El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fue citado a comparecer el próximo 20 de agosto ante la juez de control Patricia Sánchez Nava, quien ordenó su detención por delitos relacionados con un desfalco de más de 3 mil millones de pesos. La imputación incluye peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa por contratos irregulares para construir cuarteles policiales.

Aureoles ya acudió al Centro de Justicia Penal Federal para notificarse formalmente de la orden, lo que mantiene vigente una suspensión provisional que impide su aprehensión hasta que se resuelva el amparo. Cuatro exfuncionarios de su administración ya fueron vinculados a proceso por los mismos hechos.

Aunque ha evitado la detención mediante recursos legales, la comparecencia abre un capítulo clave en la investigación. El caso pone a prueba la capacidad del sistema judicial para sancionar actos de corrupción de alto nivel y evitar que la figura del amparo se convierta en sinónimo de impunidad.

Luego de que Estados Unidos le retirara la visa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, negó tener cuentas bancarias en ese país y calificó como falsas las versiones difundidas en medios. A través de redes sociales, afirmó que no posee activos en el extranjero y que continuará “con la frente en alto”.

Sin embargo, la mandataria no aclaró si su esposo, Carlos Torres, también señalado, posee cuentas en el extranjero. La omisión alimentó el debate público, sobre todo porque ambos fueron notificados de la revocación consular el mismo día y bajo supuestos similares.

El retiro de visas sin explicación oficial suele estar vinculado a sospechas por parte del gobierno estadounidense; sin embargo, aunque no implica acusación formal, la falta de información por parte del gobierno mexicano impide comprender el trasfondo del caso.

Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos presentó cargos por “narcoterrorismo” contra integrantes de un cártel mexicano. Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel, presuntos líderes de los Beltrán Leyva, fueron acusados por el Departamento de Justicia bajo la orden ejecutiva 14157 firmada por Donald Trump.

La imputación, considerada inédita, fue anunciada desde la recién creada Unidad de Narcoterrorismo en California; junto a ellos, otros cinco miembros enfrentan cargos tradicionales como tráfico de drogas y lavado de dinero. Según las autoridades, los Inzunza dirigían una red de tráfico de fentanilo que ya había sido blanco de operativos binacionales.

Esta acusación marca un nuevo giro en la narrativa de seguridad bilateral, al vincular al narcotráfico mexicano con el terrorismo. El uso de esta categoría legal podría justificar nuevas políticas de presión internacional y abre un precedente con implicaciones diplomáticas y judiciales tanto para México como para sus socios comerciales.

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, anunció que el gobierno federal se enfocará en la remediación de al menos 50 sitios altamente contaminados, entre ellos la presa Endhó en Hidalgo y el río Sonora. Esta medida forma parte del Programa de Medio Ambiente 2025-2030 que busca revertir décadas de daño ambiental en comunidades históricamente afectadas.

Durante el arranque de los foros de consulta, Bárcena destacó que este esfuerzo estará ligado a la Secretaría de Salud para atender también las secuelas en la salud pública. Además de la limpieza de zonas contaminadas, el programa contempla metas como la reforestación masiva, el combate a la tala ilegal y una reducción significativa de gases de efecto invernadero.

La inclusión de justicia ambiental como eje central refleja un cambio importante en la política ambiental. Sin embargo, la deuda ambiental con muchas regiones del país exige más que promesas: requiere voluntad política, vigilancia ciudadana y resultados verificables.

Al menos quince familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, incluida su exesposa Griselda López y varios hijos, cruzaron voluntariamente a Estados Unidos por el puerto de San Isidro, en Tijuana. De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, fueron recibidos por agentes del FBI, lo que sugiere una entrega pactada.

Este movimiento habría sido solicitado por Ovidio Guzmán como parte de una negociación previa a su declaración de culpabilidad en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas, incluyendo a la presidenta Sheinbaum, solicitaron al Departamento de Justicia compartir información formalmente con la FGR, dado que el capo fue extraditado desde México en 2023.

