La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por 15 meses a Ansof Comercializadores por entregar información falsa durante un proceso de licitación con Birmex. Además, impuso una multa de más de 841 mil pesos por incumplir requisitos técnicos con documentación alterada.

Según el procedimiento PA-0004/2025, la empresa presentó informes apócrifos supuestamente emitidos por laboratorios acreditados, con el fin de obtener contratos para proveer uniformes y equipo de protección. La sanción fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo.

Aunque la medida busca reforzar la legalidad en las compras públicas, deja en evidencia el riesgo persistente de corrupción en las contrataciones gubernamentales. Si no se establecen mecanismos de fiscalización más amplios y sanciones penales efectivas, las inhabilitaciones seguirán siendo correctivos aislados en un sistema vulnerable.

El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano para fortalecer la certeza jurídica en la próxima elección judicial. La medida contempla asistencia durante la jornada y en el cómputo distrital de votos, con servicios notariales en todo el país.

Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, destacó que esta colaboración permitirá una respuesta coordinada ante los actos jurídicos requeridos. La homologación de criterios entre notarios dará unidad al procedimiento, especialmente en momentos clave del proceso.

Aunque el acuerdo refuerza la legalidad del proceso, también evidencia la complejidad inédita de esta elección; frente al descrédito institucional, garantizar integridad no solo depende de infraestructura o convenios: requiere confianza ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. El acto tuvo lugar este lunes en Palacio Nacional, como parte del protocolo de bienvenida oficial al cuerpo diplomático acreditado en el país.

Además del embajador estadounidense, Sheinbaum recibió a diplomáticos de Argelia, República Dominicana, Colombia y Eslovaquia. Johnson, exagente de la CIA y coronel retirado del ejército estadounidense, llega tras la salida de Ken Salazar y habla español con fluidez.

Si bien el gesto refuerza la continuidad diplomática, el perfil militar y de inteligencia de Johnson anticipa una gestión enfocada en seguridad y control regional. En un contexto de tensiones migratorias y económicas, la relación entre ambos gobiernos dependerá no solo del protocolo, sino del equilibrio entre cooperación y soberanía.

Joe Biden reveló que padece un cáncer de próstata con metástasis ósea. El anuncio fue acompañado por mensajes de apoyo global, incluido uno privado del rey Carlos III, quien también enfrenta tratamiento oncológico.

El exmandatario agradeció el respaldo y aseguró que “el cáncer nos toca a todos”. Sin embargo, voces como la del vicepresidente JD Vance cuestionaron si la enfermedad ya afectaba su desempeño cuando aún ocupaba la presidencia de EE.UU.

Este nuevo episodio reabre el debate sobre la transparencia médica de los líderes políticos. Aunque la compasión es necesaria, también lo es exigir claridad cuando la salud interfiere con el ejercicio del poder público.

El empresario Ricardo Salinas Pliego llamó a boicotear la elección del Poder Judicial del 1 de junio. A través de su cuenta en X, difundió un video donde califica la votación como una “farsa”. En su mensaje, exhortó a la ciudadanía a rechazar lo que considera una simulación.

Pliego afirmó que participar en esa elección “legitima un golpe de Estado” y criticó el proceso como moralmente inaceptable. Durante un foro académico, también señaló que la reforma judicial fue aprobada mediante presiones y compra de votos por parte de Morena.

Al sostener que el proceso es ilegítimo y fraudulento, su postura plantea una crítica frontal al sistema electoral y al oficialismo. El llamado al boicot, sin embargo, también abre el debate sobre los límites entre la protesta legítima y la desinformación que erosiona la confianza democrática.

Con la instalación del Consejo Nacional del Sistema de Acceso a la Información Pública, el gobierno formalizó la sustitución del INAI tras su desaparición. Raquel Buenrostro, quien preside el nuevo órgano, aseguró que se mantendrán los principios de transparencia, pero ahora con un presupuesto 65% menor.

El nuevo sistema será coordinado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que argumenta una reestructuración orientada a la eficiencia administrativa. Según Buenrostro, los recursos que antes se destinaban al INAI se canalizarán a mejorar plataformas tecnológicas y a fortalecer la vigilancia ciudadana.

Sin embargo, el anuncio ha generado escepticismo entre organizaciones civiles que alertan sobre la falta de autonomía del nuevo órgano. Si bien se prometen resultados con menos recursos, el riesgo es reducir la vigilancia institucional y debilitar el contrapeso frente al poder.

Senadores del PRI celebraron el revés que sufrió el proyecto fiscal de Donald Trump en el Congreso de EU, el cual incluía un impuesto del 5% a las remesas. Manuel Añorve advirtió que no es una victoria definitiva, pues el tema podría retomarse en próximos debates presupuestarios.

Añorve y la senadora Claudia Anaya coincidieron en que este tipo de propuestas perjudican tanto a la economía familiar en México como al sistema financiero binacional. Además, destacaron la organización de la comunidad migrante, que presionó con éxito a los legisladores republicanos.

Sin embargo, el riesgo persiste. Mientras el gobierno mexicano celebra, la oposición advierte que la política migratoria fiscal de EU puede radicalizarse. Urge un esfuerzo diplomático sostenido para defender a quienes sostienen millones de hogares con sus remesas, y no convertirlos en rehenes de intereses electorales.

Tras el ataque ocurrido en Tlaquepaque, Jalisco, donde murieron dos capacitadores de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las víctimas no eran colaboradores de la embajada de Estados Unidos. La vocería consular en Guadalajara confirmó esta versión en un comunicado oficial.

En su visita a Baja California Sur, Sheinbaum explicó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá detalles del caso, mientras el Consulado reiteró que las víctimas no eran empleados de la misión diplomática, aunque lamentó el crimen y ofreció condolencias a sus familias.

Este tipo de eventos vuelve a poner en la mesa el delicado vínculo entre crimen organizado, cooperación bilateral y la percepción pública. La ambigüedad en los primeros reportes alimentó especulaciones que, sin aclaraciones oportunas, pueden escalar a tensiones diplomáticas innecesarias.

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fue citado a comparecer el próximo 20 de agosto ante la juez de control Patricia Sánchez Nava, quien ordenó su detención por delitos relacionados con un desfalco de más de 3 mil millones de pesos. La imputación incluye peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa por contratos irregulares para construir cuarteles policiales.

Aureoles ya acudió al Centro de Justicia Penal Federal para notificarse formalmente de la orden, lo que mantiene vigente una suspensión provisional que impide su aprehensión hasta que se resuelva el amparo. Cuatro exfuncionarios de su administración ya fueron vinculados a proceso por los mismos hechos.

Aunque ha evitado la detención mediante recursos legales, la comparecencia abre un capítulo clave en la investigación. El caso pone a prueba la capacidad del sistema judicial para sancionar actos de corrupción de alto nivel y evitar que la figura del amparo se convierta en sinónimo de impunidad.

Luego de que Estados Unidos le retirara la visa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, negó tener cuentas bancarias en ese país y calificó como falsas las versiones difundidas en medios. A través de redes sociales, afirmó que no posee activos en el extranjero y que continuará “con la frente en alto”.

Sin embargo, la mandataria no aclaró si su esposo, Carlos Torres, también señalado, posee cuentas en el extranjero. La omisión alimentó el debate público, sobre todo porque ambos fueron notificados de la revocación consular el mismo día y bajo supuestos similares.

El retiro de visas sin explicación oficial suele estar vinculado a sospechas por parte del gobierno estadounidense; sin embargo, aunque no implica acusación formal, la falta de información por parte del gobierno mexicano impide comprender el trasfondo del caso.