El Ministerio de Salud local reportó 175 muertes por inanición en Gaza, la mayoría en niños, desde que inició la guerra. La ONU advirtió que el enclave palestino se enfrenta a una hambruna inminente, con más de un millón de personas en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria. La escasez extrema es resultado directo del bloqueo y los constantes bombardeos.

Pese a las alertas internacionales, la entrada de ayuda humanitaria sigue restringida. Las rutas están bloqueadas o funcionan con severas limitaciones, y los sistemas de distribución han colapsado. Organismos de salud denuncian que los hospitales no cuentan con insumos suficientes para atender la desnutrición aguda en niñas y niños, que aumenta día a día.

La muerte por hambre es lenta, evitable y profundamente política. Mientras los líderes del mundo discuten, la población civil de Gaza muere en silencio. El costo de la indiferencia ya es irreversible.

La Cámara de Diputados comenzará este martes cinco de agsoto con el análisis del paquete de reformas constitucionales enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que se instalarán mesas de trabajo técnico y político para revisar las 18 iniciativas, que abarcan temas como pensiones, salud, Guardia Nacional y el Poder Judicial.

Aunque Morena y sus aliados cuentan con mayoría simple, necesitan dos terceras partes para modificar la Constitución. Monreal aseguró que el proceso será ordenado, con respeto al pluralismo, y que buscarán construir acuerdos con las demás fuerzas políticas. Se prevé que los dictámenes comiencen a votarse a partir de septiembre.

El riesgo es que esta fase de diálogo se convierta en una formalidad sin sustancia, mientras se fragua una reconfiguración institucional a puerta cerrada. Si no hay participación ciudadana real, el proceso perderá toda legitimidad democrática.

Durante su conferencia de este 4 de agosto, Claudia Sheinbaum aseguró que los homicidios en Sinaloa han disminuido y destacó que en Mazatlán la percepción de inseguridad ha mejorado significativamente, de acuerdo con cifras del INEGI. Aun así, reconoció que en Culiacán esa percepción ha crecido, aunque de forma ligera.

Como respuesta, el gabinete de seguridad federal continuará sesionando en la entidad cada 15 días, con la participación de autoridades, sociedad civil y empresarios. Sheinbaum subrayó que se trata de una intervención integral y constante, que no solo atenderá homicidios, sino también delitos como el robo de vehículos con violencia.

La mandataria insistió en que su gobierno estará presente en el estado y dispuesto a escuchar. Sin embargo, la persistente tensión en Culiacán recuerda que la paz no solo se mide en cifras, sino también en la confianza cotidiana de la gente.

Carlos Domínguez Ahedo, actual director de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas, es investigado por la FGR tras detectar un presunto lavado de 257 millones de pesos. La UIF halló movimientos financieros irregulares desde 2016, así como una vida de lujos no acorde con su ingreso como servidor público: relojes suizos, relojes de oro y viajes frecuentes al extranjero.

La investigación revela transferencias bancarias desde cuentas personales hacia empresas de su familia, depósitos sin justificación y el uso de prestanombres. A pesar de los indicios, Domínguez sigue en funciones y no se han tomado medidas administrativas en su contra. La UIF presentó la denuncia formal desde el año pasado.

Mientras se promueve un discurso de austeridad y combate a la corrupción, persisten redes de poder protegidas por el silencio institucional. ¿Cuántos más viven del erario sin consecuencias ni vigilancia efectiva?

Desde mayo, Transparencia para el Pueblo —creado para suplir al Inai— ha desechado 455 de los 457 recursos ciudadanos que ha resuelto, siendo el 99.6%. Las solicitudes buscaban datos públicos de la Presidencia, Sedena, IMSS o CFE, pero fueron rechazadas por supuestos errores de forma o por no acreditar “interés legítimo”.

La nueva autoridad sostiene que opera bajo los plazos de ley y promete una plataforma de datos abiertos, aunque todavía sin resultados visibles. Expertos como Jacqueline Peschard advierten que no se cumple con orientar al ciudadano ni suplir su queja, como lo ordenaba la legislación anterior.

En vez de fortalecer el derecho a saber, este modelo de transparencia formalista y opaca cancela el acceso a la información pública. Sin garantías reales, la rendición de cuentas se convierte en simulación. ¿Quién vigila ahora al poder?

