La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno presentará una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, luego de que este la calificara como “el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante”. La mandataria fue clara al declarar que no dialogará con la defensa de un criminal y que la vía jurídica será la adecuada para responder a los señalamientos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum indicó que la Consejería Jurídica será la encargada de presentar el recurso legal, ya que “no se puede dejar pasar” este tipo de declaraciones, que considera ofensivas no sólo para su persona, sino para la investidura presidencial. También reiteró que su gobierno mantiene una postura firme contra el crimen organizado.

Lichtman había lanzado estas acusaciones a través de la red social X, tras las declaraciones de la presidenta sobre el proceso legal que enfrenta Ovidio Guzmán en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como injustas las redadas migratorias realizadas en campos agrícolas de California, donde fueron detenidas al menos 100 personas. En conferencia matutina, advirtió que estas acciones violan los derechos de los migrantes y podrían afectar negativamente la economía de Estados Unidos, “que se sostiene gracias al trabajo de mexicanos y latinoamericanos”.

Ante esta situación, el gobierno federal anunció un incremento al presupuesto de los consulados en EE.UU. para reforzar la atención legal y consular. Sheinbaum indicó que se activaron protocolos de emergencia y que la Secretaría de Hacienda definirá el monto en los próximos días. Personal consular ya revisa centros de detención donde hay connacionales.

Desde enero, han sido repatriados más de 67 mil mexicanos. “No son criminales”, afirmó la presidenta, “son héroes y heroínas que fueron a trabajar, a sostener familias y también la economía estadounidense. Vamos a estar con ellos, no están solos”

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) confirmó la construcción de cinco nuevas terminales aéreas en México, en coordinación con gobiernos estatales e inversionistas. Los proyectos buscan impulsar el turismo, el desarrollo regional y los polos logísticos nacionales.

Los aeropuertos estarán en Ensenada (Baja California), San Miguel de Allende (Guanajuato), Costa Alegre y Lagos de Moreno (Jalisco), y en la zona norte de Quintana Roo. ASA detalló que algunos cuentan ya con estudios técnicos y de viabilidad.

Carlos Merino Campos, director de ASA, afirmó que materializar un aeropuerto toma años e implica reservas de entre 500 y mil hectáreas. Subrayó que estos desarrollos reconfigurarán el transporte aéreo en México, abriendo nuevas rutas turísticas e industriales estratégicas para el país.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una moratoria de 45 días a tres entidades financieras mexicanas –CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa– antes de hacer efectiva su exclusión del sistema financiero estadounidense.

La decisión responde a avances del gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero, según comunicó el Tesoro. La medida, inicialmente programada para finales de julio, ahora entrará en vigor el 4 de septiembre, de acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen).

Estas instituciones fueron señaladas por presuntas operaciones vinculadas con el blanqueo de capitales del narcotráfico. La prórroga representa una última oportunidad para corregir y demostrar cumplimiento regulatorio, en un contexto de creciente presión bilateral contra el crimen financiero. La decisión será clave para la estabilidad reputacional del sistema bancario mexicano ante el escrutinio internacional.

La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Enrique Peña Nieto por un presunto soborno de 25 millones de dólares vinculado con la compra del software espía Pegasus. La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, tras varios días de silencio institucional ante los reportes de medios israelíes.

El software fue utilizado durante su sexenio para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos. La acusación sugiere que el expresidente habría recibido pagos ilegales por facilitar contratos con NSO Group, la empresa creadora del sistema.

Peña Nieto, quien reside fuera del país, no ha respondido públicamente. El caso revive un capítulo clave del espionaje político en México. La tardía reacción de la Fiscalía pone en duda su independencia y capacidad para investigar a figuras del antiguo régimen. ¿Justicia o simulación ante la presión pública?

La cumbre BRICS concluyó en Río de Janeiro (6-7 julio) con un mensaje frontal contra Washington. El bloque denunció los aranceles unilaterales de Estados Unidos y condenó las incursiones militares contra Irán iniciadas el 13 de junio. La Declaración de Río exigió respeto al multilateralismo y censuró la ofensiva israelí en Gaza.

