El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) planea imponer sanciones económicas a 118 juzgadores electos por el uso de acordeones durante las votaciones del Poder Judicial de la Federación en junio pasado. Las multas oscilan entre 39 mil y 127 mil pesos, sin contemplar la remoción del cargo. La medida busca penalizar a candidatos, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces, que obtuvieron una ventaja indebida.

En el caso de la SCJN, el futuro presidente Hugo Aguilar Ortiz enfrentaría una multa de 39 mil 712 pesos, mientras que la ministra Loretta Ortiz recibiría la sanción más alta del grupo: 127 mil 508 pesos. Otros ministros como Yasmín Esquivel y Lenia Batres también serán multados. El Tribunal de Disciplina Judicial también verá a miembros penalizados, con multas que van de 133 mil a 146 mil pesos para figuras como Celia Maya y Bernardo Bátiz.

El INE considera los acordeones como una aportación prohibida, al beneficiar directamente a candidaturas ganadoras, y por ello propone una sanción del 10% del tope de gastos de campaña. Las multas se individualizaron según la capacidad económica y la exposición de los candidatos. Aunque Morena, PT y PVEM fueron investigados, las denuncias en su contra resultaron infundadas por falta de pruebas directas.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, una estrategia que ofrecerá asesoría jurídica gratuita, digna y efectiva para víctimas de violencia de género. Ante cientos de litigantes, Sheinbaum afirmó que el machismo, el racismo y el clasismo deben erradicarse, y defendió el derecho de las mujeres a expresarse, participar y vivir libres de violencia.

La red arrancó con 838 abogadas y crecerá con apoyo estatal. Quintana Roo fue el primero en sumarse. A través del número 079, opción 1, cualquier mujer podrá recibir orientación y denunciar. Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, anunció la creación de una defensoría especializada y del programa Siemprevivas, que recorrerá hogares para promover una cultura de prevención.

Sheinbaum subrayó que esta política forma parte del “segundo piso de la 4T” y que también se buscará visibilizar a las mujeres olvidadas por la historia, como Malintzin y otras heroínas nacionales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas relacionadas. La medida se coordinó con la Procuraduría Fiscal y la CNBV, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y corrupción.

El congelamiento forma parte de una operación iniciada al comienzo del actual sexenio. Las autoridades detectaron movimientos financieros irregulares, transferencias atípicas y un posible esquema de simulación fiscal. La Secretaría de Gobernación también suspendió las actividades de casas de apuestas vinculadas a familiares del exfuncionario.

Bermúdez Requena es prófugo de la justicia y señalado como fundador del cártel La Barredora. Su caso ha escalado en atención mediática tras ser vinculado con la gestión de Adán Augusto López en Tabasco. El bloqueo financiero abre una nueva fase judicial con posibles implicaciones políticas.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, defendió el uso de las tarjetas Finabien para el envío de remesas, luego de que el senador republicano Eric Schmitt acusara a Claudia Sheinbaum de alentar la evasión del nuevo impuesto a las remesas aprobado por el Congreso estadounidense.

Moctezuma respondió que la propuesta presidencial es “totalmente consistente” con la legislación de Estados Unidos, ya que promueve el uso de instrumentos financieros regulados y trazables. Añadió que este sistema fortalece la inteligencia financiera y mejora la seguridad, al alejar las transferencias del uso de efectivo anónimo.

Frente al intento republicano de imponer un gravamen del 15% a las remesas, la embajada subrayó que México y EUA colaboran en objetivos comunes, como frenar el crimen transnacional. Sin embargo, el trasfondo político revela una tensión más profunda: el control de la migración, el dinero de los paisanos y la narrativa electoral de ambos países.

Ante la nueva ola de aranceles impulsada por el gobierno de Donald Trump, organizaciones jurídicas urgieron a México a acudir de inmediato a la OMC. La ANAD y la AIJD advirtieron que los impuestos a productos mexicanos, como jitomates y acero, violan flagrantemente el T-MEC y otros tratados internacionales.

El arancel del 30% que entrará en vigor el 1º de agosto sería, según juristas, “la gota que derramó el vaso”. Aunque reconocen la cautela diplomática de Sheinbaum, exigen ya una defensa jurídica firme. México tiene dos vías: un tribunal estadounidense o la OMC, aunque esta última enfrenta el riesgo de que sus fallos no sean ejecutados por EE. UU.

Además del daño económico, alertaron sobre impactos migratorios y violaciones a derechos humanos. La ANAD anunció asistencia legal a connacionales y oficinas en el norte del país. La presión internacional crece, pero la respuesta mexicana aún no llega.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no encubrirá al senador Adán Augusto López si la Fiscalía General de la República (FGR) tiene acusaciones en su contra. Sheinbaum enfatizó la autonomía de la FGR para investigar vínculos delictivos o actos de corrupción, y reiteró que nadie será protegido, sea militante de Morena o no, pero también rechazó linchamientos mediáticos.

