La Unión Europea impuso una multa de 120 millones de euros (140 millones de dólares) a X, la plataforma de Elon Musk, por incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA). Los reguladores señalaron que la falta de transparencia expone a los usuarios a estafas y manipulación, en la primera sanción emitida bajo este marco.

La Comisión Europea identificó tres infracciones: el uso engañoso de las verificaciones azules tras convertirlas en un servicio de pago; deficiencias en la base de datos de anuncios, que debe incluir información clave sobre financiadores y audiencias; y obstáculos para que investigadores accedan a datos públicos.

Bruselas afirmó que estas prácticas violan obligaciones esenciales de protección al usuario. X no respondió a las solicitudes de comentario, mientras crece la tensión con Washington, que critica las regulaciones digitales europeas.

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución presentada por México para evitar que armas nucleares puedan operar mediante inteligencia artificial, al advertir riesgos de errores automáticos o decisiones sin supervisión humana. La iniciativa obtuvo 118 votos a favor, 9 en contra y 44 abstenciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que es la primera vez que la ONU adopta una propuesta mexicana sobre este tema, alineada con su postura histórica en favor del desarme. Consideró que el amplio respaldo evidencia preocupación global por el uso militar de nuevas tecnologías.

México subrayó que la medida refuerza la necesidad de mantener control humano en decisiones estratégicas y de evaluar implicaciones éticas y de seguridad. También se aprobaron otras resoluciones mexicanas relacionadas con el desarme nuclear.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que “todo parece indicar” que sostendrá una breve reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita a Washington por el sorteo del Mundial 2026. Además, señaló que también tendrá un encuentro con Gianni Infantino y con el primer ministro de Canadá, en el marco de las actividades oficiales del torneo.

Asimismo, Sheinbaum explicó que su agenda incluirá reuniones cortas con otros funcionarios, además de su participación en el protocolo del sorteo. Conectado con ello, detalló que solo intervendrá unos minutos para extraer la bolilla que definirá el grupo correspondiente, antes de pasar al resto de las actividades programadas. Indicó que viajará este mismo miércoles en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por otra parte, la mandataria destacó que la visita se realiza como parte del trabajo diplomático vinculado a la organización del Mundial 2026, del cual México es sede junto con Estados Unidos y Canadá. Además, reiteró que el país mantiene una agenda de cooperación con ambas naciones. Finalmente, señaló que, tras los encuentros, ofrecerá información adicional en su conferencia matutina.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas, acompañada de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. El dictamen alcanzó una amplia mayoría y establece bases renovadas para garantizar el derecho humano al agua, fortalecer la rectoría del Estado y ordenar el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico.

El proyecto, derivado de la iniciativa presidencial y de propuestas de distintos grupos parlamentarios, define con mayor claridad competencias gubernamentales, procedimientos administrativos y criterios de equidad. También incorpora la participación comunitaria, plantea reglas específicas para reasignaciones y establece lineamientos para la preservación ambiental, la seguridad hídrica y la operación coordinada de autoridades locales y federales.

Durante la discusión, se agregaron reservas que atendieron inquietudes del sector productivo, precisando mecanismos de herencia, regularización de pozos y supuestos de responsabilidad hídrica. La votación concluyó entre posturas encontradas, aunque la mayoría afirmó que la reforma permitirá frenar el acaparamiento, mejorar el acceso al agua y avanzar hacia una regulación más justa.

La presidenta Claudia Sheinbaum y representantes del sector empresarial acordaron conformar un consejo para la promoción de inversiones vinculado al Plan México. El encuentro, realizado en Palacio Nacional, reunió a alrededor de 15 empresarios, entre ellos Carlos Slim, así como a titulares de Gobernación, Economía, Energía y Hacienda. La mandataria informó que las reuniones serán periódicas para dar seguimiento a proyectos estratégicos.

Asimismo, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, señaló que el nuevo espacio permitirá acelerar inversiones y evaluar esquemas mixtos en infraestructura, energía y servicios. Destacó que el objetivo es ampliar la comunicación con más empresarias y empresarios, además de conformar grupos de trabajo enfocados específicamente en la promoción de capital privado.

Por otra parte, se dio a conocer la integración del consejo con figuras del sector financiero, industrial y de telecomunicaciones. Entre ellos se encuentran Carlos Slim Domit, Bernardo Gómez, José Antonio Fernández Garza y Carlos Hank González. Francisco Cervantes, del CCE, aseguró que este órgano no sustituye al consejo empresarial y que su finalidad es complementar esfuerzos para impulsar el desarrollo económico.

