El senador Adán Augusto López Hernández rechazó este miércoles sentir preocupación por las declaraciones que pueda rendir Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante su gestión como gobernador y recientemente detenido en Paraguay. “¿Y si Bermúdez canta? Pues sabe cantar, ¿no?”, respondió con ironía ante los cuestionamientos de la prensa.

López Hernández afirmó que nunca recibió reportes ni advertencias sobre presuntas actividades ilícitas de Bermúdez, a quien se le vincula con la organización criminal La Barredora. El legislador por Morena aseguró que está en plena disposición de aclarar cualquier señalamiento y descartó dejar su escaño en el Senado por este caso.

Mientras tanto, el Ministerio Público de Paraguay confirmó la expulsión de Bermúdez, alias “El Abuelo”, hacia México, tras desistirse la solicitud formal de extradición. La decisión permitió que un juez paraguayo dejara sin efecto el proceso judicial. El episodio, que liga de nuevo la política con el crimen organizado, abre preguntas incómodas sobre los controles institucionales y la cercanía de funcionarios con redes criminales.

La enfermedad de Chagas, causada por el parásito Trypanosoma cruzi y transmitida por chinches conocidas como vinchucas, dejó de ser un problema ajeno a América Latina y se reconoce ahora como endémica en Estados Unidos. Un informe de los CDC advierte que la falta de vigilancia y diagnóstico temprano ha permitido que se propague silenciosamente en varios estados del sur y, con el cambio climático, incluso más al norte.

Aunque los síntomas iniciales son leves, hasta un 30 % de los infectados desarrolla complicaciones graves como insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares. Se estima que unas 280 mil personas en EE.UU. viven con la enfermedad, muchas sin saberlo. Casos en humanos ya han sido registrados en ocho estados, mientras que mamíferos silvestres y domésticos infectados se reportan en al menos 17.

Expertos subrayan que declarar al Chagas endémico sería un “cambio de juego”, al abrir la puerta a campañas de prevención, pruebas masivas y políticas públicas como las aplicadas en Chile, Bolivia o Argentina. Sin embargo, en EE.UU. los programas para controlar chinches son casi inexistentes. La urgencia es clara: sin acción coordinada, el costo humano y sanitario seguirá creciendo.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha consolidado su posición como el principal proveedor de cocaína hacia Estados Unidos, reveló The Wall Street Journal. El ascenso se debe a una alianza estratégica con “Los Chapitos”, quienes le permitieron usar sus rutas y túneles fronterizos a cambio de armas, dinero y sicarios.

El diario señala que Oseguera, de 59 años, se mantiene oculto en la Sierra Madre Occidental, protegido por un grupo armado con lanzacohetes RPG-7 capaces de perforar tanques. Además del narcotráfico, el CJNG obtiene enormes ganancias del robo y contrabando de combustible en México, actividad dirigida por Iván Cazarín Molina, apodado “El Tanque”.

La división interna del Cártel de Sinaloa entre “Chapitos” y “Mayitos” facilitó el avance del CJNG, que ahora controla gran parte de la cocaína proveniente de Sudamérica. El retrato de Oseguera como “nuevo rey” refleja la mutación del mapa criminal mexicano y el impacto directo en la seguridad regional y binacional.

Desde el 15 de septiembre comenzó el registro digital de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas de nuevo ingreso y para quienes cursan primero o segundo y aún no la reciben. El trámite es gratuito y se realiza en becaritacetina.gob.mx con la Llave MX, que debe crear o usar la madre, el padre o tutor. El apoyo asciende a 1,900 pesos bimestrales y contempla 700 pesos extra en hogares con más de dos hijos en secundaria.

Para inscribirse, se validan CURP y datos de contacto, se suben identificación oficial y comprobante de domicilio, y luego se registra al estudiante con su CURP y la CCT de la escuela. El sistema precarga información y solicita nivel, turno, grado y parentesco; al final se genera un comprobante de registro.

Aunque el proceso es simple, exige conectividad, documentos digitalizados y seguimiento puntual. Conviene evitar gestores, revisar diariamente el calendario de septiembre y conservar el comprobante para futuras verificaciones.

A partir del 1 de octubre entrará en vigor la disposición oficial que obliga a todos los usuarios de banca electrónica a establecer un Monto Transaccional del Usuario (MTU), es decir, el límite máximo de dinero que podrá transferirse mediante operaciones SPEI, CoDi o Dimo. La medida busca reforzar la seguridad y prevenir delitos financieros como el lavado de dinero.

El monto será definido por cada cliente, de acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, en caso de no hacerlo, el sistema fijará de manera automática un máximo de 12 mil 360 pesos por transacción. Autoridades precisaron que el límite dependerá del tipo de cuenta, el historial transaccional y el perfil del usuario, lo que implica que cuentas básicas tendrán un tope menor en comparación con cuentas corporativas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México señalaron que este mecanismo permitirá mayor control en el sistema financiero. No obstante, especialistas advierten que el cambio puede representar un reto para quienes acostumbran transferencias de mayor monto, obligando a usuarios y empresas a redefinir su planeación financiera. La discusión sobre si el MTU será una barrera o una garantía de seguridad apenas comienza.

