Pese al incremento en los homicidios dolosos reportados por la Fiscalía de Tabasco, el gobernador Javier May aseguró que tiene “otros datos”. Durante una conferencia, el morenista restó importancia a las cifras, atribuyendo las críticas a ataques mediáticos sin fundamento.

“Los golpes mediáticos no me han hecho nada”, declaró, reiterando que la ciudadanía sabe quién dice la verdad. Las declaraciones surgen en medio de reportes que apuntan a un alza sostenida en delitos de alto impacto en la región.

Aunque el discurso político busca apelar a la confianza ciudadana, desestimar datos oficiales puede profundizar la desinformación y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas. En un contexto de violencia creciente, negar la realidad puede ser más riesgoso que enfrentarla.

Durante su visita a Acapulco, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe sobre los avances en la reconstrucción del puerto tras los huracanes Otis y John. Anunció una inversión de más de 3 mil millones de pesos para este año, incluyendo obras de Conagua y la Secretaría de Infraestructura.

Frente a la población local, Sheinbaum aprovechó el acto para promover la participación ciudadana en la elección judicial del próximo 1 de junio. “Hay que votar por jueces, magistrados y ministros”, dijo, entre elogios de simpatizantes y quejas de damnificados que aún no han recibido apoyo.

Aunque el monto anunciado representa una cifra significativa, la politización del evento y el descontento de algunos sectores reflejan tensiones no resueltas. La justicia social, mencionada por la mandataria, no puede limitarse a discursos o inversiones anunciadas: debe traducirse en atención efectiva, equitativa y sin oportunismos electorales.

Una jueza federal rechazó la solicitud de libertad anticipada del exalcalde Hugo Amed Schultz, condenado por participar en el asesinato de la periodista Miroslava Breach. La defensa argumentó que ya cumplió la mitad de su condena, pero la autoridad determinó que representa un riesgo para víctimas y testigos.

Durante la audiencia, la jueza María Elena López desechó los argumentos de la defensa y validó los señalamientos de la Fiscalía de Derechos Humanos, que advirtió intentos de intimidación hacia testigos del caso. La sentencia de ocho años fue dictada en 2021, bajo un juicio abreviado.

El caso evidencia las tensiones entre los mecanismos de reinserción y la garantía de justicia para víctimas de crímenes contra periodistas. En un país con altos niveles de impunidad, decisiones como esta envían una señal necesaria sobre la gravedad de atentar contra la libertad de expresión.

Durante los foros organizados por el Senado sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, expertos señalaron riesgos en la creación de la Agencia Digital. José Antonio García, de la CIRT, advirtió sobre la falta de mecanismos de supervisión y la posibilidad de decisiones unilaterales en la revocación de concesiones.

Jorge Bravo, del Derecho a la Información, consideró que la iniciativa representa un retroceso, al concentrar funciones críticas en una sola figura sin contrapesos. A su juicio, es necesario integrar un consejo ciudadano especializado que aporte diversidad y vigile el ejercicio del poder con transparencia.

La falta de límites para una Agencia con atribuciones tan amplias amenaza libertades fundamentales y debilita la democracia digital. Si no se incorporan controles reales, la reforma podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias, censura o uso político de las telecomunicaciones en detrimento del interés público.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el derrame en un ducto hacia Dos Bocas fue de aproximadamente 300 barriles. Aseguró que el ducto, instalado en los años 70, ya está en reparación y que el proceso de limpieza está en marcha, con posibles apoyos para pescadores afectados.

Pemex reconoció el incidente y detalló que la fuga fue originada en un ducto que conecta la Plataforma Akal-C con la Terminal Marítima de Paraíso, Tabasco. El derrame alcanzó siete kilómetros de costa, afectando cinco playas, manglares, pelícanos, cultivos de ostras y comunidades pesqueras.

Aunque las autoridades aseguran que se actuó rápidamente, la respuesta oficial fue posterior a las primeras denuncias. El caso vuelve a evidenciar los riesgos ambientales de la infraestructura obsoleta de Pemex y la necesidad urgente de mecanismos de prevención y reparación ambiental más sólidos.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, acusó la existencia de una “cofradía de jueces corruptos” en Tamaulipas que estaría frenando los procesos penales contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Exigió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) actuar y garantizar el cumplimiento de la ley.

