El médico y escritor Arnoldo Kraus, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y pionero en los estudios de bioética en México, falleció este sábado a los 74 años. La universidad lo recordó como un “#OrgulloUNAM” y como una de las voces más sensibles en torno a la relación médico-paciente, el duelo y el debate sobre la laicidad.

Fundador del Seminario Permanente de Bioética, Kraus dejó una amplia obra que incluye ensayos y colaboraciones con el artista Vicente Rojo, además de libros como Apología del lápiz (2011) y Apología de las cosas (2016). Su legado se distingue por unir la ética con la literatura, siempre en defensa de la dignidad humana.

Su partida marca el cierre de una trayectoria ejemplar, en la que la medicina se entendió como un acto de humanidad antes que como un procedimiento técnico. Queda la pregunta de si la bioética seguirá ocupando el lugar prioritario que él ayudó a conquistar en la vida pública del país.

Ismael “El Mayo” Zambada no pudo retirarse del narcotráfico porque su supervivencia dependía de mantener una compleja red de sobornos a funcionarios de todos los niveles. Desde finales de los sesenta hasta gobiernos recientes, el capo siempre encontró protección institucional a cambio de dinero.

El entramado incluyó autoridades civiles, militares y de seguridad vinculadas a distintos partidos. Aunque su fortuna se calcula en 15 mil millones de dólares, gran parte se destinó a asegurar impunidad. Romper con esta cadena de pagos habría significado quedar desprotegido ante las mismas instituciones que lo blindaron por más de cinco décadas.

El caso muestra cómo la corrupción enraizada en el Estado convierte en ficción la idea del retiro para capos históricos. La permanencia de Zambada en el negocio fue menos una elección que una condena: sostener un sistema donde crimen y poder político se retroalimentan, revelando la fragilidad institucional mexicana.

A las cinco de la mañana, en la zona arqueológica de Cuicuilco, el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Lenia Batres participaron en una ceremonia de “consagración” de bastones de mando. El acto, realizado a puerta cerrada y con invitados de Oaxaca y San Juan Chamula, buscó simbolizar autoridad, servicio y compromiso con la impartición de justicia.

La ceremonia estuvo resguardada por personal de emergencia y seguridad, sin acceso a medios. Según la agenda, la actividad concluyó a las siete de la mañana, marcando el inicio simbólico de la nueva etapa del Poder Judicial tras la elección popular de ministros.

Sin embargo, la presencia de Felipe Ignacio Echenique, investigador del INAH, abrió la controversia. El especialista acusó un uso político del bastón de mando y la violación de acuerdos que protegen zonas arqueológicas. Este cuestionamiento invita a reflexionar si los nuevos símbolos de poder abren un camino de legitimidad cultural o, por el contrario, profundizan tensiones históricas sobre la apropiación del patrimonio.

El Instituto Nacional Electoral dio por concluido el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial con la entrega de 13 constancias de mayoría, alcanzando un total de 79 cargos asignados. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, destacó que este ejercicio no fue solo una innovación, sino una evolución cultural que marca un precedente en la elección de integrantes de los tres poderes mediante voto popular.

Durante la sesión extraordinaria, Taddei subrayó que las constancias otorgadas representan un compromiso con la certeza jurídica y la voluntad ciudadana, al atender resoluciones del Tribunal Electoral en materia de nulidades, paridad de género e idoneidad académica. Enfatizó que todas las personas electas cuentan con idéntico valor jurídico y democrático, sin importar si su triunfo se definió en cómputo inmediato o tras revisión jurisdiccional.

El proceso, inédito en la historia nacional, consolida un nuevo modelo de legitimidad en el que la justicia se ejerce con base en el voto popular. No obstante, plantea el reto de que este avance no se limite a la forma, sino que también garantice independencia y confianza ciudadana en la práctica cotidiana del Poder Judicial.

El proceso Mi Derecho, Mi Lugar sustituyó al antiguo COMIPEMS y permitió inscribir a más de 272 mil jóvenes en el ECOEMS 2025. Aun así, no todos lograron ingresar al plantel de su preferencia, lo que genera incertidumbre sobre sus alternativas educativas inmediatas.

La deserción escolar sigue siendo un desafío: en el ciclo 2023-2024, 430 mil estudiantes abandonaron la preparatoria, es decir, 117 cada día. Además de los límites económicos, influyen el desinterés, la falta de apoyos familiares y la ausencia de aprendizajes significativos que conecten con la etapa que atraviesan los adolescentes.

Frente a este reto, iniciativas como las becas de Amigos de la Juventud (Fundaju) y Grupo Educación surgen como opción concreta. Permiten cursar preparatoria en instituciones privadas de calidad y fomentan un acompañamiento integral. El desafío es garantizar que el derecho a estudiar no dependa de la suerte ni del contexto social.

