El Consejo Nacional de Morena aprobó ayer la creación de una comisión de admisiones para evaluar la incorporación de perfiles polémicos, especialmente aquellos provenientes de otros partidos. Esta medida busca evitar que Morena se convierta en una “puerta giratoria” para el oportunismo político. La comisión, que operará esta semana, analizará solo casos de figuras públicas cuyo pasado o impacto futuro generen dudas o disenso dentro de la militancia.

El vocero parlamentario, Arturo Ávila, aclaró que la evaluación no será retroactiva, es decir, no afectará a quienes ya están afiliados. La meta es impedir que personas sin los valores de Morena se sumen al movimiento. Se mencionaron casos como el del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, expanista, y Luis Enrique Benítez, exdirigente del PRI en Durango, cuyas afiliaciones generaron inconformidad entre las bases morenistas.

La dirigencia de Morena reconoce el reclamo legítimo de su militancia y busca ofrecer certeza y transparencia en los nuevos ingresos. La comisión, integrada por miembros del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, definirá sus mecanismos de operación en los próximos días. El análisis de perfiles se realizará a partir de propuestas o quejas individuales sobre figuras políticas visibles que puedan representar un riesgo para el partido.

El gobierno federal anunció que del 4 al 30 de agosto abrirá un nuevo registro para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60, 61 y 62 años. El apoyo económico consiste en 3 mil pesos bimestrales y reconoce el trabajo no remunerado de millones de mujeres. Actualmente, ya lo reciben quienes tienen 63 y 64 años.

El registro será presencial en los Módulos de Bienestar de todo el país, y estará organizado por letra del apellido para evitar aglomeraciones. Los sábados se abrirá para todas las letras y también para rezagadas. Las interesadas deben presentar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio vigente.

Para saber a qué módulo acudir, se puede consultar el sitio ubicatumodulo.bienestar.gob.mx o llamar al 800 639 42 64. Una vez que cumplan 65 años, las beneficiarias pasarán automáticamente al programa de Adultos Mayores. Logrando así, abarcar las edades y sectores menos privilegiados de la sociedad mexicana.

El gabinete de seguridad federal afirmó en Culiacán, Sinaloa, que las organizaciones criminales en el estado “han sido mermadas” por la estrategia implementada hace diez meses. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, destacó que el objetivo prioritario es detener a Iván y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo”, y a Ismael “El Mayo” Zambada, todos con órdenes de aprehensión y extradición.

García Harfuch señaló que la capacidad operativa de estos grupos ha disminuido, y los convoyes armados son menos frecuentes. Vinculó este debilitamiento a la detención de Ovidio Guzmán López en 2023 por autoridades mexicanas.

Desde octubre de 2024, se han detenido a 1,487 personas, asegurado más de 3,000 armas y decomisado 53 toneladas de droga, incluyendo fentanilo, desmantelando 91 laboratorios. La Marina rechazó la presencia del CJNG en el sur de Sinaloa. El gobierno de Sheinbaum busca “devolver la paz” a la entidad.

En su octava sesión extraordinaria, el Consejo Nacional de Morena respaldó a Adán Augusto López en medio de recientes escándalos y tensiones internas. Aunque no asistieron figuras como Ricardo Monreal o Andrés Manuel López Beltrán, gobernadores y dirigentes reiteraron su apoyo al proyecto y llamaron a evitar conflictos que debiliten al movimiento rumbo a 2027.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo y gobernador de Sonora, criticó la falta de madurez política en algunos cuadros del partido y advirtió sobre voces malintencionadas que buscan fracturar a Morena desde adentro. Señaló que el partido no debe servir para alimentar ambiciones personales ni tolerar simulaciones.

Durazo hizo un llamado a la militancia a priorizar el diálogo, el profesionalismo y la lealtad a los principios fundacionales. También exigió respeto a las reglas internas, subrayando que Morena no es un trampolín político, sino un proyecto que exige compromiso y unidad frente a la adversidad.

Alrededor de 600 personas se manifestaron en Tlalpan contra la gentrificación, calificando el plan de 14 puntos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como un “curita” insuficiente. Los manifestantes, de diversas demarcaciones, alertaron que el fenómeno se agudizará con el Mundial FIFA 2026 y que no se limita a las alcaldías centrales.

Habitantes de Tlalpan y Álvaro Obregón denunciaron la construcción de residenciales que amenazan con desabasto de agua y ecocidio, señalando cómo obras públicas han provocado desplazamiento. Expresaron frustración por la indiferencia gubernamental ante la situación de los pueblos y barrios originarios.

La protesta, mayormente conformada por jóvenes, exigió vivienda digna y asequible, criticando que los programas actuales no los contemplan. Argumentaron que es más fácil para extranjeros acceder a vivienda, y que el gobierno no atiende las “realidades del México profundo”.