La entrega podría significar un viraje clave en la estructura del Cártel de Sinaloa. Si bien la seguridad familiar se entiende como prioridad, el pacto implícito revela tensiones internas, posibles traiciones y un reacomodo del poder criminal. La justicia binacional enfrenta ahora el reto de procesar sin opacidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con empresarios del sector alimentario para revisar los términos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), implementado desde noviembre de 2024. Este acuerdo fija un precio máximo de 910 pesos para una canasta básica que busca mitigar el impacto económico en los hogares mexicanos.

A la reunión asistieron representantes de grandes cadenas como Walmart, Chedraui, Bimbo y Bachoco, además del secretario de Hacienda, Edgar Amador. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó un informe sobre las empresas que han cumplido con los precios pactados.

La continuidad del acuerdo dependerá de los ajustes que los empresarios consideren viables ante la inflación persistente. Sin embargo, su éxito a largo plazo exige que el Estado refuerce mecanismos de vigilancia y garantice que las medidas no queden sujetas exclusivamente a la voluntad del mercado.

En medio de tensiones legislativas, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, afirmó que la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro debe corresponder al PAN. Recordó que desde 2024 existe un acuerdo de rotación entre Morena, PAN y PVEM, en ese orden. Por ello, pidió respetar lo pactado.

El legislador sostuvo que Acción Nacional es la segunda fuerza política y, por tanto, le corresponde liderar la Cámara durante el segundo año. Ante cuestionamientos sobre maniobras del Verde para disputar el cargo, Moreira respondió que espera respeto a los acuerdos institucionales entre fuerzas aliadas.

La pugna revela las fragilidades de los pactos parlamentarios cuando entran en juego ambiciones coyunturales. Si el PVEM insiste en alterar lo acordado, no solo tensiona a sus aliados, también debilita la credibilidad del Congreso ante la ciudadanía. Cumplir lo pactado es clave para la estabilidad legislativa en un año electoral.

Por primera vez, el INE comenzará el cómputo de votos de la elección judicial la misma noche del 1 de junio. Guadalupe Taddei, consejera presidenta, explicó que el proceso será público y se actualizará en tiempo real desde las cabeceras distritales. A las 23:30 horas se informará el avance general.

Este conteo se distingue del PREP o conteo rápido, pues será un cómputo definitivo que abarcará, en días sucesivos, todos los cargos del Poder Judicial: desde la SCJN hasta jueces de Distrito. Los observadores podrán participar durante todas las etapas de recolección y cómputo.

El anuncio busca generar confianza en medio de un proceso inédito. Sin embargo, el INE deberá garantizar no solo la transparencia técnica, sino también la credibilidad política de una elección que ha sido cuestionada por su diseño institucional, la idoneidad de candidaturas y la neutralidad del aparato estatal.

Claudia Sheinbaum fue recibida con aplausos durante la 88 Convención Bancaria, marcando un giro simbólico en la relación entre la izquierda y el sector financiero. Sin confrontación y sin mencionar el Fobaproa, la presidenta pidió ampliar el crédito a mipymes y modernizar el sistema bancario.

El nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, coincidió en la necesidad de reforma judicial, planteando tribunales especializados en finanzas. La banca respaldó a Sheinbaum con elogios y promesas de colaboración digital, mientras se omitieron críticas sobre tasas de interés y ganancias.

El encuentro reveló que el sector financiero no solo se acomoda al nuevo gobierno, sino que lo acompaña con entusiasmo. La omisión de temas sensibles como el Fobaproa muestra cómo el poder económico puede moldear la agenda pública, sin necesidad de levantar la voz.

En el Día de las Madres, la ONU-DH en México instó al gobierno a atender con mayor contundencia las exigencias de madres buscadoras. Reconoció que, si bien hay esfuerzos institucionales, estos siguen siendo excepcionales y requieren ser consolidados y expandidos para atender la magnitud del problema.

El organismo internacional emitió un comunicado con diez recomendaciones, entre ellas garantizar la investigación de los delitos, proteger a las buscadoras y fortalecer las capacidades forenses. Asimismo, llamó a cumplir con los estándares internacionales y mejorar la coordinación interinstitucional en todos los niveles de gobierno.

La oficina del Alto Comisionado celebró la decisión presidencial de priorizar la agenda de desapariciones, pero insistió en que los compromisos deben traducirse en acciones concretas y sistemáticas. La apertura al diálogo con colectivos y organismos especializados es clave para construir una política efectiva y digna.