Durante la administración de Sheinbaum, al menos un alcalde ha sido asesinado cada mes, revelan cifras de la consultora DataInt. Desde 2018 cuando la administración morenista comenzó Oaxaca, Michoacán y Guerrero han sido los estados más afectados por la violencia política.

La mayoría de los crímenes permanecen impunes. Solo cinco han resultado en detenciones y únicamente uno en sentencia. La situación refleja la creciente vulnerabilidad de autoridades locales frente al crimen organizado y la falta de protección institucional.

Expertos advierten que los gobiernos municipales son blanco fácil debido a su escasa capacidad de defensa y a los vacíos de poder que muchas veces enfrentan. A pesar del discurso oficial, los datos confirman que la inseguridad sigue penetrando los niveles más básicos de gobierno.

La SRE llamó a los nuevos cónsules en EE.UU. a fortalecer su cercanía con la comunidad migrante. La canciller Alicia Bárcena urgió a que los consulados operen como centros de bienestar, no solo de trámites, y pongan atención especial en salud, justicia y derechos civiles.

Se busca ampliar la defensoría, mejorar servicios médicos y atender casos de discriminación. También se instruyó prepararse ante un entorno político adverso en EE.UU., con posibles políticas antiinmigrantes tras las elecciones. La cancillería advirtió que la red consular debe actuar con sensibilidad, rapidez y firmeza.

En el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, esta estrategia marca un giro más activo en política exterior. Los consulados deberán dejar de ser oficinas lejanas y convertirse en refugios cotidianos para los más de 37 millones de personas mexicanas que viven al norte del país.

El Senado aprobó la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para crear en su lugar la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Con 70 votos a favor y 43 en contra, la reforma avanza como parte del paquete de simplificación orgánica promovido por Morena.

El nuevo órgano absorberá funciones de la Cofece y de otras instancias regulatorias, como el IFT y la CRE, bajo un enfoque de centralización. Opositores advierten que se vulnera la autonomía y se abre la puerta a un mayor control político sobre los mercados.

La reforma será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión. De concretarse, implicaría un cambio profundo en el sistema antimonopolios del país. Expertos alertan sobre el debilitamiento de los contrapesos y la posible afectación a la certidumbre económica y al clima de inversiones.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que trabajará de forma coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad fronteriza y combate al crimen organizado. Su declaración se dio durante la conmemoración del Día de la Independencia estadounidense.

En su primer discurso oficial, Johnson destacó que ambos países son más que vecinos: son socios y familia. Afirmó que el gobierno de Donald Trump mantiene firme su compromiso de combatir a los cárteles, a los que considera organizaciones terroristas extranjeras.

Johnson subrayó que el objetivo común es frenar el tráfico de fentanilo, armas y personas. Añadió que la frontera está cerrada para toda actividad ilegal, aunque evitó referirse directamente a las redadas migratorias. El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, estuvo presente pero se retiró antes del mensaje. El nuevo embajador dejó claro que la cooperación bilateral será eje central de su gestión.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sería una injusticia si la Suprema Corte falla a favor de Grupo Salinas, empresa con adeudos fiscales por más de 74 mil millones de pesos. Señaló que detrás de las críticas a la reforma judicial están intereses empresariales que buscan evitar el pago de impuestos.

Durante su conferencia, la procuradora fiscal Grisel Galeano explicó que el grupo ha promovido 74 litigios desde 2008, con estrategias para dilatar resoluciones firmes. Actualmente, tres casos activos en la SCJN involucran 26 mil millones de pesos, en medio de acusaciones de uso abusivo del sistema judicial.

Sheinbaum insistió en que la reforma al Poder Judicial busca erradicar privilegios, frenar la corrupción y garantizar justicia equitativa. Reiteró que el desenlace de los juicios será un referente clave sobre la independencia de la Corte. “No creo que se atrevan a fallar contra el pueblo de México”, concluyó la mandataria.

La Cámara de Diputados recibió la minuta para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado. La iniciativa también modifica el Código Penal Federal para fortalecer el combate al crimen organizado.

Según la Mesa Directiva, el objetivo central es proteger la economía y el sistema financiero mediante la detección oportuna de recursos de origen ilícito. La reforma contempla sanciones más severas y mayores facultades para identificar estructuras que financien actividades delictivas.

La iniciativa incorpora recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que permitirá al país cumplir estándares internacionales y evitar sanciones. El proceso legislativo continúa en comisiones, donde se evaluará el alcance de los cambios. Su eventual aprobación marcaría un paso clave en el fortalecimiento del marco legal contra el lavado de dinero y la protección de la estabilidad económica del país.

Catorce gobernadores firmaron una carta de intención para iniciar los primeros 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar. El plan, parte del llamado Plan México, busca detonar inversión y empleo mediante estímulos fiscales y coordinación federal-estatal.

Marcelo Ebrard detalló que se deducirá hasta el 100% en activos fijos, 25% en capacitación y otro 25% en investigación. Se proyectan 300 mil empleos y una inversión equivalente al 1.5% del PIB. Las industrias abarcan desde agroindustria hasta semiconductores y economía circular.

Aunque la visión es ambiciosa y multisectorial, su éxito dependerá del seguimiento real y la ejecución eficiente. Sin mecanismos transparentes y rendición de cuentas, los “polos” corren el riesgo de quedarse en papel… y repetir errores de modelos fallidos del pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien incluyó a México en una lista de enemigos de EE.UU. junto con Irán y Rusia por el tráfico de fentanilo. “No está muy informada”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad y adelantó que se formalizará un nuevo acuerdo con Washington. Reiteró que México mantiene coordinación con respeto a la soberanía y desmintió cualquier narrativa que lo coloque como adversario.

Se trata de una nueva confrontación simbólica. Mientras México busca acuerdos, desde Washington se alimentan discursos que confunden cooperación con amenaza. Nombrar enemigos sin distinguir responsabilidades compartidas no soluciona crisis… pero sí gana votos.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó a México entregar información sobre posibles prácticas sistemáticas o generalizadas de desapariciones forzadas. El Estado mexicano deberá responder antes del 18 de septiembre, previo al 29º periodo de sesiones del Comité.

El organismo internacional reconoció avances recientes, pero señaló que ha recibido información creíble que justificaría presentar el caso ante la Asamblea General. Documentos de organizaciones civiles apuntan a patrones de desaparición en estados como Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz, con posible participación de autoridades.

El Comité subraya que hay más de 28 mil desapariciones reportadas entre 2023 y abril de 2025, así como fosas comunes y un contexto de violencia organizada. La gravedad de los hallazgos plantea cuestionamientos directos sobre la actuación estatal y el combate a la impunidad. La respuesta de México será clave para definir si el caso escala al máximo órgano de Naciones Unidas.

La Comisión Permanente recibió dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la reforma judicial. Una de ellas propone proteger la identidad de jueces, magistrados y ministros que atiendan casos vinculados con delincuencia organizada, mediante un nuevo marco normativo.

Se plantean cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que permitirán establecer mecanismos de resguardo y revisión periódica de dichas medidas. También se crean criterios objetivos para su aplicación, como amenazas previas o capacidad de daño de los grupos criminales.

Además, se reconoce el principio de justicia pronta y expedita, con modificaciones que limitan la discrecionalidad judicial y reorganizan los plazos del proceso penal. La propuesta integra las nuevas figuras del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Fiscal, en un intento por reducir el rezago y fortalecer la seguridad del sistema de justicia federal.