran escala, con riesgo de colapso del Estado o balcanización del territorio. Desde un punto de vista militar, implicaría control territorial de zonas productoras y rutas, equivalente a una ocupación prolongada.

El análisis apunta a que una estrategia más realista para debilitar a los cárteles está en la reforma del mercado de drogas en Estados Unidos. Experiencias como el fin de la prohibición del alcohol o la legalización del cannabis muestran que reducir el incentivo económico del crimen organizado es posible. Un mercado regulado podría disminuir de forma drástica los ingresos ilícitos que alimentan la corrupción y la violencia en México.

Finalmente, cualquier estrategia efectiva requeriría cooperación internacional entre países productores, de tránsito y consumidores. Mientras tanto, el combate unilateral de México contra los cárteles seguirá siendo limitado, más enfocado en mostrar resultados ante Washington que en un desmantelamiento total de las estructuras criminales. La intervención militar de EE.UU., lejos de resolver el problema, podría desencadenar consecuencias irreversibles para la estabilidad regional.

El gobierno de Estados Unidos sancionó a tres miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a dos empresas por su implicación en tráfico de fentanilo, contrabando de petróleo y robo de combustible a Pemex. Entre ellos figura César Morfín Morfín, “El Primito”, señalado como operador en Tamaulipas.

Según el Departamento del Tesoro, la red liderada por Morfín ha diversificado sus operaciones del narcotráfico hacia el huachicol por sus altos márgenes de ganancia. Las sanciones congelan todos sus activos en territorio estadounidense y prohíben relaciones comerciales con ciudadanos o empresas de ese país.

La administración de Trump advirtió que el huachicol se ha convertido en la principal fuente de ingresos no narcótica para los cárteles mexicanos. Que estructuras criminales puedan mover crudo entre países revela la fragilidad institucional frente a un crimen organizado que opera como corporación transnacional.