El director del ICE, Todd Lyons, anunció que la agencia intensificará sus acciones contra empresas que contraten migrantes en situación irregular, alegando que muchas de ellas los explotan laboralmente. Según Lyons, estos empleos no son un “delito sin víctimas” y con frecuencia están ligados a trabajo forzado o trata de menores.

Las declaraciones llegan tras un operativo en granjas de cannabis en California, donde se detuvo a más de 300 personas, incluidos diez menores. Lyons aseguró que ICE buscará cumplir la meta de un millón de deportaciones en 2025, impulsada por la administración Trump, pese a que hasta ahora solo se han realizado menos de 150 mil.

El funcionario también criticó a las ciudades santuario que limitan la cooperación con ICE, lo que obliga a la agencia a realizar detenciones directamente en las comunidades. “Nos gustaría enfocarnos en criminales detenidos, pero nos lo impiden”, afirmó Lyons.

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos aprobó por mayoría la opinión sobre la primera entrega de auditorías de la Cuenta Pública 2024. Aunque no se detectaron revisiones directas al INPI, sí se analizaron informes que impactan transversalmente a instituciones como el INEA y el INSUS. La presidenta Naty Poob Pijy Jiménez pidió enviar la opinión a la Comisión de Vigilancia para su evaluación reglamentaria.

También se respaldaron reformas a las leyes de Presupuesto y Agraria, con propuestas para reconocer legalmente el Anexo Transversal destinado a pueblos originarios y afromexicanos, simplificar trámites y asegurar acceso a recursos públicos. En lo agrario, se avaló incluir el derecho a consulta en tierras indígenas ante cambios legislativos o administrativos.

Finalmente, se rechazó una reforma a la Ley de Telecomunicaciones por haber sido ya incorporada en la legislación vigente. Además, la Comisión anunció una muestra de cine por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en San Lázaro.

Claudia Sheinbaum pidió a los bancos reducir sus tasas de interés para incentivar el acceso al crédito y la inversión. “Ya la bajó el Banco de México, ¿ustedes cuándo?”, expresó la presidenta en su conferencia matutina. Subrayó que las pequeñas y medianas empresas requieren condiciones más accesibles para financiarse, y que una baja en las tasas facilitaría su crecimiento económico.

Aseguró estar de acuerdo con la decisión del Banco de México de reducir la tasa de referencia, ya que, afirmó, no ha provocado inflación y sí genera mejores condiciones para detonar proyectos productivos. Mientras menor sea la tasa, agregó, mayores serán las posibilidades de acceso al crédito para diversos sectores.

En el mismo evento, Sheinbaum mencionó que se respetarán las decisiones tomadas por la extinta Cofece, incluyendo la denuncia contra farmacéuticas por prácticas monopólicas. Aclaró que casos como el de Salinas Pliego serán analizados por la nueva Corte, dentro del marco constitucional.

El pueblo wixárika celebró que su ruta sagrada de peregrinación hacia Wirikuta fuera inscrita como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sin embargo, el Consejo Regional Wixárika advirtió que la lucha no ha terminado: exigen que se cancelen todas las concesiones mineras nacionales y extranjeras en la Sierra de Catorce y el Bajío de Wirikuta, territorios que consideran sagrados y vitales para su cultura y espiritualidad.

En una conferencia realizada en el Museo Nacional de Antropología, el coordinador del Consejo, Maurilio Ramírez, denunció que las amenazas del extractivismo y la agroindustria siguen vigentes, con más de 78 concesiones activas en la zona. Aunque el INAH reconoció la importancia del sitio, evitó comprometer al gobierno a revocar dichas licencias, limitándose a mencionar que no se permitirán nuevas explotaciones.

El reconocimiento de la UNESCO es un paso histórico, pero los wixaritari insisten: no basta con los títulos. La defensa real del territorio sagrado exige acciones concretas del Estado.

El INAH busca que el Servicio de Protección Federal (SPF) asuma la seguridad de sus recintos a nivel nacional. Esta decisión surge por el incumplimiento de dos empresas privadas que no cumplieron con sus contratos de vigilancia, llevando incluso al cierre temporal de museos clave como el de Antropología. Diego Prieto, director del INAH, coordina este cambio con la Secretaría Anticorrupción, aunque el SPF podría ser más costoso.

La incapacidad de las empresas privadas generó una reducción del 40% de custodios en la Ciudad de México con mínimo ahorro. Tras los cierres, se reinstaló la Policía Auxiliar en la capital, mientras se busca rescindir los contratos privados. Si el SPF se concreta, las empresas perderían 27 contratos en el país, valorados en casi 198 millones de pesos.

Este movimiento plantea la necesidad de una seguridad más robusta para el patrimonio cultural nacional. Además, las mismas empresas aún brindan servicios al INBAL, lo que subraya la importancia de evaluar la eficacia de la contratación de seguridad privada en instituciones culturales.