Especialistas y autoridades federales advirtieron sobre los efectos del uso excesivo de redes sociales en niñas, niños y adolescentes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La especialista en prevención de adicciones, Tania Jiménez García, señaló que las nuevas generaciones podrían perder hasta 20 años de su vida en redes sociales, de acuerdo con estimaciones de las organizaciones Concieo y LLYC, por lo que llamó a fortalecer acciones de concientización.

Jiménez García explicó que el uso problemático de redes sociales provoca una sobreestimulación de dopamina, lo que modifica el funcionamiento del cerebro al reducir la producción y los receptores de este neurotransmisor. Indicó que este proceso puede disminuir el interés por actividades cotidianas, aunque aseguró que sus efectos pueden revertirse con atención adecuada.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que el impacto de las redes sociales trasciende el entorno escolar y debe asumirse como una responsabilidad compartida entre las familias. Señaló que el objetivo es generar conciencia sobre cómo el uso de dispositivos digitales puede influir en el desarrollo físico y cognitivo de niñas, niños y adolescentes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó el respaldo de la mayoría legislativa a las acciones emprendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para esclarecer la muerte de 17 mexicanos ocurridas durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Destacó que el gobierno federal abrió una ruta legal para investigar los casos y exigir responsabilidades.

Monreal informó que la estrategia contempla 20 denuncias presentadas ante autoridades federales, estatales y de distintos condados de Estados Unidos, además de una comunicación dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las acciones abarcan casos registrados en entidades como Arizona, Texas, Georgia y Luisiana.

El legislador subrayó que las investigaciones deben avanzar sin dejar de señalar las condiciones inhumanas que, afirmó, prevalecen en los centros de detención migratoria. Reiteró que la mayoría legislativa respalda la estrategia jurídica impulsada por el Gobierno de México y consideró que las acciones buscan proteger los derechos humanos de las y los connacionales en el extranjero.

Un tribunal federal ordenó reactivar el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados, al confirmar la negativa de un amparo y dejar sin efectos la suspensión que mantenía congelado el procedimiento desde 2023. La resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal permite que continúe la causa relacionada con la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes por parte de Pemex.

Los magistrados determinaron que el exdirector de Pemex no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio suscrito por Alonso Ancira, expropietario de Altos Hornos de México. Señalaron que dicho convenio estableció una obligación mancomunada y no solidaria, por lo que Lozoya debe responder de manera independiente por las acusaciones que enfrenta en este expediente.

La suspensión del proceso fue otorgada en agosto de 2023 con el argumento de que Ancira cubría la reparación del daño. Sin embargo, la Fiscalía General de la República impugnó esa decisión al señalar que el empresario incumplió parte del acuerdo. Lozoya enfrenta cargos por lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público por presuntos sobornos relacionados con la compra de Agronitrogenados.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que México debe recuperar su presencia en los organismos internacionales para explicar la situación que enfrenta el país y las acciones para atenderla. Advirtió que la falta de participación ha deteriorado la imagen de México en el exterior y señaló como principales problemas la crisis de personas desaparecidas, los asesinatos de periodistas y funcionarios, así como los cuestionamientos al sistema de justicia.

La legisladora también reiteró que el exgobernador Ernesto Ruffo Appel es un preso político y calificó como desproporcionado que permanezca en una prisión de alta seguridad. Asimismo, pidió transparentar el proceso de admisión de la UNAM tras las fallas registradas y consideró necesario fortalecer el presupuesto de las universidades públicas para ampliar las oportunidades de ingreso de los jóvenes.

Además, López Rabadán respaldó avanzar en una ley general para combatir el feminicidio y en otra para fortalecer la protección de periodistas. También pidió aplicar la legislación electoral vigente para sancionar los actos anticipados de campaña y garantizar condiciones de equidad rumbo al proceso electoral de 2027, al considerar que la autoridad debe hacer cumplir las reglas ya establecidas.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, atribuyó el retraso de hasta un mes en la entrega de credenciales para votar al cambio de la empresa encargada de su producción. Explicó que el contrato contempló un periodo de transición para regularizar el servicio y aseguró que la fabricación de los documentos ya se encuentra en proceso de normalización, por lo que recomendó a la ciudadanía verificar en los módulos si su credencial ya está disponible.

Desde el 1 de junio, la empresa Cosmocolor asumió la impresión de las credenciales con un rezago cercano a 500 mil documentos, cifra que posteriormente aumentó a 645 mil. Taddei informó que, desde el inicio del contrato, se han producido 2 millones 429 mil credenciales, las cuales pasan por procesos de control de calidad, empaque y distribución antes de su entrega.

La presidenta del INE descartó aplicar sanciones a la empresa proveedora al considerar que la regularización avanza conforme a lo establecido en el contrato. Durante la misma sesión, el organismo también presentó avances en estrategias de atención para personas privadas de la libertad y acciones de identificación mediante biometría.

