La filial Gasolinas Bienestar, perteneciente a Pemex, rechazó entregar comprobantes de los pagos realizados por Cuba por la importación de combustibles, argumentando que no es sujeto obligado en materia de transparencia. Entre 2023 y 2025 se enviaron hasta 23 mil barriles diarios, con un valor de mil 300 millones de dólares, cifra que representa el 3.3% de las exportaciones totales de la petrolera.

Frente a esta opacidad, el empresario Ricardo Salinas Pliego acusó en redes sociales al gobierno federal de financiar al régimen cubano con recursos públicos, asegurando que “se roba el dinero público para apoyar a un régimen dictatorial”. También insinuó que parte de esos fondos podrían beneficiar a Morena, calificando el esquema como un “negocio redondo”.

La polémica refleja la tensión entre el derecho ciudadano a conocer el destino de los recursos públicos y el blindaje legal que utilizan algunas filiales estatales. La falta de claridad en operaciones de esta magnitud abre un debate urgente sobre transparencia, rendición de cuentas y los límites de la cooperación internacional.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, puso a disposición de “La Barredora” agentes y patrullas de la corporación estatal para resguardar traslados de droga, secuestros y la distribución de combustible robado de ductos de Pemex, que era vendido en gasolineras locales.

Las investigaciones ministeriales señalan que operadores como Daniel Hernández Montejo, alias El Prada, recibieron escoltas oficiales y vehículos para consolidar sus actividades, entre ellas levantones, coordinación de células delictivas y extorsiones en casinos. Otros cómplices, como Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero, también usaban recursos de la SSP para tráfico de migrantes y cobro de piso.

Con este cúmulo de pruebas, la Femdo consiguió la orden de aprehensión que mantiene recluido a Bermúdez en el penal del Altiplano. El fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez, confirmó que será el martes cuando un juez defina su situación jurídica, en audiencias que se realizan a distancia bajo estricta seguridad.

El Senado negó la licencia solicitada por Irlanda Gabriela Pacheco Torres, jueza penal recién electa en Iztapalapa, quien buscaba ausentarse casi siete meses para concluir actividades en la Agencia Nacional de Aduanas, donde percibe un sueldo de 116 mil pesos mensuales. Legisladores de diversas bancadas cuestionaron su actuación y coincidieron en que no había causa justificada para concederle el permiso.

En el debate, la senadora Malú Mícher pidió directamente que Pacheco renunciara al cargo, mientras Guadalupe Murguía y Alejandra Barrales señalaron la gravedad de que ocupara simultáneamente dos funciones públicas. La Comisión de Justicia recomendó dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración por considerar una falta su proceder.

La priista Carolina Viggiano recordó que Pacheco fue defensora de un miembro de la Unión Tepito, lo que elevó las críticas a su perfil. El dictamen, avalado en el Pleno, refuerza la polémica en torno a la reciente reforma judicial y los cuestionamientos sobre la idoneidad de quienes llegaron a juzgados mediante el nuevo sistema electoral.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la puerta de honor de Palacio Nacional, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba. Entre gritos aislados de protesta en el Zócalo, ambos mandatarios encabezaron la ceremonia protocolaria con la entonación de los himnos nacionales y la presentación de sus comitivas.

El encuentro tiene como eje fortalecer la relación bilateral más allá del marco del TMEC. En su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que México buscará ampliar el intercambio comercial y profundizar el programa de visas de trabajo para que más connacionales laboren legalmente en Canadá.

La visita ocurre en un contexto de revisión del tratado comercial y de interés mutuo por diversificar cadenas de suministro. Se espera que al finalizar la jornada ambos líderes detallen los acuerdos alcanzados, en un momento clave para redefinir la integración de Norteamérica.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue ingresado la noche del jueves al penal federal del Altiplano bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El traslado desde Paraguay duró más de 30 horas, con escalas en Bogotá y Tapachula, donde la FGR le notificó la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.

Identificado por autoridades como presunto líder de “La Barredora”, brazo del CJNG, Bermúdez fue capturado el 12 de septiembre en Asunción y expulsado por el gobierno paraguayo. Se prevé que este viernes se realice la audiencia inicial en su contra y la de sus presuntos operadores.

El exfuncionario fue jefe de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López, quien negó haber recibido reportes sobre su conducta ilícita. El caso representa un golpe político y judicial de alto perfil, con implicaciones directas en la relación entre viejos aliados y el poder federal.