México, Estados Unidos y Canadá iniciaron el proceso de consultas previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), programada para julio de 2026. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que los sectores involucrados en el país tendrán 60 días para enviar comentarios y propuestas a través de un mecanismo digital publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En paralelo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó que además de recabar opiniones, celebrará una audiencia en noviembre para definir los capítulos a revisar. Canadá, por su parte, acompaña el inicio de este proceso con la visita oficial de su primer ministro, Mark Carney, quien se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir comercio, energía y seguridad como ejes de integración regional.

El TMEC, vigente desde 2020, representa el 29% del PIB mundial y ha permitido a México un crecimiento sostenido de exportaciones, con aumentos de hasta 38% hacia Estados Unidos y 32% hacia Canadá. Sin embargo, la revisión abre interrogantes: ¿logrará México defender los beneficios alcanzados y, al mismo tiempo, negociar nuevas condiciones en un escenario global marcado por el proteccionismo y la competencia de otros bloques económicos?”

Durante la ceremonia previa al desfile militar por el 215 aniversario de la Independencia, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que la institución dio un “golpe de timón” contra la corrupción y la impunidad. Reconoció que altos mandos navales estuvieron involucrados en el robo y tráfico de combustible, pero subrayó que “hubiera sido imperdonable callarlo”, al recalcar que la Marina actuó con honestidad y transparencia.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, representantes del gabinete y delegaciones extranjeras, Morales aseguró que cualquier desafío será enfrentado con honor, lealtad y deber. Sin mencionar directamente a los implicados en la red de huachicol fiscal, sostuvo que la decisión de exponer los hechos fue un ejercicio de congruencia y compromiso con el pueblo, al reiterar que “la verdad nos fortalece y la justicia nos determina”.

El almirante destacó que con la Cuarta Transformación no hay marcha atrás en el combate a la corrupción y que la Marina seguirá siendo una de las instituciones más confiables del país. Sin embargo, el reto pendiente es profundo: más allá de los discursos, el verdadero desafío será evitar que estos esquemas ilícitos vuelvan a enquistarse en estructuras de poder, lo que pondría a prueba la credibilidad del Estado mexicano.

El Gobierno de México, a través de Conagua, impulsa una política de justicia social para garantizar que el agua sea un derecho y no una mercancía. Mediante el programa Proagua, en 2025 se construyeron y ampliaron 161 obras de agua potable y 79 de alcantarillado, beneficiando a 240 mil habitantes, además de rehabilitar 270 sistemas de agua potable y 62 de drenaje para más de 4 millones de personas.

También se invirtieron 926 millones de pesos en infraestructura de saneamiento con Prosanear, lo que incluyó 12 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales y la rehabilitación de otras siete. Tras el paso del huracán John, se destinaron más de 100 millones de pesos para reparar sistemas de agua en Guerrero, garantizando continuidad del servicio en Acapulco y Técpan de Galeana.

Con convenios en 29 entidades, el gobierno federal programó 230 nuevas acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento, junto con 16 plantas de tratamiento adicionales. A 11 meses de gestión, la presidenta Claudia Sheinbaum refrenda su compromiso de hacer del acceso al agua un derecho humano, priorizando a las comunidades más vulnerables.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, Margaret Satterthwaite, advirtió que México debe impedir la distribución de “acordeones” y otras irregularidades en la elección judicial de 2027. Señaló que la magnitud de la reforma, que sustituyó la carrera judicial por el voto popular, podría alinear resoluciones con intereses políticos antes que con principios legales.

Recordó que en 2025 el país renovó casi 900 jueces federales y cerca de dos mil locales, la mayor transformación judicial en un solo proceso en su historia. En una carta al gobierno mexicano, expresó preocupación por la opacidad de los Comités de Evaluación y la inclusión de candidatos presuntamente vinculados al crimen organizado.

La ONU llamó a garantizar independencia y transparencia en los próximos comicios judiciales. México enfrenta así el reto de consolidar su democracia sin poner en duda la legitimidad de quienes imparten justicia.

El Senado de la República aplicará una política de austeridad en 2026 que permitirá ahorrar 500 millones de pesos, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez. La medida contempla la suspensión de viajes al extranjero, que calificó como “turismo parlamentario”, sin afectar la diplomacia, pues las delegaciones internacionales serán recibidas en México.

Castillo defendió además las decisiones arancelarias del gobierno federal como una estrategia para proteger la producción nacional y fortalecer el mercado interno. Aseguró que se busca corregir los efectos del endeudamiento indiscriminado en Pemex, acumulado en administraciones anteriores, y garantizar que hacia 2027 la petrolera pueda sostenerse sin transferencias federales.

La senadora adelantó que la reforma para combatir la extorsión será de las primeras en discutirse en el nuevo periodo legislativo. Recalcó que este delito, con alto impacto social, será atendido en tiempo y forma para dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la población.