Los líderes discuten sistemas de pago alternativos y uso de monedas locales para reducir la dependencia del dólar. Trump replicó en Truth Social con la amenaza de un 10 % adicional de aranceles a cualquier país que adopte políticas “antiestadunidenses”, tensando aún más la agenda comercial.

Pese a la retórica, el bloque rehuyó fijar posición sobre Ucrania, señal de fracturas internas. Su desafío será transformar las declaraciones en acciones coordinadas que equilibren el poder global. ¿Logrará un frente tan diverso imponerse a la presión de Washington
o quedará en promesas?

Cuatro farmacéuticas mexicanas invertirán 10 mil 480 millones de pesos para fortalecer la industria nacional, anunció Claudia Sheinbaum este martes. La presidenta detalló que el capital se destinará a infraestructura, investigación y desarrollo de medicamentos.

La inversión, dijo, representa un paso clave para garantizar el abasto y la soberanía sanitaria del país. “Estamos construyendo un nuevo sistema de salud y esto es parte fundamental”, aseguró Sheinbaum durante su mensaje, tras reunirse con representantes del sector.

Las empresas participantes no fueron nombradas, pero la futura mandataria destacó que estas acciones buscan reducir la dependencia del extranjero. Además, adelantó que se impulsará la compra pública con criterios de eficiencia y calidad. La medida se suma a otros anuncios recientes orientados a fortalecer la producción nacional de insumos médicos y modernizar el sistema de salud.

El Senado prevé tomar protesta el 1 de septiembre a las nuevas personas juzgadoras que integrarán los tribunales de apelación y distritales, conforme a la reforma al Poder Judicial aprobada por Morena. El proceso se enmarca en los cambios que buscan transformar la estructura judicial, y cuya implementación sigue en marcha pese a las críticas de la oposición.

Las personas seleccionadas provendrán de los más votados en la elección judicial de agosto. Aunque aún no se conocen los nombres, el Senado se declara listo para recibir las ternas y cumplir con la formalidad constitucional. La toma de protesta coincidirá con el inicio del nuevo periodo legislativo.

Desde la mayoría oficialista se insiste en que esta reforma democratiza la justicia y fortalece la confianza ciudadana. Sin embargo, persisten dudas sobre la independencia judicial y la calidad de los perfiles electos, en un momento de alta polarización política y descrédito institucional.

Claudia Sheinbaum afirmó que la nueva Ley de Telecomunicaciones no permitirá censura ni espionaje. Aseguró que se trata de una reforma para garantizar el acceso equitativo a la comunicación y fortalecer los medios públicos, comunitarios y de pueblos originarios. “Es una ley para democratizar las telecomunicaciones”, sostuvo.

La presidenta descartó que la norma tenga fines autoritarios, pese a las críticas por permitir la geolocalización sin orden judicial y la posible suspensión de transmisiones. Señaló que se trata de medidas excepcionales y que el objetivo principal es ampliar la cobertura y reducir la brecha digital.

Sin embargo, diversos sectores han expresado preocupación por los riesgos que implica concentrar el control del espectro y la supervisión del sistema en el Ejecutivo federal. Organismos, opositores y defensores de derechos digitales advierten que la nueva ley puede debilitar la autonomía regulatoria y abrir la puerta a posibles abusos del poder.

David Colmenares concluye su gestión al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con un saldo cuestionado: siete años de escasa fiscalización real y numerosas omisiones frente al uso irregular del erario durante el gobierno de López Obrador. Bajo su mando, la ASF minimizó hallazgos críticos, evitó confrontaciones con el Ejecutivo y permitió el avance de megaproyectos sin auditorías profundas.

Durante su gestión, informes clave fueron desactivados o editados, como el que cuestionaba los costos del Tren Maya. La Auditoría también tardó años en presentar denuncias penales y se abstuvo de indagar en esquemas como Segalmex, pese a los señalamientos públicos y mediáticos.

Expertos consideran que Colmenares funcionó como un auditor cómodo para el régimen, opacando la función fiscalizadora del Congreso. Su relevo, previsto para este año, será clave para definir si la ASF recupera su autonomía o sigue sometida al poder presidencial.