La Presidencia de la República ha implementado un sistema de monitoreo a medios que clasifica a periodistas y comunicadores como “adversarios”. A través de fichas informativas elaboradas por Comunicación Social, el gobierno da seguimiento a opiniones críticas, columnas incómodas y contenidos que cuestionan su narrativa pública.

Especialistas en libertad de expresión consideran que esta práctica viola el artículo 6° constitucional, pues genera un efecto inhibidor entre periodistas y medios. Organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas han condenado el mecanismo, exigiendo su inmediata cancelación por atentar contra el ejercicio informativo.

En vez de garantizar un entorno democrático para la prensa, el gobierno adopta tácticas de vigilancia que recuerdan a regímenes autoritarios. Clasificar la crítica como amenaza erosiona los fundamentos del debate público y normaliza la censura institucional desde el poder.

Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Pemex de “B+” a “BB-”, tras recibir un nuevo respaldo financiero del gobierno federal. La medida incluye la amortización anticipada de deuda por 94 mil millones de pesos, así como una capitalización adicional que permitió aliviar temporalmente la presión sobre sus pasivos. El ajuste mejora ligeramente su reputación ante inversionistas.

Sin embargo, la agencia advirtió que la petrolera sigue siendo altamente vulnerable por su bajo flujo operativo y su elevada carga fiscal. A pesar del impulso, Pemex mantiene una perspectiva negativa, y el riesgo de impago sigue latente si no se concretan cambios estructurales. La sostenibilidad de la empresa depende aún más del presupuesto público.

Mientras tanto, el gobierno insiste en rescatar un modelo energético que acumula pérdidas y compromete recursos públicos. ¿Hasta cuándo costará sostener una empresa que no logra autosuficiencia ni rentabilidad?

Al día siguiente de que la Cámara de Diputados rechazara retirarle el fuero por enriquecimiento ilícito, Alejandro “Alito” Moreno fue captado cenando en un restaurante exclusivo de Las Vegas. La denuncia presentada por la Fiscalía General de la República quedó congelada, luego de que PRI, PAN y PRD votaran en bloque para evitar el juicio político.

En redes sociales, la imagen del líder priista relajado y sonriente causó molestia. Su defensa insistió en que se trata de una “persecución política”, aunque evitó abordar el tema central: el origen de su fortuna, valuada en más de 100 millones de pesos, según la acusación.

Mientras tanto, el caso se suma a una larga lista de carpetas detenidas por razones políticas. La justicia parece supeditarse al cálculo partidista, lo que refuerza la idea de que en México, ser parte del poder sigue siendo la mejor forma de no rendir cuentas.

Con solo presentar su credencial del INAPAM, las personas adultas mayores pueden acceder a descuentos y beneficios que van más allá del transporte o la salud: ahora también incluyen apoyos como aguinaldo, vacaciones y hasta utilidades en algunas empresas. Estos incentivos dependen de convenios con el sector privado y programas locales que buscan dignificar la vejez.

Entre los beneficios más destacados están las vacaciones subsidiadas, servicios profesionales con tarifa preferencial y productos de consumo con precios rebajados. Además, algunas compañías ofrecen incentivos laborales a quienes emplean a personas mayores, fomentando así su inclusión económica.

Aunque estos apoyos no son universales ni obligatorios, representan un avance hacia una política de envejecimiento digno. La pregunta que queda es por qué estos beneficios aún dependen de convenios voluntarios, en lugar de convertirse en derechos garantizados para toda la población adulta mayor.

Un bebé estadounidense nació en 2024 a partir de un embrión que llevaba 31 años congelado, lo que marca un nuevo récord en la historia de la medicina reproductiva. El embrión fue donado en 1992 por una pareja anónima y fue adoptado por un matrimonio de Oregon a través de un programa de donación.

El nacimiento fue posible gracias a la tecnología de criopreservación, que permite conservar embriones en nitrógeno líquido. Según los médicos, no hay diferencia genética o médica entre un embrión congelado y uno fresco, lo cual abre debates sobre los límites del tiempo en la reproducción asistida.

Aunque se trata de un avance científico notable, también plantea dilemas éticos sobre el destino de los embriones almacenados por décadas. ¿Hasta qué punto puede el pasado irrumpir en la vida familiar del presente? La ciencia avanza, pero la reflexión ética aún va atrás.