El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó el plan de Modernización de la compra pública de medicamentos, con el objetivo de garantizar un abasto más eficiente y homogéneo en todo el país. La estrategia busca fortalecer el sistema de salud mediante criterios de calidad, seguridad y uso adecuado de recursos.

Asimismo, explicó que el modelo se basa en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que distingue entre medicamentos esenciales, complementarios y no esenciales. Los primeros serán prioritarios, al ser indispensables para la atención médica general y de mayor impacto en la población.

El funcionario destacó que esta reorganización permitirá optimizar los recursos disponibles y mejorar la distribución. Además, se busca actualizar constantemente el catálogo de insumos, sustituyendo aquellos menos eficaces por alternativas más seguras, conforme avance el conocimiento médico y las necesidades del sistema de salud.

El Senado de la República aprobó con modificaciones la reforma electoral conocida como plan B, al excluir las disposiciones relacionadas con la revocación de mandato. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados tras obtener mayoría calificada, luego de más de seis horas de debate en el pleno.

La reforma fue avalada en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra. El respaldo del Partido del Trabajo resultó determinante, aunque condicionó su apoyo a eliminar los cambios al artículo 35 constitucional. Esta modificación evitó que se adelantara la consulta de revocación y que pudiera ser promovida por la persona titular del Ejecutivo.

El dictamen mantiene medidas de austeridad, como la reducción de presupuestos en congresos estatales y en el Senado, así como ajustes salariales a funcionarios electorales. Durante la discusión, legisladores de oposición criticaron la propuesta, mientras la mayoría sostuvo que la reforma fortalece el sistema democrático y reduce costos institucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma a la Ley Minera de 2022 que establece al litio como patrimonio de la nación y reserva su explotación exclusivamente al Estado. El fallo desechó una acción promovida por legisladores que cuestionaban la validez de esta disposición.

Por unanimidad, el pleno determinó que la reforma no vulnera el marco constitucional vigente. La resolución consideró que los argumentos de la oposición quedaron sin sustento tras la modificación constitucional de 2024, que incorporó al litio como área estratégica y prohibió concesiones a particulares, reforzando la rectoría del Estado sobre este recurso.

Asimismo, el tribunal concluyó que no era necesaria una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos, al tratarse de una norma general sin impacto directo. Indicó que este requisito se activa únicamente cuando existan proyectos específicos que puedan afectar a las comunidades en el territorio nacional.

El gobierno federal enviará al Congreso una iniciativa para expedir una Ley General en materia de feminicidio, con el objetivo de homologar su investigación y sanción en todo el país. La propuesta contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión y busca establecer un modelo único para reducir la impunidad.

Asimismo, el proyecto plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio. Incluye la incorporación de nueve razones de género para acreditar el delito, como violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia y relaciones de poder, además de protocolos obligatorios con perspectiva de género.

Además, la iniciativa prevé que el delito sea imprescriptible y se persiga de oficio. También contempla la certificación de fiscales especializados, la coordinación entre autoridades y la pérdida de derechos de los responsables, como la patria potestad, tutela y beneficios sobre bienes de las víctimas, con el fin de fortalecer la justicia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el aplazamiento de ataques contra la infraestructura eléctrica de Irán tras lo que calificó como conversaciones “muy buenas y productivas”. Sin embargo, autoridades iraníes desmintieron la existencia de contactos y rechazaron cualquier diálogo con Washington en el actual contexto de confrontación.

El mandatario señaló que las conversaciones buscan una resolución del conflicto en Medio Oriente y que, derivado de ello, ordenó posponer por cinco días cualquier acción militar contra instalaciones energéticas iraníes. La decisión se produce tras un fin de semana marcado por amenazas mutuas y un ultimátum sobre el estrecho de Ormuz.

