Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, construyó un control criminal sostenido en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, según documentos de la Sedena. Bajo el alias de Comandante H, dirigía a La Barredora y dictaba órdenes de cobro, asesinatos y operaciones de tráfico de drogas, migrantes y huachicol desde Veracruz hasta Guatemala. Informes revelados por Guacamaya Leaks muestran que usó su posición política para dar “licencias” a grupos criminales.

El exfuncionario pactó con herederos de Los Zetas y reconfiguró las operaciones delictivas en Tabasco, delegando zonas a operadores como Benjamín Mollinedo, alias El Pantera, y Euler Ruvalcaba, alias El Rayo. Estos liderazgos coordinaban tráfico de drogas, extracción de combustibles y homicidios, además de corromper a personal militar en puertos estratégicos como Dos Bocas. La violencia era desplazada a Chiapas para reducir estadísticas en Tabasco.

El caso exhibe cómo estructuras de seguridad pública fueron utilizadas para fortalecer al crimen organizado en el sur del país. Bermúdez, detenido en Paraguay y extraditado a México en septiembre, simboliza la penetración de redes criminales en gobiernos locales. La reflexión es inevitable: cuando la autoridad se convierte en pieza del engranaje delictivo, ¿qué garantías quedan para el Estado de derecho?”

Fernando Saucedo Reyes, hermano de la senadora Aracely Saucedo, fue secuestrado este sábado en Salvador Escalante, Michoacán, por un grupo armado integrado por tres hombres y una mujer. Según reportes de la Guardia Civil, la víctima fue sorprendida en su domicilio en Opopeo, desde donde fue trasladada en su propia camioneta Jeep blanca. El plagio desató un operativo en municipios aledaños tras confirmarse el parentesco con la legisladora.

La Fiscalía General del Estado informó que Saucedo fue liberado horas después, aunque no precisó su estado de salud ni el lugar de la liberación. El operativo fue encabezado por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, y movilizó a corporaciones locales y estatales. El hecho ocurre en un contexto de creciente violencia contra funcionarios y familiares en la región de Tierra Caliente.

Aracely Saucedo, exalcaldesa por el PRD y hoy senadora que se ha alineado con Morena en votaciones clave, enfrenta tensiones políticas por su cambio de postura. El secuestro de su hermano refleja la vulnerabilidad incluso de familias vinculadas al poder político y plantea una pregunta de fondo: ¿qué garantías reales existen para la seguridad de representantes públicos en zonas dominadas por el crimen organizado?

México y Estados Unidos anunciaron la creación de dos equipos bilaterales para combatir el tráfico ilegal de armas, las finanzas ilícitas y el robo de combustible. El acuerdo se formalizó durante la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos en McAllen, Texas, como parte del programa de cooperación fronteriza impulsado tras las presiones del presidente Donald Trump.

La iniciativa incluye la “Misión Cortafuegos”, destinada a interrumpir el flujo de armas con operativos fronterizos ampliados y el uso del sistema eTrace en los 32 estados mexicanos para rastrear armas decomisadas. También se conformó un grupo especializado en finanzas ilícitas para rastrear y bloquear recursos del crimen organizado, además de reforzar acciones contra el robo de combustible, considerado una fuente clave de ingresos de los cárteles.

El encuentro contó con funcionarios de alto nivel de ambos países y fue presentado como un esfuerzo basado en soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida. Sin embargo, la experiencia muestra que la cooperación en seguridad suele enfrentarse a tensiones políticas y asimetrías operativas. La pregunta pendiente es si este nuevo mecanismo logrará romper con la inercia de acuerdos anteriores o si terminará siendo otro intento fallido de cortar los flujos que sostienen al crimen transnacional.

Autoridades migratorias de Estados Unidos revocaron la visa al diputado federal del PVEM, Mario López Hernández, tras retenerlo por más de 12 horas en el Puente Viejo Internacional de Matamoros-Brownsville. El legislador, quien viajaba en su vehículo personal, fue asegurado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el viernes por la noche y devuelto a territorio mexicano durante la madrugada del sábado.

Aunque no fue deportado formalmente, sino “rechazado”, fuentes oficiales confirmaron que su camioneta permaneció en los carriles del lado estadounidense hasta la madrugada. Las autoridades no han explicado públicamente las razones de la retención, mientras que versiones extraoficiales señalan la cancelación definitiva de su visa. López fue dos veces alcalde de Matamoros por Morena y en 2024 asumió una diputación federal bajo las siglas del PVEM.

El incidente abre un nuevo frente político y diplomático, pues se trata de un legislador en funciones al que se le restringió el ingreso a Estados Unidos sin explicación oficial. El silencio de Washington sobre las causas del rechazo alimenta especulaciones y plantea dudas sobre la transparencia en los mecanismos de control migratorio aplicados a representantes electos.

Agentes aduanales advirtieron ante diputados que la reforma propuesta por el Ejecutivo encarecería el comercio exterior y pondría en riesgo sectores estratégicos como el químico, farmacéutico, cosmético y de fertilizantes. Señalaron que hacerlos responsables directos de las importaciones contradice tratados internacionales y desnaturaliza su función como terceros autorizados.

