Tres trabajadores del sindicato Fintras concluyeron su huelga de hambre tras firmar un acuerdo que establece una mesa de trabajo con autoridades del IMSS-Bienestar los días 23 y 24 de julio. La Secretaría de Gobernación participará como garante del cumplimiento. La protesta comenzó por pagos atrasados y falta de condiciones laborales claras.

Entre las demandas destacan la basificación del personal, el pago de días festivos al doble, y el reconocimiento de jornadas y adscripciones. También exigen el pago de traslados largos sin viáticos, lo que aseguran vulnera sus derechos y pone en riesgo vidas.

IMSS-Bienestar respondió que no ha recibido quejas formales por parte del sindicato, al que calificó como minoritario. Sin embargo, Fintras presentó oficios y minutas desde 2023 que documentan sus denuncias. Aseguran que, tras más de 100 reuniones, las condiciones laborales siguen sin mejoras reales para cientos de trabajadores del sector salud.

Desde la Basílica de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración por el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Afirmó que su gobierno apuesta por un México donde “las palabras hablen más fuerte que las balas” y destacó el retiro voluntario de más de 2 mil armas este año.

La ceremonia reunió a autoridades civiles, militares y religiosas. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, calificó a Sheinbaum como la “presidenta de la paz” y subrayó que cada arma entregada representa una vida potencialmente salvada. Solo en 2025, se han recolectado más de 85 mil cartuchos y 200 granadas.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, destacó acciones como entrega de instrumentos musicales y programas juveniles para alejar a las infancias de la violencia. Además, la Secretaría de Cultura anunció una convocatoria para artistas que transformen armas decomisadas en esculturas públicas. Se destruirán más de 10 mil armas en esta jornada.

Morena alista una nueva política de control de afiliaciones. Durante su Consejo Nacional del próximo 20 de julio, propondrá una Comisión Nacional Evaluadora de Incorporaciones que revise los antecedentes de figuras públicas de otros partidos que deseen sumarse. Según la dirigencia, ya no se aceptarán registros sin evaluación previa, como ocurrió con el senador Yunes Márquez.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió que “hay sumas que restan” y que la apertura no significa permitir el ingreso de personajes contrarios al movimiento: “Imagínense si Salinas o Beltrones quisieran afiliarse”.

En esa misma sesión, Morena planea reactivar su Consejo Consultivo Nacional, inactivo desde 2021, y aprobar un plan de organización territorial para instalar comités en las 71 mil secciones electorales del país, cada uno con al menos cinco militantes. Con esto, el partido busca consolidar su estructura hacia las elecciones intermedias de 2027 y a largo plazo.

El diputado Ricardo Monreal informó que las comisiones legislativas están listas para iniciar trabajos tan pronto llegue la iniciativa del Ejecutivo sobre la tipificación federal del delito de extorsión. Aclaró que el Congreso aún no ha recibido formalmente la propuesta, pero anticipó respaldo a una legislación homogénea.

El planteamiento busca establecer una definición unificada del delito y penas equivalentes en todo el país, ante la dispersión de criterios en los códigos penales estatales. También se perfila incluir la extorsión en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.

Monreal señaló que, una vez que la iniciativa llegue al Senado, el dictamen será elaborado de inmediato y podría discutirse en el próximo periodo ordinario. El tema ha cobrado relevancia ante el aumento de casos a nivel nacional y la presión por parte de sectores afectados. ¿Logrará el Congreso traducir el consenso político en una ley eficaz?

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno apoya y protege a las madres buscadoras, al ser cuestionada sobre denuncias de agresiones recientes hacia ellas que están generando su desplazamiento. Aseguró que hay coordinación con autoridades estatales para garantizar su seguridad y que se mantiene el diálogo con los colectivos.

“Hay acompañamiento. Lo vamos a seguir haciendo porque es un tema que duele”, dijo durante su conferencia matutina. También reconoció la deuda del Estado con las familias que buscan a sus desaparecidos y la urgencia de avanzar en verdad y justicia.

Sin embargo, diversas organizaciones han denunciado que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente, particularmente en contextos de riesgo. El respaldo público contrasta con casos donde operativos de búsqueda han sido cancelados o desprotegidos. ¿Logrará el nuevo gobierno traducir su discurso en una política efectiva de atención a víctimas?

