La Secretaría de Educación de Quintana Roo abrió la convocatoria 2025 del Programa de Becas para Mujeres en Educación Superior (BMES), correspondiente al periodo septiembre-diciembre. Las interesadas deberán registrar su solicitud en la plataforma oficial y entregar la documentación requerida entre el 25 de septiembre y el 17 de octubre.

El apoyo está destinado a mujeres que cursan estudios superiores en instituciones participantes y busca incentivar la permanencia académica, así como reducir la deserción escolar. La beca cubrirá exclusivamente el último cuatrimestre del año, lo que representa un respaldo concreto en la continuidad de su formación.

La convocatoria forma parte de las acciones estatales para promover la igualdad de género y ampliar oportunidades educativas. No obstante, la efectividad del programa dependerá de su alcance real y del seguimiento que se dé a las beneficiarias, pues aún persisten brechas que limitan la inserción plena de las mujeres en el ámbito profesional.

El canciller Juan Ramón de la Fuente participó en el debate general de la 80 Asamblea General de la ONU, donde afirmó que “en México es tiempo de mujeres” y respaldó la propuesta de que el próximo secretario general del organismo sea latinoamericano y, preferentemente, mujer. En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó que la soberanía nacional es irrenunciable, aunque el gobierno mantiene disposición a la colaboración multilateral.

Ante líderes internacionales, destacó que el cambio de modelo económico permitió sacar de la pobreza a 13 millones de personas. También reiteró que México brindará toda la protección a los migrantes nacionales y pidió fortalecer los consensos regionales frente a los retos democráticos. La Celac anunció su respaldo a una candidatura de la región para encabezar la ONU en 2026.

El discurso del canciller reflejó un giro en la política exterior mexicana, más activa en causas regionales y con un énfasis en el liderazgo femenino. Sin embargo, la defensa de la soberanía y la crítica al veto en el Consejo de Seguridad plantean un desafío: ¿podrá México influir en la reforma del multilateralismo o quedará solo en un posicionamiento simbólico?

Desde marzo de 2020, el artículo 28 de la Constitución prohíbe expresamente las condonaciones y exenciones de impuestos, equiparándolas a monopolios y prácticas monopólicas. Esta reforma consolidó un compromiso presidencial firmado en 2019 por Andrés Manuel López Obrador, en el que se comprometía a no otorgar beneficios fiscales a grandes contribuyentes ni deudores privilegiados, práctica que había costado al erario más de 400 mil millones de pesos desde el sexenio de Vicente Fox.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, más de la mitad de esos beneficios se concentraron en apenas 108 personas morales, lo que reflejó el uso discrecional de recursos públicos bajo la figura de privilegio fiscal. La reforma constitucional buscó cerrar definitivamente esa puerta, garantizando que los ingresos tributarios no puedan ser negociados políticamente.

La medida representa un parteaguas en la relación entre Estado y contribuyentes. Sin embargo, plantea un reto mayor: garantizar que el esfuerzo fiscal sea acompañado de transparencia y de un gasto público eficiente. De nada sirve prohibir privilegios si los recursos recuperados no se traducen en beneficios palpables para la sociedad.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las farmacéuticas cumplir con los tiempos de entrega de medicamentos, aun cuando el Gobierno mantiene deudas con ellas desde 2024. Aseguró que existen mesas de diálogo para saldar adeudos, pero recordó que quienes participan en licitaciones están obligados a garantizar el abasto sin condicionarlo a pagos pendientes.

En su conferencia matutina, minimizó la cifra de 14 millones de pesos denunciada por el sector y enfatizó que el abasto nacional se encuentra por arriba del 90%. También rechazó que exista malversación de recursos en Baja California tras la aparición de una manta que pedía ayuda al crimen organizado para surtir medicinas, y responsabilizó a las empresas incumplidas de los retrasos.

El señalamiento coloca la relación Estado-empresas en un terreno de tensión: mientras el Gobierno promete saldar adeudos, exige cumplimiento estricto a proveedores. El dilema es claro: ¿cómo sostener la cadena de abasto si la confianza financiera se erosiona entre el sector público y privado?

Los gobiernos de España e Italia anunciaron el envío de barcos militares para proteger a la Flotilla Global Sumud, tras los ataques con drones sufridos por embarcaciones que transportan ayuda humanitaria hacia Gaza. Madrid ordenó el despliegue de un patrullero oceánico desde Cartagena, mientras que Roma redirigió la fragata Fasan hacia el área de riesgo en el mar Egeo.

Los activistas, que representan a 45 países, han denunciado explosiones, enjambres de drones e interferencias en sus comunicaciones. Israel, por su parte, advirtió que no permitirá el ingreso de la flotilla a Gaza y propuso que la ayuda sea entregada en puertos cercanos para luego trasladarla por tierra, una opción rechazada por la organización civil que impulsa el corredor humanitario.

La primera ministra Giorgia Meloni pidió cautela a los activistas, sugiriendo canalizar la asistencia a través de la Iglesia Católica. El episodio refleja la tensión entre la solidaridad internacional y la determinación israelí de mantener el bloqueo, dejando a la población palestina atrapada en un callejón de violencia y carencias.