Desde Teherán, medios estatales y la cancillería negaron negociaciones y consideraron que las declaraciones buscan ganar tiempo y reducir los precios de la energía. En paralelo, Irán reiteró advertencias de represalias, mientras la tensión persiste y los mercados reaccionan con alta volatilidad internacional.

El gobierno federal anunció el envío al Senado del llamado plan B de reforma electoral, que plantea reducir privilegios en el sistema político y fortalecer mecanismos de participación ciudadana. La propuesta incluye modificaciones constitucionales y legales, así como ajustes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigentes.

Entre los principales cambios se contempla la reducción de regidurías en municipios y la limitación de una sindicatura por ayuntamiento. Asimismo, se establecen topes presupuestales para congresos locales y límites salariales para funcionarios electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores al titular del Ejecutivo federal en funciones.

Además, el proyecto plantea fortalecer la revocación de mandato, permitiendo su realización en el tercer o cuarto año del sexenio. También incorpora medidas de transparencia financiera para partidos políticos, como el uso obligatorio del sistema bancario, la prohibición de recursos en efectivo y restricciones a financiamiento extranjero.

El gobierno federal presentó una estrategia integral para atender la violencia en 61 municipios del país con mayores índices delictivos. La propuesta contempla ampliar recursos para programas sociales y desarrollar obras de infraestructura orientadas a la prevención del delito y a la reconstrucción del tejido social en esas localidades.

Durante una reunión con alcaldes de distintas fuerzas políticas, autoridades federales plantearon impulsar proyectos educativos, culturales y deportivos, además de mejorar servicios urbanos. Entre las acciones previstas se encuentran la instalación de luminarias, pavimentación de calles, construcción de preparatorias y creación de senderos seguros en zonas prioritarias.

Asimismo, se acordó fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales para atender las causas de la violencia. Los municipios establecerán enlaces directos con autoridades federales para facilitar la ejecución de programas y reducir tanto la incidencia delictiva como la percepción de inseguridad entre la población.

El gobierno federal informó que los homicidios dolosos en el país registraron una reducción de 44 por ciento entre septiembre de 2024 y febrero de 2026. De acuerdo con datos oficiales, el promedio diario pasó de 86.9 casos a 48.8, lo que representa 38 homicidios menos cada día respecto al inicio del periodo.

Asimismo, autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalaron que febrero de 2026 se ubicó como el febrero con menor incidencia desde 2015. La tendencia, añadieron, muestra una disminución constante mes con mes, reflejando un descenso sostenido en diversos estados durante el actual periodo de gobierno.

No obstante, la incidencia continúa concentrada en ciertas regiones. Ocho entidades —Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca— acumulan 54.2 por ciento de los casos. Mientras tanto, 26 estados reportaron reducciones en su promedio diario de homicidios durante el mismo lapso analizado.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la implementación del Plan Kukulkán, una estrategia diseñada para garantizar condiciones de seguridad antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes en México a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El programa es coordinado por el gobierno federal en conjunto con autoridades de Jalisco, Nuevo León y la capital del país. Además, integra la participación de más de 20 instancias federales, así como corporaciones estatales y municipales encargadas de tareas de prevención y respuesta.

La estrategia también contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA. Entre sus objetivos se encuentran fortalecer el intercambio de información, mejorar la planeación operativa y atender de manera oportuna posibles riesgos durante la realización del torneo.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el Consejo Nacional de Inversiones en Palacio Nacional para dar seguimiento al llamado Plan México. Al encuentro asistieron representantes del sector privado y funcionarios federales, con el objetivo de revisar proyectos destinados a impulsar la inversión y el crecimiento económico.

Entre los participantes destacaron el empresario Carlos Slim, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. También estuvo presente Francisco Cervantes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, junto con otros representantes empresariales.

El encuentro forma parte de los mecanismos de diálogo entre el gobierno federal y la iniciativa privada para fortalecer la llegada de capitales al país. Estas reuniones buscan dar continuidad a estrategias de inversión y coordinar proyectos que impulsen el desarrollo económico nacional.