Perú celebrará una segunda vuelta presidencial entre la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, en una elección que profundiza la polarización política y refleja la crisis institucional que atraviesa el país andino. La autoridad electoral confirmó los resultados más de un mes después de la votación, tras denuncias de fraude, protestas y retrasos operativos en centros electorales de Lima.

Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, obtuvo el primer lugar con 17% de los votos, mientras Sánchez logró avanzar con 12%, superando por estrecho margen al ultraderechista Rafael López Aliaga. El empresario rechazó los resultados y encabezó movilizaciones para exigir la anulación o repetición parcial de los comicios.

La segunda vuelta del 7 de junio enfrentará dos modelos políticos opuestos. Fujimori promete endurecer la política de seguridad y consolidar una agenda económica conservadora, mientras Sánchez impulsa reformas constitucionales, mayor intervención estatal y un discurso cercano a los sectores rurales y populares que respaldaron al expresidente Pedro Castillo.

El proceso electoral ocurre en medio de fuerte fragmentación política, desgaste institucional y desconfianza ciudadana. Analistas consideran que la contienda podría redefinir el equilibrio político peruano tras años de inestabilidad, con nueve presidentes en la última década y crecientes tensiones entre Lima y regiones históricamente marginadas.

Especialistas del Museo del Prado ofrecerán esta semana conferencias magistrales en la Ciudad de México como parte de una serie de actividades organizadas en colaboración con instituciones culturales mexicanas. Las pláticas se realizarán en el Centro Cultural de España en México y en el Antiguo Colegio de San Ildefonso con acceso abierto al público.

La historiadora del arte Paloma Málaga Shaw, integrante del Centro de Estudios del Museo del Prado, encabezará la conferencia titulada Las colecciones del Museo del Prado, donde abordará las obras más representativas del recinto español, así como los retos actuales relacionados con difusión cultural, museografía y comunicación artística en entornos contemporáneos.

Además de las conferencias, Málaga Shaw y Javier Sainz de los Terreros impartirán talleres dirigidos a profesionales de comunicación cultural. Las actividades también buscarán reflexionar sobre nuevas formas de acercar el arte al público mediante herramientas digitales, redes sociales y estrategias contemporáneas de divulgación museística.

El nadador mexicano Jorge Iga buscará hacer historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 al intentar alcanzar las 15 medallas de oro en la competencia regional. El potosino suma actualmente 10 títulos y pretende igualar la marca de Samantha Terán, una de las máximas ganadoras mexicanas en la justa.

Iga competirá en pruebas individuales de 50, 100 y 200 metros libres, además de 100 mariposa y relevos, con la confianza de mantenerse entre los mejores nadadores de la región. El mexicano aseguró sentirse en gran momento físico y mental para enfrentar el reto, aunque reconoció la dificultad que representan rivales como Jordan Crooks y Luis Carlos Martínez.

Además de su meta personal, el seleccionado nacional tiene como objetivo impulsar la clasificación de México en relevos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, algo que no ocurre desde Atenas 2004. Antes de los Centroamericanos, Jorge tendrá una competencia de preparación en Indianápolis junto al resto de la selección mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una iniciativa para modificar la elección judicial y aplazarla hasta 2028. La propuesta también contempla reducir el número de candidatos a cargos del Poder Judicial con el objetivo de simplificar el proceso de votación y brindar mayor claridad a los ciudadanos durante la jornada electoral.

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la nueva elección federal y local se realizaría el 4 de junio de 2028. Además, se plantea crear una comisión encargada de homologar criterios de evaluación y revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos por los tres poderes.

El proyecto también busca disminuir la cantidad de aspirantes mediante procesos de insaculación. En el caso de la Suprema Corte, el número de candidatos bajaría de 81 a 54 perfiles. Alcalde reconoció que en la pasada jornada hubo confusión por la cantidad de cargos y boletas, por lo que se pretende hacer más sencilla la participación ciudadana.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que una agresión militar de Estados Unidos provocaría un derramamiento de sangre de “consecuencias incalculables” y pondría en riesgo la estabilidad regional. El mandatario sostuvo que las amenazas contra la isla constituyen un crimen internacional y defendió el derecho de Cuba a responder ante cualquier ofensiva bélica extranjera.