El huracán Narda se intensificó a categoría 2 en las primeras horas de este miércoles frente a las costas de Jalisco. La Conagua informó que el fenómeno presenta vientos sostenidos de 165 km/h y rachas de hasta 205 km/h, además de oleaje de hasta 3.5 metros. Aunque su trayectoria apunta hacia el oeste, los desprendimientos nubosos continuarán afectando gran parte del territorio nacional.

Las lluvias más intensas se prevén en Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, con acumulaciones de hasta 75 milímetros. También se esperan precipitaciones fuertes en Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán, mientras que estados del norte y centro, incluida la Ciudad de México, tendrán chubascos y descargas eléctricas.

El huracán podría alcanzar la categoría 3 en los próximos días, por lo que autoridades exhortan a extremar precauciones. El reto no solo es contener los efectos inmediatos, sino también atender a las comunidades vulnerables que cada temporada enfrentan las consecuencias más graves de fenómenos climáticos

La muerte de Paloma Nicole, de 14 años, tras una cirugía estética en Durango, ha causado indignación social y cuestionamientos sobre un posible manto de impunidad. Según su padre, la menor nunca pidió la operación y fue obligada por su madre, quien autorizó al cirujano Víctor Rosales, pareja suya e hijo de un magistrado local.

El padre denunció que no firmó consentimiento y que incluso fue engañado con la versión de un viaje familiar. Paloma ingresó al hospital Santa María el 12 de septiembre y, tras complicaciones que la dejaron en coma, falleció el 20 de septiembre. La necropsia confirmó edema cerebral y problemas pulmonares, mientras que en redes sociales la exigencia de justicia se ha vuelto viral.

La Fiscalía de Durango investiga tanto una posible mala praxis como el riesgo asumido por la madre. En tanto, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica suspendió provisionalmente al médico. El caso refleja la vulnerabilidad de los menores y la necesidad de garantizar que los privilegios familiares no bloqueen la justicia.

El 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, en un caso que marcó la historia reciente de México. Once años después, la versión oficial conocida como “verdad histórica” ha sido desmentida, mientras las investigaciones continúan entre acusaciones de manipulación de pruebas y encubrimientos institucionales. La creación de grupos internacionales, como el GIEI, reveló fallas graves en el proceso y abrió nuevas líneas de investigación.

En 2025, el gobierno federal anunció la posible incorporación de especialistas de la ONU para fortalecer la indagatoria, mientras que la SCJN ordenó a la FGR publicar una versión de la carpeta de investigación. Aunque se giraron órdenes de aprehensión contra militares, varios fueron liberados por falta de pruebas. Los familiares de los estudiantes mantienen protestas constantes, señalando al Ejército como responsable.

La desaparición de los 43 normalistas sigue siendo un símbolo de impunidad y dolor. Más allá de los avances judiciales, el caso recuerda que la justicia en México no puede depender de cambios de gobierno ni de ajustes legales, sino de un compromiso real con la verdad. La pregunta sigue abierta: ¿cuándo se pondrá fin a una herida que lleva más de una década sangrando?

Un expediente de la Fiscalía General de la República señala que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, pasaron de encabezar redes de contrabando de huachicol al narcotráfico. Según reportes de inteligencia y testimonios, al menos en 41 ocasiones bajo su mando se coordinaron funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas, personal portuario y mandos navales para facilitar el trasiego de hidrocarburos ilegales y drogas.

La investigación sostiene que ambos hermanos construyeron un control sistemático sobre las aduanas marítimas del país, utilizando su rango militar y el respaldo de altos mandos para encubrir operaciones criminales. La red habría operado en puertos estratégicos, donde se combinaban prácticas de corrupción institucionalizada con la participación de estructuras del crimen organizado.

El caso expone la fragilidad del modelo de militarización de las aduanas impulsado en el sexenio de López Obrador, que prometía frenar la corrupción y terminó cuestionado por su opacidad. La revelación obliga a preguntar si las fuerzas armadas están preparadas para tareas civiles sin replicar las mismas redes de poder que buscan combatir.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 73 Constitucional que faculta al Congreso para expedir una ley general contra la extorsión. Con 106 votos a favor, la minuta fue enviada a los congresos locales, donde se espera su pronta ratificación. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca cerrar vacíos legales, unificar criterios y coordinar a los tres niveles de gobierno en la prevención y sanción del delito.

Durante el debate, legisladores de todas las fuerzas políticas señalaron la gravedad de este fenómeno, que en los últimos seis años creció 57 por ciento y que, según el Inegi, representó en 2023 pérdidas por 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del PIB. Las múltiples modalidades de extorsión y la disparidad de sanciones estatales, que van de tres a 30 años, fueron señaladas como factores que alimentan la impunidad.

La oposición advirtió que, además de la ley, se requiere acción efectiva de autoridades y policías que frecuentemente son percibidas como coludidas con el crimen organizado. La unanimidad en el Senado refleja un consenso político poco común, pero también evidencia la urgencia de enfrentar una práctica que erosiona la economía y la seguridad ciudadana. El reto será que la legislación no quede como un marco homogéneo en el papel, sino que se traduzca en protección real para millones de víctimas.