Donald Trump advirtió que el T-MEC podría expirar o ser reemplazado, justo cuando inició la audiencia del USTR para evaluar el futuro del acuerdo. Afirmó que México y Canadá “se han aprovechado” de Estados Unidos.

Líderes agrícolas defendieron el valor del tratado, pero alertaron que los aranceles de Washington pueden generar represalias. Productores de soya y almendras señalaron que ambos países son mercados esenciales para sus industrias.

Organizaciones lácteas acusaron a Canadá de incumplir compromisos y limitar el acceso al mercado. Sostuvieron que Ottawa explota lagunas del acuerdo y mantiene barreras que afectan a exportadores estadunidenses.

Diputados de Morena criticaron que Pedro Haces Barba recibiera al rabino David Yosef y afirmaron que el partido “no puede avalar el genocidio en Gaza”. Señalaron que la instalación del grupo de amistad México-Israel se realizó sin convocatoria formal y fuera de los principios del movimiento.

También denunciaron irregularidades en la reunión del 27 de noviembre y pidieron que la bancada actúe conforme a su proyecto político. María Magdalena Rosales sostuvo que Morena no puede mantener vínculos con “una nación invasora” y anunció una queja a la Jucopo por el trato recibido.

Legisladores del PRI, PAN y PVEM aseguraron que sí hubo convocatoria y defendieron la instalación del grupo. Añadieron que asistieron representantes de varias bancadas, incluida la embajadora de Israel.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento de 13 por ciento al salario mínimo general, que en 2026 se ubicará en 9 mil 582.47 pesos mensuales. Además, destacó que el acuerdo fue alcanzado por consenso entre empresarios y trabajadores, sin impacto inflacionario ni alza en precios. La medida forma parte del esfuerzo por recuperar el poder adquisitivo de los hogares.

Asimismo, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, explicó que el salario pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte aumentará cinco por ciento, hasta 13 mil 409.80 pesos mensuales. Conectado con ello, subrayó que la meta constitucional de alcanzar 2.5 canastas básicas ya se logró en esa región. También destacó que el salario registra su nivel más alto desde 1980.

Por otra parte, Bolaños señaló que el aumento permitirá adquirir más alimentos básicos, al tiempo que el sector empresarial afirmó que el diálogo tripartito ha sido clave para fortalecer estabilidad y empleo formal. Además, se resaltó que el salario habrá recuperado más de 154 por ciento de su poder adquisitivo al inicio del próximo año. Finalmente, autoridades calificaron el acuerdo como un avance histórico.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la discusión sobre la reforma en materia de aguas permanece abierta, pues aún debe analizarse y aprobarse en comisiones y en el Pleno. Explicó que se remitió a la instancia dictaminadora la minuta de la reunión realizada con productores agropecuarios de 11 estados, cuyos planteamientos se sumarán a más de 50 modificaciones ya anunciadas.

Subrayó que persisten observaciones y posiciones distintas dentro del sector, por lo que es necesario mantener la deliberación para realizar los ajustes pertinentes. Recordó que el tema tiene un impacto directo en millones de personas, dado que involucra el trinomio agua, tierra y alimentos. Por ello, señaló que cada diputada y diputado deberá asumir la responsabilidad de un voto trascendente para el país.

Cuestionada sobre el relato de “El Chapito” respecto a la captura de “El Mayo”, López Rabadán preguntó públicamente dónde estaban las autoridades en esos hechos. Consideró indispensable que instancias federales, estatales y municipales rindan cuentas y actúen para evitar que situaciones de esa naturaleza ocurran sin respuesta institucional.

La ministra Lenia Batres volvió a impulsar ante la Suprema Corte un proyecto para que las indemnizaciones por muerte o incapacidad se calculen con la Unidad de Medida y Actualización. La propuesta, previamente retirada, reaparece sin modificaciones pese a cuestionamientos de especialistas y advierte que las reparaciones bajarían a alrededor de 565 mil pesos, frente a montos mayores cuando se usa el salario mínimo como referencia.

Asimismo, el proyecto busca resolver una contradicción entre criterios de las extintas salas del tribunal respecto a la desindexación salarial. Batres sostiene que su planteamiento responde al mandato constitucional de emplear la UMA para multas e indemnizaciones. Sin embargo, críticos señalan que esta interpretación reduciría la protección para víctimas de accidentes, negligencia médica o delitos, generando retrocesos en garantías ya consolidadas.

De aprobarse, el criterio podría convertirse en jurisprudencia obligatoria para tribunales federales y locales. Ello implicaría establecer montos de reparación uniformados a la baja en todo el país, con efectos directos para miles de familias afectadas. Especialistas advierten que el cambio favorecería estabilidad administrativa, pero limitaría el acceso a compensaciones proporcionales al daño sufrido.