En la Asamblea General de la ONU, México denunció el “continuo desacato” a la voluntad internacional que exige el fin del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de seis décadas.

El embajador Héctor Vasconcelos reafirmó el respaldo histórico de México a la isla y señaló que las sanciones unilaterales atentan contra la paz y el desarrollo de los pueblos, reflejando aún “los prejuicios de la guerra fría”.

La resolución para poner fin al embargo fue aprobada por 165 países. Vasconcelos reiteró que México aboga por la solución pacífica de controversias y rechaza los bloqueos que dañan el bienestar y la soberanía de las naciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisar con el gobierno de Estados Unidos los protocolos de operación en aguas internacionales cercanas a México, luego de los recientes ataques de autoridades estadounidenses a presuntas “narcolanchas”.

Sheinbaum instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a reunirse con el embajador estadounidense para establecer nuevas reglas de cooperación marítima, que eviten incidentes y posibles violaciones a la soberanía nacional. La propuesta mexicana busca mejorar la coordinación bilateral en el combate al crimen organizado.

El planteamiento del gobierno federal consiste en que, cuando las presuntas embarcaciones del narcotráfico se encuentren cerca del límite marítimo mexicano, se implemente una operación conjunta entre la Marina de México y autoridades estadounidenses, permitiendo la detención directa de tripulantes en lugar de ataques unilaterales.

Productores de maíz del Bajío retomaron anoche el diálogo con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, tras varios días de bloqueos carreteros en distintos estados. En la reunión con el titular de Sader, Julio Berdegué, y el subsecretario César Yáñez, plantearon cuatro demandas centrales para definir un precio justo del grano.

Los agricultores piden que el gobierno no oficialice el precio base de 5 mil 200 pesos por tonelada, planteado por la Sader, y solicitan fungir como intermediario con la industria para garantizar una tarifa equitativa. También exigen elevar el apoyo gubernamental de 850 a mil pesos por tonelada y establecer mesas permanentes de trabajo sobre las reglas de operación.

Como muestra de buena voluntad, liberaron parcialmente algunos bloqueos carreteros y anunciaron una tregua temporal. Sin embargo, advirtieron que, si no hay acuerdos en los próximos días, reanudarán las movilizaciones y podrían escalar las protestas a nivel nacional.

Con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviada ahora al Senado para su análisis constitucional.

El dictamen incorpora cambios propuestos por Ricardo Monreal, entre ellos la reducción de la pena para servidores públicos que omitan denunciar casos de extorsión, que pasará de 10 a 20 años, a un rango de 5 a 12 años de prisión. También se añaden principios de interculturalidad e interseccionalidad, y se establece que la reparación del daño se realizará con recursos de extinción de dominio.

Durante el debate, legisladores del PAN y PRI criticaron la disminución de sanciones al considerarla un retroceso frente a la impunidad, mientras que Morena y PT defendieron la proporcionalidad penal y la creación de un marco único nacional contra la extorsión.

La Secretaría Anticorrupción sancionó a tres empresas por presentar información falsa en contrataciones públicas con la Lotería Nacional, la Sedena y el Instituto Mexicano del Petróleo.

Las compañías Coordinadora y Desarrolladora P&O, Market Solutions Atmosphera y Mundoferremetl fueron multadas e inhabilitadas hasta por 21 meses por falsificar documentos fiscales, de experiencia o de seguridad social.

Las sanciones, ya publicadas en el Diario Oficial, incluyen su registro en el padrón de proveedores castigados, lo que les prohíbe participar en futuras licitaciones o contratos con el gobierno federal.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, aseguró que México mantiene negociaciones con Estados Unidos para reabrir la frontera a las exportaciones de ganado, suspendidas por la detección del gusano barrenador.

Durante la conferencia presidencial, informó que avanza en 30% la construcción de una planta productora de moscas para combatir la plaga y que se trabaja con autoridades estadounidenses en un nuevo sistema móvil para aumentar su producción.

Berdegué confió en erradicar la infestación con una capacidad de cien millones de moscas estériles, concentrando los esfuerzos en el sureste del país, donde se han registrado casi todos los casos detectados.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció una amplia actualización del sistema de educación media superior, que entrará en vigor en 2026. El plan busca garantizar que ningún joven quede fuera del bachillerato por falta de cupo, con la creación de 120 mil nuevos espacios en planteles de todo el país.

Durante la Mañanera del Pueblo, Delgado explicó que el programa incluye la ampliación de 33 carreras técnicas, así como la reconversión de 35 planteles y la construcción de 20 nuevos centros educativos con infraestructura moderna e inclusiva. Estas acciones buscan fortalecer la formación académica y las oportunidades laborales de los estudiantes.

El funcionario destacó que todos los alumnos de este nivel ya reciben la Beca Benito Juárez, lo que contribuye a reducir la deserción escolar. Con estas medidas, la SEP busca consolidar un sistema educativo más equitativo y accesible rumbo a 2026.

Durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres Guadarrama generó polémica al citar un reglamento municipal como fundamento para validar cobros locales, omitiendo la jerarquía constitucional de las normas. Su intervención fue corregida en el momento por la ministra María Estela Ríos González.

Batres sostuvo que el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón era la “norma sustantiva” que permitía los cobros fiscales municipales, en lugar de la ley de ingresos correspondiente. Ríos le recordó que los reglamentos se encuentran subordinados a las leyes y a la Constitución, conforme a la pirámide de Kelsen.

El incidente desató nuevas críticas hacia Batres, quien ha sido señalada por su falta de rigor técnico en discusiones jurídicas. El episodio reaviva el debate sobre el nivel de preparación y el papel de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen de la iniciativa presidencial que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y fortalecer la coordinación entre autoridades.

El presidente de la comisión, Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que la nueva ley establece sanciones de seis a quince años de prisión y multas de hasta quinientas UMAs, además de medidas de protección integral a víctimas y testigos. También crea el Sistema Nacional de Información sobre Extorsión para mejorar la persecución del delito.

Durante el debate, legisladores de todas las fuerzas políticas reconocieron la urgencia de una legislación unificada ante el crecimiento del cobro de piso y las extorsiones telefónicas, delitos que —según Morena— afectan a cinco de cada diez negocios.

Integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de la Educación Media Superior (FNSEMS) se manifestaron este martes frente a Palacio Nacional para exigir al gobierno federal y al Congreso de la Unión la homologación salarial de docentes y trabajadores del nivel medio superior. Demandaron la asignación de 2 mil millones de pesos adicionales al presupuesto educativo.

Los dirigentes sindicales llamaron a la administración federal a “no caer en el juego de echarse la bolita” respecto a la responsabilidad de liberar los fondos públicos. Afirmaron que el compromiso fue pactado desde 2023, pero no se ha cumplido, pese a los acuerdos previos con la autoridad educativa.

El presidente de la Federación de Cecytes, Ramón Gastelum, advirtió que si no hay avances, promoverán un paro nacional que afectaría a más de dos millones de estudiantes. Los manifestantes marcharán hacia San Lázaro y amagaron con bloquear los accesos al recinto legislativo.