La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la próxima cumbre del G7 en Canadá, donde participará como invitada especial tras la invitación del primer ministro canadiense, Mark Carney. México no es miembro del bloque, pero buscará presencia en las discusiones multilaterales.

Sheinbaum viajará en avión comercial, señalando las limitaciones de conectividad aérea para llegar a Kananaskis, sede del encuentro. Aunque no lo ha confirmado, dejó abierta la posibilidad de sostener un encuentro bilateral con Donald Trump durante su estancia.

La asistencia de Sheinbaum al G7 busca proyectar a México en foros de alto nivel, pero también evidencia la compleja inserción del país en la dinámica de las grandes potencias. La visita ocurre en un contexto donde los equilibrios geopolíticos, particularmente con Estados Unidos y el bloque occidental, serán determinantes para su política exterior.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, acusó directamente a elementos de seguridad de Guatemala de estar coludidos con delincuentes. Lo hizo tras un incidente violento registrado en territorio guatemalteco, compartiendo una fotografía en redes como única “prueba”.

Sin presentar evidencia contundente, Ramírez lanzó una grave acusación que tensa aún más la ya frágil relación fronteriza. En lugar de coordinar una respuesta diplomática o de seguridad regional, optó por el escándalo mediático.

La frontera sur es un polvorín de impunidad y crimen organizado, pero el gobernador prefiere culpar a terceros antes que rendir cuentas por la falta de control en su propio territorio. ¿Es esta una advertencia legítima o una maniobra para desviar responsabilidades? Mientras tanto, las comunidades fronterizas siguen atrapadas entre el abandono y la violencia.

Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de que Felipe Calderón hubiera encubierto a Genaro García Luna, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde al expresidente ofrecer una explicación sobre el tema. Sin embargo, no indicó que su gobierno iniciaría una investigación formal sobre la supuesta responsabilidad política de Calderón.

Aunque la mandataria enfatizó que busca justicia y no revancha, hasta ahora no se han anunciado medidas concretas para examinar el papel del expresidente en relación con García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad y que enfrenta acusaciones graves por vínculos con el narcotráfico.

Sheinbaum reiteró que la evaluación sobre estos asuntos corresponde también a la opinión pública, sin precisar futuras acciones institucionales o legales. Hasta el momento, ninguna autoridad ha anunciado investigaciones específicas dirigidas hacia Felipe Calderón respecto a estos señalamientos.

El primer año de operación del Tren Maya ha evidenciado una grave ineficiencia financiera: por cada peso que generó en ingresos, necesitó 108 pesos del erario. Según la Cuenta Pública 2024, la paraestatal militar requirió 29 mil 912 millones de pesos para operar, pero apenas recaudó 276 millones. Ni siquiera alcanzó para cubrir los salarios de sus mil 700 empleados.

El director del proyecto, David Lozano Águila, reconoció que el transporte de pasajeros no bastará para hacerlo rentable, y que el equilibrio financiero dependerá de un esquema de carga aún inexistente. A pesar del subsidio federal millonario, los gastos siguen creciendo: para 2025 se proyectan 827 millones en salarios y otros 680 millones en operación. La información detallada sobre costos sigue clasificada como reservada.

Fonatur transfirió oficialmente los activos del proyecto, valuados en 470 mil millones de pesos, a una paraestatal militar y al INAH. Pero el costo real de construcción aún es desconocido. En lugar de ser un modelo de eficiencia pública, el Tren Maya representa un ejemplo de opacidad y derroche disfrazado de infraestructura estratégica.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene su plantón en el Zócalo tras no lograr consenso sobre el fin de la huelga, que ya suma 22 días. Oaxaca propuso levantarlo, pero el resto de delegaciones pidieron más tiempo para buscar unidad.

Mientras tanto, persisten los roces internos y los choques con el gobierno. La toma de las oficinas del SNTE y los altercados afuera de Gobernación tensaron aún más el conflicto, que gira en torno a la exigencia de derogar la reforma del ISSSTE de 2007 y regresar al sistema de pensiones solidarias.

El Ejecutivo insiste en no ceder ante la demanda central por falta de presupuesto, ofreciendo en su lugar aumentos salariales y apoyos parciales a los retiros. La CNTE, dividida y debilitada en su movilización, enfrenta ahora el dilema de sostener la presión o asumir un desgaste político mayor.

En plena elección judicial, se detectaron pagos por más de 1.4 millones de pesos en promoción digital a favor de aspirantes cercanos a Morena, violando las reglas electorales que prohíben la pauta pagada durante las campañas.

Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres fueron las principales beneficiadas. A través de páginas en Facebook, Instagram y TikTok, se difundieron miles de publicaciones impulsando sus candidaturas, incluso durante el periodo de veda electoral.

Según el INE, estos gastos deberán sumarse a los montos oficiales ya reportados, lo que podría generar rebase de topes permitidos. El uso de redes sociales vuelve a mostrar los vacíos normativos que existen para controlar la propaganda política en un proceso judicial inédito para el país.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que iniciará una gira nacional para revisar los avances del IMSS Bienestar en cada entidad federativa, como parte del reforzamiento a los servicios de salud pública.

Además, señaló que continuará impulsando el programa Casa por Casa, con el cual se pretende llegar directamente a las comunidades con servicios y atención personalizada.

Con estos recorridos, la mandataria busca evaluar en campo la operación de los programas prioritarios. Aunque no dio fechas precisas, afirmó que esta supervisión directa permitirá identificar áreas de mejora. El anuncio confirma el enfoque territorial de su estrategia social.

La Secretaría de Cultura informó que, hasta ahora, no existe ninguna denuncia formal contra el Director de Seguridad y Resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), tras el cierre inesperado de varios museos en la Ciudad de México.

Los recintos reabrieron poco después de la suspensión de actividades, que generó preocupación entre el público y el sector cultural. La titular de Cultura aseguró que se trató de una medida operativa temporal.

Sin embargo, la situación dejó en evidencia fallas en la coordinación institucional y la falta de protocolos claros frente a contingencias. El caso reabre el debate sobre las condiciones laborales en el sector cultural y la fragilidad administrativa de instituciones clave para la vida pública del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la lucha contra el fentanilo no obedece a presiones del expresidente Donald Trump, sino al objetivo de proteger a los jóvenes y evitar que la droga caiga en manos del crimen organizado.

En un posicionamiento firme, dejó claro que la cooperación con Estados Unidos debe regirse por el respeto a la soberanía nacional. “Con respeto a México se le respeta”, dijo, en referencia a su relación con el país vecino.

También reiteró su rechazo a la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional. “México es un país soberano”, enfatizó. En su discurso, marcó límites claros a la cooperación bilateral en temas de seguridad y combate al narcotráfico.

El INE finalizó el cómputo de votos de la elección para renovar la Suprema Corte de Justicia. Con más de 116.6 millones de sufragios computados, el proceso se extendió por más de cuatro días en las 300 juntas distritales del país.

Hugo Aguilar Ortiz obtuvo 6.1 millones de votos, seguido por Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. La participación ciudadana fue del 13%, cifra prevista por el INE. Se reportaron demoras en juntas de Veracruz y Chiapas por errores logísticos.

La baja participación y las irregularidades observadas en el conteo generan dudas sobre la legitimidad del proceso y abren preguntas sobre la confianza ciudadana en esta inédita elección judicial. ¿Se consolidará este modelo o será necesario rediseñarlo?