La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo para fortalecer la industria siderúrgica en México, con el objetivo de incrementar la producción nacional y utilizar las compras públicas como motor de desarrollo económico.

El plan, impulsado dentro del llamado “Plan México”, contempla tres ejes: contrataciones públicas, financiamiento para infraestructura y compromisos en proyectos de alto impacto. La secretaria Raquel Buenrostro explicó que se busca elevar el contenido nacional y generar mayor valor agregado en la producción.

Como parte del acuerdo, el sector privado se comprometió a garantizar calidad, abasto oportuno y precios competitivos. El gobierno destacó que esta estrategia busca consolidar a la industria del acero como un pilar clave para el crecimiento económico y la ejecución de obras públicas en el país.

Morena renovará su dirigencia nacional el próximo 3 de mayo durante su octavo Congreso Nacional Extraordinario, donde también se discutirán reformas a sus estatutos. El encuentro se realizará en el World Trade Center y será el máximo órgano del partido el encargado de avalar los cambios.

La convocatoria fue aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional, en medio de versiones sobre la posible llegada de Ariadna Montiel a la presidencia del partido. La actual dirigente, Luisa Alcalde, dejará el cargo para integrarse al gobierno federal, al igual que el secretario de Finanzas, Iván Herrera.

Los nuevos nombramientos estarán vigentes hasta octubre de 2027. Morena señaló que este proceso busca fortalecer su organización interna, preservar el legado de Andrés Manuel López Obrador y respaldar el gobierno de Claudia Sheinbaum rumbo a futuros procesos electorales.

El contralmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, fue detenido en Buenos Aires, Argentina, acusado de encabezar una red de tráfico ilegal de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal. El exmando naval estaba prófugo desde noviembre y era buscado mediante ficha roja de Interpol.

La captura se realizó con fines de extradición, luego de que ingresara a territorio argentino con identidad falsa y un pasaporte guatemalteco. En México enfrenta cargos por delincuencia organizada, relacionados con la simulación de importaciones de combustible para evadir el pago de impuestos.

De acuerdo con las autoridades, la red operaba en aduanas como Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Tampico, donde el combustible era declarado como lubricantes o aditivos. El caso involucra a funcionarios, marinos y civiles, y ya ha derivado en otras detenciones, incluida la de su hermano, también exmando naval.

El Senado de la República citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui, para que expliquen la presencia de agentes estadounidenses en un operativo donde murieron dos de ellos. Legisladores buscan esclarecer posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

El acuerdo aprobado solicita un informe detallado sobre los hechos, incluyendo cronología, participantes y comunicaciones con autoridades federales. Senadores advirtieron que la actuación sin notificación al gobierno federal podría implicar afectaciones a la soberanía nacional.

Durante el debate, legisladores de Morena y oposición confrontaron posturas. Mientras algunos defendieron la facultad del Senado para exigir cuentas, otros acusaron un uso político del caso. El órgano legislativo subrayó que se trata de un ejercicio de control y transparencia ante hechos de relevancia nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los dos agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua colaboraban con autoridades estatales, aunque subrayó que se investiga si su presencia cumplía con la legislación mexicana. Señaló que cualquier operación extranjera debe apegarse a la Ley de Seguridad Nacional.

Tras reportes de que los agentes pertenecerían a la CIA, la mandataria advirtió que, de confirmarse acciones fuera del marco legal, se solicitarán explicaciones al gobierno de Estados Unidos. También pidió a la Fiscalía General de la República indagar posibles violaciones a la Constitución.

Sheinbaum demandó al gobierno de Chihuahua transparentar la información sobre el operativo. El caso ocurre en medio de mayor presión de Washington para combatir al narcotráfico, mientras autoridades mexicanas reiteran que la colaboración internacional debe respetar la soberanía nacional.

El gobierno de México reiteró su compromiso con los derechos humanos durante la visita del alto comisionado de la ONU, Volker Türk. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en el país estos se respetan no sólo por mandato constitucional, sino por convicción del Estado.

Durante reuniones con diversas dependencias, autoridades presentaron avances en la búsqueda de desaparecidos, atención a víctimas y protección de mujeres, pueblos indígenas y defensores ambientales. También se destacó la cooperación con organismos internacionales para fortalecer la justicia y la reparación del daño.

El funcionario de la ONU sostuvo encuentros con el Poder Judicial y otras instituciones, donde se subrayó la importancia de la independencia judicial. Ambas partes coincidieron en continuar la colaboración para mejorar las políticas públicas y garantizar los derechos fundamentales de toda la población.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay justificación para los recientes aumentos en el precio del diésel y advirtió que su gobierno realizará revisiones a gasolineras que encarezcan el combustible. Señaló que existen subsidios y reducción del IEPS para mantener costos bajos.

La mandataria explicó que, pese al apoyo público destinado a contener el precio, algunos establecimientos venden el diésel por encima de lo esperado. Por ello, la Profeco mantiene operativos con colocación de lonas para alertar a consumidores sobre precios excesivos.

Sheinbaum adelantó que se realizarán inspecciones en coordinación con el SAT y otras dependencias. Además, sostuvo que continuará el diálogo con gasolineros para evitar abusos, ya que el encarecimiento del diésel impacta directamente en el costo del transporte y de mercancías en todo el país.

Los presidentes de Brasil y España, Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez, advirtieron sobre el aumento de conflictos internacionales y el debilitamiento del multilateralismo durante la cumbre progresista en Barcelona. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de fortalecer la democracia frente al avance del extremismo.

Lula afirmó que “nuestra guerra es para reducir las desigualdades entre los países” y subrayó que la democracia debe traducirse en beneficios concretos para la población. También alertó sobre el auge de discursos radicales que debilitan las instituciones y cuestionó el rumbo actual de los sistemas democráticos.

Por su parte, Sánchez llamó a defender la cooperación internacional, el derecho global y los derechos humanos. Destacó que, frente a la confrontación, su apuesta es por la paz y la prosperidad compartida. Ambos mandatarios coincidieron en que la democracia requiere reformas y una defensa activa ante los retos actuales.

Sesenta y tres países y la Unión Europea expresaron su profunda preocupación por la crisis humanitaria en Líbano, marcada por miles de víctimas civiles, destrucción de infraestructura y el desplazamiento de más de un millón de personas tras la ofensiva militar israelí en la región.

En una declaración conjunta desde la ONU, los gobiernos condenaron los ataques contra fuerzas de paz y advirtieron que podrían constituir crímenes de guerra. También pidieron reforzar su protección y exigieron que los responsables rindan cuentas conforme al derecho internacional vigente.

Diversos líderes internacionales intensificaron los llamados al cese de hostilidades. Alemania, Reino Unido, Canadá y Australia urgieron retomar el diálogo, mientras Francia mantiene apoyo humanitario. Las críticas apuntan a que la escalada militar amenaza el frágil equilibrio regional y podría comprometer cualquier avance hacia la paz.

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma electoral conocida como plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de una sesión que se prolongó por más de 16 horas y estuvo marcada por confrontaciones entre las distintas fuerzas políticas representadas en el recinto legislativo.

La reforma fue avalada con 343 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 124 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de una abstención. El proyecto modifica artículos constitucionales para reducir presupuestos de congresos estatales, número de regidores y salarios de consejeros y magistrados electorales.

Durante la discusión, el ambiente se tensó con descalificaciones entre legisladores, lo que derivó en un debate prolongado con más de cien intervenciones. Mientras el bloque oficialista defendió la iniciativa como una medida de austeridad y eficiencia, la oposición advirtió riesgos para la democracia, el federalismo y la autonomía institucional.