La denuncia se da en medio de una serie de recursos legales que han impedido que la Fiscalía avance en las investigaciones. Gutiérrez Luna aseguró que hay jueces que operan como red de protección política, bloqueando las órdenes de aprehensión y manipulando resoluciones judiciales en favor del exmandatario panista.

El caso revive el debate sobre la independencia judicial en México, donde algunos tribunales parecen funcionar como refugio de intereses partidistas. La credibilidad del Poder Judicial depende no solo de su actuación legal, sino de su disposición a romper con la impunidad que sigue contaminando las estructuras del Estado.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, declaró que la Cámara alta no tiene atribuciones constitucionales para retirar a los aspirantes al Poder Judicial, aun cuando existan denuncias o antecedentes cuestionables. Aseguró que corresponde al INE resolver el tema, y que el proceso electoral seguirá su curso.

Durante una entrevista, el legislador morenista se mostró confiado en que la elección del 1 de junio será ejemplar y que la ciudadanía sabrá votar con responsabilidad. Ante las críticas sobre la falta de filtros éticos en las candidaturas, Noroña reiteró que cualquier inconformidad podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral.

La negativa del Senado a actuar frente a candidatos con historial dudoso pone en entredicho el compromiso con la integridad del proceso. Si los actores políticos se escudan en tecnicismos para evitar depurar la boleta, la ciudadanía queda sola ante una elección que exige más ética que formalismos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Beatriz Gutiérrez Müller está en su derecho de obtener la ciudadanía española, luego de que el diario ABC de España reportara que la esposa del expresidente López Obrador inició el trámite. “No tengo más información”, dijo Sheinbaum, sin mayores comentarios.

Según el diario madrileño, Gutiérrez Müller habría optado por este trámite por vía familiar y con intenciones académicas. También se recordó su participación en la carta enviada en 2019 al Rey de España para exigir disculpas por la Conquista, lo que marcó un quiebre diplomático.

Aunque el trámite es legal, resulta contradictorio que quien protagonizó un conflicto político con España ahora busque su nacionalidad. Más allá del trámite personal, el episodio invita a cuestionar la congruencia ética y política de quienes se han beneficiado del poder en nombre de la soberanía, pero optan por rutas que ellos mismos descalificaron en el discurso oficial.

Roberto Gil Zuarth advirtió que la 4T podría usar el mecanismo de cancelación de candidaturas judiciales con fines políticos. Según el ex senador, existe el riesgo de que el procedimiento se utilice para excluir perfiles incómodos, más allá de los casos con antecedentes criminales documentados.

La advertencia surge tras la solicitud del Congreso al INE para retirar a 26 aspirantes, algunos bajo investigación penal. Aunque se justifica una depuración real, Gil cuestiona los criterios poco transparentes que podrían abrir la puerta a decisiones discrecionales desde el poder.

Si bien se requieren filtros para evitar que el crimen organizado infiltre al Poder Judicial, usarlos como herramienta para consolidar control político socava la legitimidad del proceso. Convertir una necesidad institucional en un instrumento de exclusión partidista marcaría un grave retroceso democrático en la pretendida reforma de justicia.

Sergio Salomón, nuevo titular del INM, anunció una revisión integral de las estancias migratorias para salvaguardar la integridad tanto de migrantes como de los funcionarios. La medida fue confirmada durante el acto conmemorativo por la Batalla de Puebla.

Salomón señaló que se establecerán protocolos de emergencia y vigilancia constante. También se reunirá con la CNDH para atender temas pendientes, mientras defendió la presencia de la Guardia Nacional como acompañamiento, no como mando operativo.

Aunque la revisión parece oportuna, llega tarde tras el incendio de 2023 que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez. El reto ahora es evitar que estas acciones sean meros gestos institucionales sin consecuencias estructurales. La militarización del control migratorio sigue encendiendo alarmas y requiere de respuestas claras, transparentes y centradas en los derechos humanos.