Un juez español rechazó la solicitud del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para anular la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias relacionado con la aerolínea Plus Ultra. El magistrado José Luis Calama determinó que la impugnación fue presentada fuera del plazo legal de 20 días previsto para denunciar supuestas vulneraciones de derechos fundamentales durante el desarrollo del procedimiento judicial.

La defensa buscaba excluir diversas resoluciones, entre ellas los registros realizados en la oficina del exmandatario, donde fueron localizadas joyas valoradas preliminarmente en 1.3 millones de euros. El juez sostuvo que el plazo comienza cuando la parte conoce formalmente las actuaciones y no cuando considera conveniente presentar el recurso. Además, citó a declarar en septiembre a directivos de Plus Ultra por el presunto caso.

Zapatero insiste en que nunca intervino para favorecer el préstamo público otorgado a la aerolínea y aseguró que las joyas encontradas fueron un regalo personal. La investigación analiza posibles delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos aprobó tres dictámenes relacionados con vivienda adecuada, certeza jurídica y actualización de normas. El primero deroga una fracción que permitía considerar infracciones a partir de interpretaciones, medida que busca evitar ambigüedades y fortalecer la protección del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El segundo dictamen actualiza referencias institucionales en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sustituyendo menciones a organismos que cambiaron tras reformas constitucionales y legales. Las y los legisladores señalaron que esta modificación permitirá definir con claridad las facultades y obligaciones de las autoridades responsables de garantizar los derechos de estas comunidades.

El tercer dictamen incorpora el concepto de vivienda adecuada en la legislación, con criterios de accesibilidad, seguridad, servicios, habitabilidad, ubicación y respeto cultural. La comisión destacó que la vivienda representa un espacio para preservar lenguas, conocimientos, organización comunitaria e identidad. Además, informó que comenzarán asambleas regionales para consultar una ley general en la materia.

El gobernador Alfonso Durazo informó que Sonora se ubicó en el primer lugar nacional en conciliación laboral, al registrar una efectividad de 92.4 por ciento en la resolución de conflictos mediante acuerdos entre trabajadores y empleadores. El mandatario atribuyó este resultado a la estrategia de diálogo permanente impulsada a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado, con el objetivo de fortalecer la justicia laboral y privilegiar soluciones sin llegar a juicio.

De octubre de 2022 a mayo de 2026, el organismo atendió 225 mil 684 asuntos laborales y concretó 181 mil 705 convenios. Además, entre octubre de 2022 y junio de 2026 se recuperaron más de 5 mil 598 millones de pesos a favor de trabajadores durante procesos conciliatorios. Durazo destacó que el diálogo y la negociación han permitido construir acuerdos favorables para ambas partes.

El Centro de Conciliación Laboral opera mediante ocho sedes regionales distribuidas en Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Agua Prieta, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. El Gobierno de Sonora afirmó que continuará fortaleciendo este modelo para ampliar el acceso a la justicia laboral y consolidar la paz social en la entidad.

La Comisión Permanente recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el marco legal contra el feminicidio. La propuesta plantea imponer penas de 50 a 70 años de prisión a quienes cometan este delito y aumentar la sanción hasta en una mitad cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, personas mayores, mujeres embarazadas o con discapacidad, entre otros supuestos.

La reforma también prohíbe la aplicación de criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios, terminación anticipada del proceso o cualquier mecanismo que reduzca la pena. Además, contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio para identificar y dar seguimiento a las víctimas indirectas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Congreso. Se prevé que el proyecto sea discutido durante el próximo periodo ordinario de sesiones como parte de la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo federal para reforzar la protección de las mujeres.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la regulación de la inteligencia artificial y el acceso de menores de edad a las nuevas tecnologías debe convertirse en una prioridad para el Congreso de la Unión durante el próximo periodo ordinario de sesiones. Señaló que ya existen iniciativas de distintos grupos parlamentarios y consideró que México debe seguir las experiencias internacionales para construir un marco legal que proteja a niñas, niños y adolescentes sin limitar el desarrollo tecnológico.

La legisladora sostuvo que el objetivo no debe ser prohibir el uso de estas herramientas, sino establecer reglas que permitan a madres, padres y tutores acompañar de mejor manera a los menores. Agregó que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de ofrecer una respuesta puntual frente al avance de la inteligencia artificial y su impacto en la vida cotidiana.

En otro tema, López Rabadán reiteró que Ernesto Ruffo Appel es un preso político y sostuvo que su detención busca desviar la atención de otros asuntos nacionales. También advirtió que la negociación del T-MEC representa una oportunidad para fortalecer la relación con Estados Unidos y Canadá, siempre que México demuestre respeto al Estado de derecho y combate efectivo a la corrupción.