Tras las sanciones de Estados Unidos por presunto lavado de dinero en Cibanco, la Secretaría de Hacienda analiza mecanismos para proteger a los inversionistas del banco, uno de los principales operadores de fondos de inversión en México. El secretario Rogelio Ramírez de la O aseguró que se busca evitar afectaciones al sistema financiero local y mantener la estabilidad del sector, mientras continúa la investigación iniciada por autoridades estadounidenses.

El gobierno federal evalúa posibles alternativas legales y financieras para garantizar la seguridad de los recursos de miles de ahorradores e inversionistas vinculados al banco. En paralelo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantiene bajo vigilancia las operaciones de la institución. Aunque la sanción es externa, preocupa el posible impacto reputacional y la confianza en los intermediarios financieros mexicanos.

Este caso se suma a una creciente tensión entre medidas internacionales contra el crimen financiero y la necesidad de preservar la confianza en el sistema bancario nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este viernes la política exterior de Estados Unidos, al señalar que el gobierno de ese país “sí pacta con terroristas”, en referencia a las negociaciones con grupos armados en Medio Oriente. La declaración fue hecha durante su conferencia matutina, donde defendió la soberanía de México ante críticas internacionales.

Sheinbaum subrayó que su administración no permitirá injerencias externas y que, a diferencia de otras potencias, México apuesta por el diálogo con respeto a los derechos humanos. Reiteró que el país no tiene vínculos con organizaciones ilegales y que mantendrá su política de no intervención y neutralidad activa en conflictos internacionales.

La declaración ocurre en un contexto de creciente tensión por las acusaciones de vínculos entre cárteles mexicanos y conflictos globales. Analistas advierten que este tipo de declaraciones podrían tensar aún más la relación bilateral entre México y EE.UU., justo cuando se renegocian acuerdos clave de cooperación.

El Instituto Nacional Electoral (INE) afirmó que protegerá la confidencialidad de los datos del padrón electoral frente a cualquier intento de vulneración. La consejera Carla Humphrey aseguró que la institución actuará “con toda firmeza” ante riesgos que comprometan la integridad de la base de datos más grande del país.

La declaración surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad digital, luego de diversas reformas legales en materia de telecomunicaciones y uso de datos personales. Humphrey enfatizó que el padrón contiene información sensible de más de 98 millones de personas, y que su uso indebido sería una violación grave a los derechos ciudadanos.

El INE también recordó que esta base de datos ha sido fundamental para garantizar elecciones libres y confiables. La institución reiteró que cualquier intento de acceso sin consentimiento ni base legal será denunciado, y llamó a fortalecer la protección de datos en todos los niveles del Estado.

Claudia Sheinbaum anunció un plan integral para el oriente del Estado de México, con una inversión de 75,786 millones de pesos en este sexenio. La región, que concentra la mayor pobreza urbana del país, recibirá 121 programas sociales y de infraestructura en 10 municipios clave como Ecatepec, Neza, Chalco y Chimalhuacán.

El proyecto busca atender de forma conjunta seguridad, movilidad, salud, agua, educación y empleo. Incluirá un Mando Único regional y aportaciones conjuntas: 60% del gobierno federal, 30% estatal y 10% municipal. Banobras coordinará gran parte de las licitaciones.

La gobernadora Delfina Gómez calificó el plan como un acto de justicia histórica. La zona representa el 22% del PIB nacional, pero ha enfrentado décadas de abandono. Con este presupuesto, Sheinbaum busca cerrar una deuda social con millones de mexiquenses que viven en condiciones críticas.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, anunció las prioridades legislativas para el próximo periodo de sesiones. Entre ellas destacan la reforma electoral y la reducción de la jornada laboral. Estas iniciativas buscan impactar directamente el panorama político y la calidad de vida de los trabajadores en el país.

Además, la agenda de Monreal incluye la concreción de cuatro leyes secundarias pendientes de la reforma judicial. También se buscará avanzar en las leyes reglamentarias sobre la prohibición de vapeadores, temas que no pudieron ser procesados en el periodo extraordinario anterior, demostrando un compromiso con la continuidad legislativa.