Desde el 1 de octubre, quienes usen banca digital en México deberán establecer el Monto Transaccional del Usuario (MTU), que fija el tope máximo por transferencia. La medida de la CNBV busca reforzar la seguridad en operaciones electrónicas. Si no se configura antes del 30 de septiembre, a partir de enero de 2026 los bancos impondrán automáticamente un límite de 12,500 pesos por operación.

El MTU aplicará a transferencias vía SPEI, pagos de tarjetas de crédito y servicios. Para CoDi, Dimo y Transferencias Express, seguirá vigente un tope de 1,500 UDIS por transacción diaria. Los usuarios podrán ajustar su monto en cualquier momento desde las plataformas digitales de su banco.

Paralelamente, el SAT recuerda que las transferencias entre familiares o amigos que superen 600,000 pesos deben reportarse, de lo contrario podrían acarrear multas de hasta 35,000 pesos. Una regulación que, entre seguridad y fiscalización, redefine los márgenes de confianza en el sistema bancario.

Observadores electorales entregarán al INE un informe final donde acreditan prácticas irregulares en la elección judicial del 1 de junio. Entre los hallazgos se registraron reparto de acordeones dentro y fuera de casillas, acarreo, coacción del voto e incluso la presencia de funcionarios federales influyendo en el electorado. En total, se reportaron 488 incidentes en más de 51 mil casillas observadas.

Los testimonios describen desde votantes con acordeones enviados por WhatsApp hasta escrutadoras dictando cómo marcar boletas con apoyo de celulares. En algunos casos, se constató que ciudadanos votaban en pareja sin justificación, mientras en otros, presuntas funcionarias de programas sociales orientaban directamente a los asistentes durante simulacros y la jornada.

Las propuestas de los observadores piden prohibir el ingreso de propaganda y sancionar la inducción del voto mediante acordeones. El informe coloca al proceso bajo un fuerte cuestionamiento: ¿qué valor tiene la validación institucional si persiste la manipulación en la base misma de la elección?

La Casa Blanca anunció que iniciará investigaciones contra grupos y personas de izquierda, a quienes acusa de incitar violencia tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Donald Trump, junto con sus asesores más cercanos, prometió usar al Departamento de Justicia y al de Seguridad Interna para “desmantelar” estas redes, e incluso mencionó como objetivos a fundaciones como Open Society y Ford.

Aunque el atacante de Kirk no pertenece a movimientos progresistas, la administración republicana ha impulsado una narrativa que responsabiliza a la izquierda radical. Expertos advierten que se trata de un retorno al macartismo y a la represión de los años 50 y 60, cuando se criminalizó a voces críticas y académicas vinculadas a derechos civiles.

Universidades, medios y organizaciones filantrópicas ya denuncian intimidación y listas negras. El riesgo es que, bajo la bandera de la seguridad, se erosione la libertad de expresión y se asiente un precedente de persecución política en Estados Unidos.

La Cámara de Diputados aprobó con 438 votos una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que obliga a proveedores a permitir la cancelación inmediata de suscripciones y membresías con cobros recurrentes. La propuesta fue presentada por Ricardo Monreal y avalada en fast track, tras dispensarse los trámites legislativos.

El coordinador de Morena justificó la urgencia al relatar que él mismo fue víctima de un servicio que no pudo cancelar, lo que lo llevó a caer en buró de crédito. La iniciativa ahora pasará al Senado para su discusión y eventual aprobación.

La reforma establece que los proveedores deberán informar de manera clara si un servicio implica cobros automáticos, además de notificar con cinco días de anticipación cualquier renovación. También se prohíben penalizaciones por cancelación y se exige contar con mecanismos accesibles y eficaces para poner fin al servicio.

El abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald negó haber tramitado amparos a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Zacatecas por usurpación de identidad y falsificación de documentos. El litigante aseguró que su nombre fue usado sin autorización, como ya ocurrió hace tres años en un recurso vinculado a Rafael Caro Quintero.

Rodríguez Smith, de 34 años, explicó que apenas inició su carrera profesional hace dos años y que nunca ha tenido relación con los casos en los que se le involucra. Señaló que le preocupa ser usado como “conejillo de indias” en estrategias jurídicas irregulares y recordó que en el expediente incluso aparece un nombre distinto al suyo, lo que confirma la falsificación.

El abogado cuestionó cómo fue posible que un amparo sin firma electrónica fuese autorizado por un juzgado federal, cuando la normatividad exige el uso de la Firel. “Si no denuncio, lo harán otra vez”, dijo. El caso expone la vulnerabilidad del sistema judicial frente al uso indebido de identidades en trámites sensibles y reaviva las tensiones políticas en torno a los hijos del exmandatario.