La elección judicial del pasado 1 de junio acumula 950 impugnaciones, según reportes del TEPJF e INE. De ellas, solo una ha sido resuelta a fondo, mientras que la mayoría fueron desechadas por improcedencia, extemporaneidad o falta de interés jurídico.

Este miércoles, la Sala Superior podría anular una magistratura penal en Nuevo León, luego de que el magistrado Reyes Rodríguez propusiera invalidar el resultado porque la candidata ganadora no acreditó el promedio de 9.0 requerido por convocatoria. El caso implicaría convocar a una elección extraordinaria.

En paralelo, el INE fiscaliza los gastos de campaña de más de 7,700 aspirantes, y detectó que al menos 600 no entregaron sus informes a tiempo. Si se confirma algún rebase, podrían imponerse multas o perder candidaturas. Además, una consultora fue sancionada por omitir su metodología en encuestas, mientras que se descartaron faltas en actos públicos donde participaron tres ministras.

Tras el decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal en Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que su gobierno no protegerá a nadie, incluidos funcionarios o empresarios vinculados al llamado “huachicol fiscal”. Afirmó que el delito persiste, aunque hubo avances en el sexenio anterior, y que se trabaja “con unidad y discreción” para desmantelar las redes.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó que el operativo está ligado a la incautación de un buque en marzo. Detalló que ya se han girado y ejecutado órdenes de aprehensión, y que las investigaciones podrían alcanzar a servidores públicos.

Además, el gobierno prepara un sistema de trazabilidad para pipas y ferrotanques con códigos QR, en coordinación con Pemex, Sener y el SAT. La pregunta persiste: ¿serán estas acciones suficientes para romper una red que opera desde hace años con protección institucional?

Sheinbaum anunció que será necesario ajustar el gasto público mediante nuevas medidas de austeridad para contrarrestar el incremento en la deuda pública. En su informe más reciente, el organismo advirtió que el entorno económico enfrenta presiones fiscales crecientes.

La deuda como porcentaje del PIB aumentó, impulsada por mayores tasas de interés y un gasto social sostenido. Aunque no se anticipa una crisis, el CESF recomienda cuidar los balances fiscales para preservar la confianza de los mercados.

El anuncio coincide con la recta final del sexenio y con un Paquete Económico 2025 que será elaborado por el nuevo gobierno. La continuidad de los programas sociales y megaproyectos está en juego. ¿Será la austeridad el camino para equilibrar las cuentas o el costo oculto de políticas sin ajuste previo?

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU concluyó que México mantiene patrones de violencia estructural contra las mujeres. En su informe, destaca la impunidad persistente y la falta de resultados tangibles en políticas públicas.

Aunque reconoció avances normativos y programas como “Puertas Violetas”, el Comité subrayó que la violencia feminicida y las desapariciones no han disminuido, y que persiste una brecha entre lo legislado y su aplicación efectiva. También cuestionó el presupuesto federal, al advertir recortes en áreas clave de atención y justicia para mujeres.

La evaluación internacional pone en evidencia una deuda histórica del Estado mexicano. Las cifras siguen creciendo y los discursos oficiales no bastan. ¿De qué sirve reconocer la violencia si no se transforma en protección real para las mujeres en todo el país?

La Secretaría de Salud emitió un tercer aviso epidemiológico por sarampión, luego de que se confirmaran 2,597 casos hasta junio de 2025, con nueve fallecimientos, según datos oficiales. El brote, el más grave en lo que va del siglo, afecta a 18 de los 32 estados del país, siendo Chihuahua el más impactado, con 2,417 casos y ocho decesos.

Las autoridades han intensificado la vacunación, aplicando más de 1.8 millones de dosis entre abril y junio, y han adquirido 27 millones de vacunas adicionales. Sin embargo, especialistas señalan que estas medidas son insuficientes para contener la propagación del virus.

El resurgimiento del sarampión, una enfermedad prevenible, evidencia las consecuencias de la disminución en las coberturas de vacunación y la desinformación. La situación exige una respuesta coordinada y sostenida para evitar que el país pierda su estatus de región libre de sarampión.