El PRI pidió que la Contraloría del Senado y la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena investiguen los supuestos “donativos” recibidos por Gerardo Fernández Noroña, así como la adquisición de propiedades y autos de lujo que, afirman, rebasan su sueldo legislativo. Según el representante priista Emilio Suárez, la ley prohíbe a los servidores públicos aceptar dádivas y obliga a reportar su origen y carga fiscal.

La bancada priista advirtió que los órganos internos no han actuado con imparcialidad, pero insistió en la necesidad de transparentar el caso. Morena respondió en el INE defendiendo a Noroña y acusando al líder priista Alejandro Moreno de “delincuente con fuero” y de usar la violencia como recurso político.

La confrontación revela cómo el debate sobre austeridad y ética en la función pública se ha convertido en arma de desgaste político. La pregunta pendiente es si este caso abrirá realmente una investigación seria o quedará reducido a un intercambio de acusaciones.

El Senado se prepara para un cambio en la Mesa Directiva con la designación de Laura Itzel Castillo como nueva presidenta, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña. La legisladora aseguró que trabajará con “institucionalidad”, pero sin renunciar a sus principios ni a su trayectoria de izquierda, respaldando las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Castillo, arquitecta y política con experiencia en cargos legislativos y de gobierno, destacó la importancia del respeto en el debate parlamentario, incluso en medio de fuertes discusiones con la oposición. Subrayó que la política debe ser un “vehículo civilizatorio”, con espacio para la confrontación de ideas sin perder el diálogo.

El nombramiento fue celebrado por Morena como un paso hacia una mayor representación femenina en la conducción del Senado. Castillo afirmó que mantendrá en alto sus convicciones de izquierda para impulsar el trabajo legislativo en favor del pueblo. La expectativa será si logra equilibrar institucionalidad y principios en un Congreso cada vez más polarizado.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, solicitó a la Secretaría de Gobernación ser integrado al mecanismo de protección tras afirmar que recibió amenazas de Gerardo Fernández Noroña y su colaborador Emiliano González. El priista señaló además que legisladores como Manuel Añorve, Rubén Moreira y Pablo Angulo también han sido intimidados, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

En redes sociales, Moreno aseguró que no dará un paso atrás y acusó al Estado de ejercer persecución contra la oposición. Presentó cargos por amenazas y lesiones contra Noroña, a quien calificó de “corrupto y cobarde”, mientras afirmó que el PRI seguirá defendiendo la democracia.

El episodio recrudece la confrontación política en el Congreso y expone cómo las diferencias parlamentarias se trasladan al terreno judicial. En lugar de abrir diálogo, los protagonistas refuerzan la polarización. ¿Hasta dónde se tensará la cuerda antes de que se apueste por la política como vía de civilidad?

El Senado de la República tomará protesta el 1 de septiembre a ocho de los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que Arístides Rodrigo Guerrero García no podrá asistir tras sufrir un accidente vehicular el pasado 23 de agosto en la Ciudad de México. El ministro electo se encuentra en recuperación y su solicitud de rendir protesta de manera remota fue rechazada por la Mesa Directiva.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que la ausencia no afectará el arranque del nuevo Poder Judicial, pues con ocho ministros se cumple el quórum requerido. Una vez que Guerrero esté en condiciones de presentarse, se le tomará protesta de Ley en sesión ordinaria.

La ausencia temporal del nuevo ministro evidencia la rigidez de los protocolos legislativos y abre debate sobre la posibilidad de contemplar mecanismos extraordinarios en casos de fuerza mayor. Por ahora, el proceso de instalación de la Corte avanzará sin contratiempos, pero con una silla pendiente en su integración completa.

El doble bombardeo israelí contra el hospital Naser, en el sur de Gaza, dejó al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas, y provocó una ola de condenas internacionales. La ONU y organizaciones humanitarias exigieron una investigación inmediata y recordaron que atacar instalaciones médicas y a rescatistas constituye una violación del derecho internacional humanitario.

Gobiernos europeos, como el de España, Francia y Reino Unido, calificaron el ataque de intolerable y exigieron un alto al fuego inmediato. Desde Bruselas, la Unión Europea pidió a Israel cesar la práctica de atacar a periodistas y personal sanitario, mientras que Reporteros Sin Fronteras solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las críticas también apuntaron a la impunidad en que han quedado ataques similares en el pasado. Mientras Israel habló de un “trágico accidente”, la comunidad internacional insiste en que el respeto a los civiles y la protección de informadores y médicos son condiciones ineludibles para cualquier salida política al conflicto.