Monreal enfatizó que la reforma electoral incorporará propuestas de la Presidenta, como la revisión del financiamiento a partidos y órganos electorales, así como los diputados plurinominales. La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas es una prioridad, y se espera que la Presidenta envíe la iniciativa para su eventual aprobación

Banco Azteca encabeza la transformación del crédito en México con un modelo 100% digital y enfocado en la inclusión financiera. Con su aplicación móvil, la institución permite a personas sin historial bancario solicitar préstamos de forma rápida, segura y sin trámites presenciales.

El banco afirma haber otorgado más de 2 millones de créditos digitales, dirigidos principalmente a población con acceso limitado a servicios financieros tradicionales. Este modelo también apuesta por la educación financiera y el uso de inteligencia artificial para evaluar riesgos y otorgar créditos más justos.

Al integrar tecnología y cercanía con el usuario, Banco Azteca busca posicionarse como referente del crédito accesible en México. Sin embargo, el reto sigue siendo ampliar la cobertura sin sobreendeudar a sus clientes. ¿Puede la inclusión financiera mantenerse sin replicar prácticas abusivas del sistema tradicional?

La refinería de Minatitlán, una de las más relevantes para el plan energético de Pemex, se encuentra operando en sus niveles más bajos desde 2023. En junio procesó apenas 49,000 barriles diarios, lo que representa menos del 30% de su capacidad total.

Este retroceso afecta los objetivos del gobierno federal de lograr autosuficiencia energética y reducir las importaciones de gasolina. Pese a las inversiones para modernizarla, la planta ha enfrentado paros técnicos, falta de crudo y problemas operativos que limitan su producción.

La presión se incrementa sobre Pemex y su estrategia energética, especialmente tras el estancamiento de otras refinerías como Dos Bocas. Con márgenes reducidos y deuda creciente, la estatal enfrenta el dilema de seguir apostando por el modelo actual o replantear su enfoque en plena transición energética global.

Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) alertaron que el patrimonio cultural de México podría quedar sin estudio ni resguardo por falta de presupuesto y restricciones administrativas. Denuncian que las reformas laborales impuestas desde 2020 han impedido la renovación de contratos, paralizando proyectos fundamentales.

La falta de personal especializado afecta excavaciones, análisis de restos, conservación de piezas y publicaciones académicas. A pesar de que el INAH cuenta con más de 900 proyectos activos, el 70% del trabajo depende de contratistas, muchos de los cuales están en incertidumbre laboral desde hace meses.

Los investigadores piden diálogo con la próxima administración para evitar el colapso de la investigación patrimonial. La comunidad académica advierte que la parálisis no solo compromete la producción científica, sino que pone en riesgo la memoria histórica del país y su transmisión a futuras generaciones.

Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) advirtieron que la falta de renovación de personal académico está paralizando el estudio del patrimonio histórico y cultural de México. Según la advertencia, actualmente solo se han cubierto 35 de 404 plazas vacantes, lo que limita gravemente la capacidad operativa del instituto.

El déficit afecta investigaciones, proyectos de conservación y salvamento arqueológico, especialmente en zonas donde se desarrollan megaproyectos como el Tren Maya. Además, se corre el riesgo de perder saberes técnicos acumulados por décadas, pues no hay suficientes nuevas generaciones capacitadas para dar continuidad al trabajo especializado.

La comunidad académica del INAH exige al gobierno federal resolver la falta de contrataciones y abrir nuevas plazas mediante concursos. Consideran que esta omisión pone en peligro el estudio, la protección y la transmisión del patrimonio cultural de la nación.

Durante los primeros cinco meses de 2025, el gobierno federal destinó más recursos a pensiones y participaciones que a inversión pública o programas sociales. En conjunto, estos dos rubros absorbieron más de 1.3 billones de pesos, lo que representa el 40% del gasto neto total.

El gasto en pensiones contributivas creció 7.4% anual, mientras que las participaciones a estados y municipios aumentaron 12.5%. Aunque estos recursos son obligaciones legales, su crecimiento compromete la capacidad del Estado para invertir en infraestructura o nuevas políticas públicas.

Especialistas advierten que el modelo actual no es sostenible y urgen una reforma fiscal que permita redistribuir el gasto. Sin cambios estructurales, el margen para atender nuevas demandas sociales será cada vez más estrecho. La presión del gasto inercial se convierte así en un obstáculo para el desarrollo