López, por su parte, se ha declarado dispuesto a comparecer, haciendo un llamado a “cerrar filas” en torno al Gobierno. Esto surge en medio de investigaciones contra su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, buscado por Interpol por presuntos vínculos criminales.

Durante la gestión de López en Tabasco, la violencia se disparó, con un aumento del 83% en asesinatos entre 2019 y 2024, además de incrementos en cobros de piso y desapariciones. La postura de la Presidenta subraya un compromiso con la justicia, desmarcándose de cualquier implicación política en el caso.

Financiera para el Bienestar (Finabien) distribuirá 100 mil tarjetas en Estados Unidos antes de enero de 2026, cuando entrará en vigor un impuesto del 1% a las remesas. Con esta tarjeta, los migrantes mexicanos podrán enviar dinero a sus familias en México de forma más económica y segura, con comisiones que bajarán de 3.99 a 2.99 dólares por envío, frente a los 7 dólares que cobran otras remesadoras.

La titular de Finabien, Rocío Mejía, aseguró que esta opción también protege a los migrantes de operativos migratorios, pues evita que tengan que acudir a casas de cambio o consulados donde podrían encontrarse con agentes del ICE. El trámite es gratuito y se puede realizar en línea o en los 53 consulados de México en EE.UU.

En México, los beneficiarios pueden obtener la tarjeta en cualquiera de las mil 700 sucursales de Finabien. El sistema permite almacenar hasta 20 mil dólares y realizar compras sin necesidad de efectivo.

Fitch Ratings degradó a nivel basura los bonos de CIBanco, Intercam y Vector, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de EE. UU. por fallas en sus controles contra el lavado de dinero. Además, anunció que dejará de evaluarlos por no renovar contrato de servicios. La decisión implica una fuerte pérdida de confianza y eleva el riesgo de impago para inversionistas, que ahora exigen mayores rendimientos a cambio del riesgo.

La calificadora explicó que las instituciones muestran un deterioro financiero, daño reputacional, fuga de clientes y disminución en operaciones diarias. Aunque no hay incumplimientos hasta ahora, las entidades enfrentan una seria advertencia del mercado y observación negativa. También fueron retiradas las calificaciones de afiliadas como CICasa de Bolsa y Finanmadrid.

Mientras tanto, el gobierno mexicano ha insistido en que no hay investigaciones penales abiertas contra particulares. Sin embargo, las sanciones del Tesoro y la pérdida de respaldo de Fitch agravan el golpe al sector financiero involucrado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México defenderá el jitomate nacional ante la imposición de un arancel del 17.09% por parte de Estados Unidos, que ha dado por terminado el Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping. Sheinbaum advirtió que esta medida tendrá un mayor impacto en el mercado estadounidense, ya que es “muy difícil sustituir el jitomate mexicano”, del cual dos de cada tres consumidos en EU provienen de México.

La mandataria leyó un comunicado de asociaciones de productores, quienes resaltaron que México abastece 4 mil 300 millones de libras del consumo total de jitomate en EU, sin que otros países puedan reemplazar esa producción a corto o mediano plazo. Sheinbaum indicó que los agricultores de Florida son los principales impulsores de esta cuota compensatoria. Además, sugirió que la medida podría buscar “desgastar” a su administración, pero México se prepara para todos los escenarios.

Por lo tanto, la presidenta anunció que la próxima semana se presentarán acciones en favor de los productores de jitomate y ganaderos, en el marco del Plan México, para contrarrestar los cierres fronterizos injustos. Asimismo, Altagracia Gómez, del Consejo Asesor Empresarial, señaló que los empresarios mexicanos dialogan con sus pares estadounidenses para abordar estos aranceles, buscando soluciones ante la creciente presión comercial.

La administración del presidente Donald Trump ha impuesto un nuevo arancel del 17.09% a las exportaciones mexicanas de tomate, reabriendo una vieja disputa comercial de 1996. Esta medida, que afecta 2,800 millones de dólares anuales, busca proteger a los agricultores estadounidenses, ignorando acuerdos previos que por décadas habían normalizado el comercio.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó la decisión como “injusta”, acusando a Estados Unidos de descartar propuestas de acuerdo por “razones políticas”. Ebrard argumentó que la competitividad del tomate mexicano se debe a su calidad, no a prácticas desleales, y advirtió que el arancel afectará a los consumidores estadounidenses, quienes dependen en gran medida del producto mexicano.

Ante esta situación, que impacta directamente a productores como los de Sinaloa, México evalúa buscar nuevos mercados internacionales o explorar el procesamiento del tomate para añadir valor. La estrategia gubernamental y de los productores es de unidad y resistencia, esperando que, como en el pasado, la razón prevalezca y se logre un nuevo acuerdo.