Un total de 290 jueces y magistrados federales denunciaron que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha liberado los recursos destinados a sus indemnizaciones tras salir del Poder Judicial. Aunque los fondos fueron transferidos desde abril a la Tesorería de la Federación, calculan que más de 880 juzgadores permanecen sin recibir compensación, lo que podría representar hasta 2,500 millones de pesos retenidos.

Los impartidores de justicia recordaron que la reforma constitucional garantizó el pago de tres meses de salario íntegro más veinte días por cada año de servicio, con cargo a los fideicomisos del Poder Judicial. Además, señalaron que, por mandato de la misma reforma, se les prohibió ejercer su profesión durante los próximos dos años, lo que agrava su situación económica.

El reclamo coloca al gobierno frente a un dilema político y financiero: cumplir de inmediato con la obligación establecida en la Constitución o mantener retenidos los recursos y con ello abrir un flanco de desconfianza hacia la reforma judicial recién aprobada.

La Secretaría de Hacienda propuso un incremento de casi 15 mil millones de pesos para el Poder Judicial en el presupuesto 2026. El gasto pasaría de 70,983 a 85,960 millones, con mayores recursos para el órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina. La Suprema Corte también recibirá un aumento de más de 600 millones de pesos, equivalente a un 12.6%.

En contraste, el proyecto contempla recortes para dependencias clave como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que perdería más de 10 mil millones, y el Instituto Nacional Electoral, con una reducción de cuatro mil millones. También se ajustarán a la baja los recursos de Cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Agrario.

La decisión de fortalecer presupuestalmente al Poder Judicial mientras se debilitan otras áreas sensibles despierta cuestionamientos sobre prioridades en la política pública. El debate se centra en si estos aumentos responden a una estrategia de fortalecimiento institucional o a una negociación política que erosiona la lógica de austeridad.

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, murió en Katmandú tras sufrir quemaduras provocadas por manifestantes que incendiaron su vivienda. A pesar de recibir atención médica en el Hospital de Quemados de Kirtipur, no logró sobrevivir a la gravedad de sus lesiones. El hecho se suma a la ola de violencia que ha dejado ya 25 muertos desde el inicio de las protestas.

Durante la misma jornada, la residencia del ex primer ministro K. P. Sharma Oli también fue incendiada y otros líderes, como Sher Bahadur Deuba y su esposa, la canciller Arzu Rana Deuba, fueron agredidos. Asimismo, edificios oficiales, como el Parlamento y la sede del Tribunal Supremo, resultaron atacados, junto con medios de comunicación.

La violencia continúa pese a la renuncia de Oli y parte de su gabinete, exigida por el movimiento “Generación Z”. El Ejército y las autoridades locales llamaron a la calma, pero la crisis refleja la fragilidad institucional de Nepal y la creciente frustración social que amenaza con desbordarse.

Los gobernadores de Durango y Coahuila, ambos del PRI, sorprendieron al respaldar públicamente a Claudia Sheinbaum durante sus recientes visitas a los estados. A ellos se sumó Samuel García, de Nuevo León, con un discurso favorable hacia la presidenta y su política exterior. Las declaraciones contrastan con la postura de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del tricolor, quien mantiene una estrategia de confrontación con la mandataria.

Analistas señalan que el respaldo estatal responde a intereses prácticos: mantener buena relación con la federación para asegurar recursos y apoyo en materia de seguridad. Los mandatarios también buscan capitalizar la popularidad de Sheinbaum, cuya aceptación supera incluso la de López Obrador en su momento. Para ellos, el cálculo político es inmediato y estratégico.

El distanciamiento de los gobernadores exhibe la fragilidad del PRI como fuerza cohesionada. Mientras Alito insiste en el choque político, sus propios cuadros locales priorizan sobrevivir en un escenario donde el poder presidencial dicta las reglas. La incógnita es si esta división anticipa un debilitamiento irreversible de la oposición rumbo a 2027.

Un avión CASA C-295M de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles este martes, tras despegar de la Base Aérea de Santa Lucía. La tripulación reportó fallas técnicas y, aunque no hubo víctimas, la aeronave sufrió daños en el tren de aterrizaje y en la cola. El incidente ocurre a solo días del desfile militar del 16 de septiembre.

El modelo afectado, entregado en 2010, participa regularmente en operaciones logísticas y fue parte del contingente aéreo del desfile de 2024. La Secretaría de la Defensa Nacional aún no emite un informe oficial sobre las causas, mientras técnicos realizan revisiones para descartar fallas mayores. La aeronave es una de las más utilizadas por la Fuerza Aérea en tareas de transporte y apoyo estratégico.