A través de su cuenta oficial en X, Díaz-Canel aseguró que Cuba no representa una amenaza para ningún país y afirmó que Washington conoce esa postura mediante sus agencias de seguridad y defensa. El gobernante cubano denunció además que la isla enfrenta una agresión multidimensional por parte de Estados Unidos, aunque insistió en que La Habana no mantiene planes ofensivos contra territorio estadounidense actualmente.

La declaración ocurre después de que el medio Axios reportó que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y analizado posibles operaciones contra la base naval de Guantánamo, embarcaciones estadounidenses e incluso objetivos en Florida. El gobierno cubano rechazó esas versiones y acusó a Washington de impulsar una nueva escalada de tensión bilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Donald Trump nunca le ha dicho directamente que México sea gobernado por el narcotráfico, pese a declaraciones públicas realizadas por el mandatario estadounidense. Señaló que, aunque Trump ha mencionado en ocasiones que existen gobiernos vinculados con el narco en México, durante sus conversaciones personales nunca la ha señalado directamente ni ha acusado a su administración.

La mandataria también rechazó versiones que apuntan a que Morena pudiera ser clasificado como grupo terrorista por Estados Unidos. Además, descartó riesgos para México tras la entrega voluntaria de los exfuncionarios sinaloenses Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega a autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con actividades ilícitas.

Sheinbaum afirmó que la entrega de ambos exservidores públicos fue una decisión personal y sostuvo que su gobierno no mantiene pactos con grupos criminales ni con delincuentes de cuello blanco. Añadió que, si existen pruebas contra cualquier funcionario o actor político, corresponderá a la Fiscalía General de la República realizar las investigaciones pertinentes.

El diputado Javier Vázquez Calixto, del PT, presentó una iniciativa de reforma constitucional para que los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos y representantes populares sean imprescriptibles. La propuesta también plantea que estos ilícitos se persigan de oficio, sin necesidad de denuncia, querella o autorización previa de alguna autoridad competente.

La iniciativa modifica los artículos 109 y 114 de la Constitución para incluir delitos como peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones. Además, contempla sancionar a cualquier persona responsable de administrar o custodiar recursos públicos que incurra en actos de corrupción relacionados con el erario nacional.

El legislador afirmó que la corrupción ha debilitado la confianza ciudadana y afectado el desarrollo democrático y económico del país. Sostuvo que eliminar la prescripción evitará que el tiempo favorezca la impunidad y fortalecerá el combate contra delitos que dañan el patrimonio público. La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y eventual dictaminación legislativa en la Cámara de Diputados.

Morena en la Cámara de Diputados sostuvo que realizar simultáneamente las elecciones federales y las del Poder Judicial en 2027 implicaría costos y exigencias logísticas insostenibles. Un análisis elaborado por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar estima que ambos procesos requerirían más de 20 mil millones de pesos y la impresión de alrededor de mil millones de boletas electorales.

El documento advierte que la concurrencia de ambos comicios obligaría a instalar más de 350 mil casillas, contratar cientos de miles de capacitadores y duplicar operaciones relacionadas con transporte, almacenamiento y distribución de material electoral. Morena argumenta que las elecciones judiciales poseen características técnicas y jurídicas distintas, por lo que unificarlas no generaría ahorros, sino mayores complicaciones operativas y presupuestales.

Las bancadas legislativas definirán en las próximas horas si únicamente se aplaza la elección judicial hasta 2028 o si también se modifican aspectos del proceso realizado en 2025. Ricardo Monreal adelantó que el Congreso podría convocar a un periodo extraordinario para discutir la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reorganización de dichos comicios.