Durante la sesión de la comisión de Hacienda, representantes de la CAAREM y de la Cámara de Comercio Internacional cuestionaron que las multas puedan elevarse hasta 300% del valor de la mercancía, lo que afectaría a importadores legales y elevaría los costos de operación sin frenar el contrabando. También pidieron corresponsabilidad de las autoridades aduaneras.

El debate revela tensiones entre la intención de combatir irregularidades y la necesidad de mantener la competitividad. Si la reforma se aprueba sin ajustes, México corre el riesgo de frenar industrias esenciales y encarecer la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados por Guacamaya Leaks, revelan que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco y líder del grupo La Barredora, ordenaba trasladar asesinatos a Chiapas para reducir las cifras de homicidios en su estado.

De acuerdo con los reportes, el plan permitió disminuir drásticamente las carpetas de investigación abiertas en Tabasco, que pasaron de 565 en 2019 a 234 en 2023. Sin embargo, tras la salida de Bermúdez del cargo, las denuncias por homicidio se dispararon hasta 707 en 2024, mostrando el carácter artificial de la estrategia.

El caso expone la complicidad entre autoridades locales y grupos criminales, que maquinaron un escenario ficticio de seguridad. Más allá de los números, la práctica refleja cómo la corrupción distorsiona la justicia y deja a la sociedad atrapada entre intereses políticos y la violencia real.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la propuesta de Ricardo Salinas Pliego de abrir un diálogo sobre los adeudos fiscales de su grupo empresarial. Durante su conferencia, subrayó que “es un asunto de ley” y recordó que las mesas técnicas ya se han agotado en el proceso judicial.

El SAT reclama al magnate más de 48.000 millones de pesos, en juicios que hoy se ventilan en la Suprema Corte. Según la Procuraduría Fiscal, las irregularidades se relacionan con el uso indebido de pérdidas y beneficios fiscales entre 2008 y 2013, cuando aún estaba vigente la figura de consolidación fiscal.

Aunque Salinas Pliego acusa persecución política, Sheinbaum sostiene que se trata de un tema técnico heredado de gobiernos anteriores. El caso revela no solo la magnitud de los privilegios fiscales, sino también el desafío de un país donde la ley debe prevalecer sobre los intereses económicos más poderosos.

Ricardo Monreal, diputado de Morena, tomó la delantera en el debate legislativo sobre la prohibición de bebidas energéticas para menores de edad. Aunque la Comisión de Salud incorporó también la propuesta del PVEM, es Monreal quien ha dado un giro político al tema, presentándolo no sólo como un asunto de consumo, sino como un reto de Estado para proteger derechos de niñas, niños y adolescentes.

El dictamen define jurídicamente qué es una bebida energética, establece sanciones de hasta dos mil UMA para quienes violen la restricción y obliga a la Secretaría de Salud a reforzar la regulación en un plazo de 90 días. El legislador advirtió sobre los riesgos médicos que incluyen ansiedad, problemas cardiovasculares y hasta muerte súbita, señalando que el consumo temprano puede ser la antesala de adicciones a alcohol y drogas ilícitas.

Con esta propuesta, Monreal se coloca en línea con alertas de la OMS y UNICEF, fortaleciendo su perfil como actor que articula reformas con resonancia social y alto consenso político. La iniciativa confronta los intereses de la industria frente al principio constitucional del interés superior de la niñez. La pregunta que emerge es clara: ¿logrará transformar un debate técnico en una bandera política que nadie pueda rechazar sin costo?

Cinco facultades de la UNAM permanecen en paro tras el asesinato de un alumno en el CCH Sur y en el marco del aniversario 11 de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Filosofía y Letras, Trabajo Social y Artes y Diseño suspendieron actividades hasta el 3 de octubre, mientras que Enfermería y Obstetricia y Ciencias optaron por paros activos con suspensión parcial de clases.

En paralelo, planteles como la Facultad de Ciencias Políticas y las preparatorias 2 y 5 acordaron medidas de apoyo a las protestas, incluyendo facilidades académicas para que los estudiantes participen en movilizaciones. Las asambleas continúan y no se descarta que más escuelas se sumen en los próximos días.

Las manifestaciones reflejan un clima de indignación por la violencia dentro de los planteles y la impunidad en el país. Más allá de la coyuntura, los paros plantean una exigencia de fondo: universidades seguras y un compromiso real del Estado con la memoria y la justicia.

El Ministerio de Comercio de China abrió una investigación sobre los aranceles que México planea imponer a importaciones de países sin tratados de libre comercio, entre ellos el gigante asiático. La indagatoria, que durará seis meses prorrogables, evaluará tanto tarifas como barreras comerciales aplicadas en los últimos años.

La propuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum contempla gravar 1,463 fracciones arancelarias, elevando hasta 50% los impuestos para autos y autopartes. La medida busca proteger industrias estratégicas y corregir el déficit comercial con Asia, pero voces empresariales advierten que podría encarecer cadenas de suministro y presionar los precios al consumidor.

Desde Beijing se acusa a México de seguir la línea restrictiva de Washington, mientras la Secretaría de Economía defiende que se trata de decisiones soberanas avaladas por la OMC. El choque evidencia los riesgos de usar los aranceles como arma protectora: pueden fortalecer sectores locales, pero también abrir frentes de tensión internacional.