El percance subraya los riesgos que enfrentan equipos con más de una década de servicio. La proximidad del desfile plantea dudas sobre la seguridad operativa y la necesidad de renovar la flota para garantizar que la fuerza militar no solo exhiba presencia simbólica, sino capacidad real de respuesta.

Con 474 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de extorsión. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que el Legislativo deberá emitir la nueva norma en un plazo de 180 días y unificará tipos penales, agravantes y sanciones aplicables en todo el país.

El dictamen, turnado al Senado, busca consolidar la Estrategia Nacional contra la Extorsión coordinada por la Secretaría de Seguridad. Entre sus ejes destacan detenciones basadas en inteligencia, creación de Unidades Antiextorsión locales, protocolos de atención a víctimas y campañas nacionales de prevención. La propuesta también responde a la dispersión normativa existente en los códigos estatales, que dificulta el combate efectivo al delito.

El avance legislativo refleja un consenso inédito entre fuerzas políticas, pero también evidencia la urgencia de enfrentar un delito en constante mutación y con fuerte vínculo con la delincuencia organizada. La clave será si la futura ley logra trascender lo declarativo y convertirse en un instrumento eficaz de protección para ciudadanos y comercios vulnerables.

El exjuez federal Anuar González Hemadi, destituido en 2019 tras el polémico fallo en el caso Los Porkys de Veracruz, fue detenido junto a otras 13 personas por su relación con la red de huachicol encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. De acuerdo con las investigaciones, González fungía como representante legal de Mefra Fletes, empresa implicada en el tráfico ilegal de hidrocarburos decomisados en marzo pasado.

Mefra Fletes había sido señalada desde 2020 por irregularidades en el transporte de combustibles y vinculada tanto al Cártel del Golfo como al CJNG. La compañía, con socios ligados a autoridades locales, incluso contaba con permisos de la Comisión Reguladora de Energía para mover gasolinas y diésel. La captura del exjuez confirma cómo actores políticos, judiciales y empresariales confluyen en estas redes criminales.

El caso exhibe no solo la fragilidad institucional frente al crimen organizado, sino la persistencia de corrupción en sectores clave de justicia y energía. La pregunta de fondo es si el Estado tendrá la capacidad real de depurar a quienes han usado el poder para alimentar economías ilegales que terminan minando la confianza pública.

Al menos diez personas murieron y más de cuarenta resultaron heridas tras el choque de un tren de carga contra un autobús de doble piso en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío, Estado de México. El accidente ocurrió en la zona industrial del municipio y generó un despliegue inmediato de cuerpos de emergencia.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales en Toluca, Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jocotitlán, mientras que la Coordinación de Protección Civil estatal confirmó la participación de Cruz Roja, Guardia Nacional y policías locales en las labores de rescate. Videos difundidos muestran a pasajeros intentando salir por el techo del vehículo y a voluntarios auxiliando a las víctimas en el lugar.

Aunque las autoridades aún investigan la causa del impacto, este accidente revive cuestionamientos sobre la seguridad ferroviaria y carretera en la región. El saldo preliminar evidencia la fragilidad de las medidas preventivas y la urgencia de reforzar los protocolos de tránsito en cruces críticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reputación del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, tras la detención de sus sobrinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados como líderes de una red de huachicol fiscal. Según Sheinbaum, Ojeda había denunciado actos de corrupción en aduanas desde 2023, aunque las detenciones ocurrieron hasta este año con nuevas pruebas.

La mandataria explicó que el caso detonó a partir del buque Challenge Procyan, que ingresó a Tampico en marzo de 2025 con diésel oculto bajo documentación falsa. A raíz del hallazgo, la Fiscalía logró reunir elementos para arrestar a 14 personas, entre marinos, empresarios y exfuncionarios aduanales, lo que permitió robustecer el expediente.

El respaldo presidencial busca aislar a Ojeda Durán de las acusaciones, aunque persiste la sombra de complicidad por la cercanía familiar. En un país con larga tradición de impunidad, la duda es si la justicia avanzará hasta el fondo o quedará limitada a manzanas podridas.

El capitán de Navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue hallado muerto en su oficina en Tamaulipas, en un hecho que las autoridades han señalado como un presunto suicidio. El marino estaba implicado en una investigación por permitir la entrada de un buque con 10 millones de litros de combustible ilegal.

Pérez Ramírez fungía como director de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y fue mencionado en expedientes de la Fiscalía General de la República como uno de los oficiales que habría recibido sobornos. Tras su muerte, la Secretaría de Marina lamentó el deceso y expresó condolencias, sin referirse directamente a su papel en la investigación.

Este caso se suma a una cadena de muertes ligadas al huachicol fiscal, entre ellas el asesinato de un contralmirante y el homicidio de una funcionaria de la FGR. Cada episodio evidencia la profundidad de una red de complicidad que golpea a las instituciones y exige respuestas firmes.