Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que uno de los nuevos Polos de Bienestar se construirá en el terreno de Tlaxcoapan, Hidalgo, donde Felipe Calderón había proyectado una refinería que nunca se concretó. El sitio solo conserva una barda construida durante su sexenio.
El nuevo proyecto estará centrado en la economía circular, con énfasis en el reciclaje de ropa, llantas, residuos de construcción y otros desechos urbanos. Según Sheinbaum, varias cementeras ya colaboran en su desarrollo, con el objetivo de reducir el volumen de basura que llega a los vertederos.

Este anuncio refuerza la apuesta del gobierno federal por reutilizar terrenos abandonados y convertirlos en espacios productivos. Sin embargo, queda la pregunta de si estos proyectos tendrán continuidad y resultados sostenibles a largo plazo o si solo marcarán un contraste simbólico con los gobiernos anteriores.

El programa Salud Casa por Casa, impulsado por la Secretaría de Bienestar, ya cuenta con 20 mil profesionales capacitados para brindar atención médica preventiva, temprana y paliativa a millones de mexicanos. Las autoridades informaron que 8.7 millones de personas adultas mayores o con discapacidad han sido visitadas hasta ahora.

Una brigada especial de 2,545 personas—médicos, enfermeras, técnicos y especialistas—fue desplegada en zonas rurales de 28 entidades del país. Su labor se centra en detectar riesgos a la salud desde los hogares, evitando que las condiciones médicas se agraven por falta de diagnóstico oportuna.

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que este enfoque busca garantizar el bienestar integral de la población vulnerable y reducir los rezagos del sistema tradicional. A pesar de su alcance, el programa enfrenta el reto de mantener continuidad, recursos y seguimiento clínico en comunidades con acceso limitado.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no se ofrecerán más detalles sobre el asesinato de dos integrantes del equipo de Clara Brugada hasta que existan avances sustanciales en la investigación. La decisión fue tomada junto con la FGR, la Fiscalía capitalina y la Policía de la Ciudad de México.

El secretario Omar García Harfuch afirmó que se trata de un caso delicado y justificó la reserva de información como una estrategia para proteger el proceso. A tres semanas del crimen, no hay detenidos ni se conocen líneas claras de investigación.

El hermetismo contrasta con la gravedad del hecho: un ataque directo contra operadores políticos en plena capital del país. El silencio institucional, lejos de fortalecer la confianza, deja expuesto al gobierno ante sospechas de opacidad y falta de control frente a hechos violentos con implicaciones políticas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que los detenidos implicados en el asesinato de elementos de la Guardia Nacional en Michoacán son de origen colombiano. Tres de ellos cuentan con entrenamiento militar y todos ingresaron legalmente al país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Detalló que se trata de exmilitares reclutados por el crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha incorporado con mayor frecuencia a colombianos entre sus filas, aunque también se han documentado casos vinculados al Cártel de Sinaloa.

El caso ha encendido alertas sobre el creciente uso de perfiles extranjeros con formación táctica por parte de grupos delictivos. Esta tendencia refuerza la necesidad de reforzar controles migratorios, cooperación internacional y monitoreo de perfiles con historial militar para prevenir futuras infiltraciones en estructuras criminales locales.

Durante la presentación del informe de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó una disminución del 25.8% en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 86 a 64 crímenes entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Además, destacó que siete estados concentran el 51.6% de los asesinatos, encabezados por Guanajuato y Baja California.

Omar García Harfuch informó la detención de 23,417 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 12 mil armas y casi mil laboratorios clandestinos, junto con 172 toneladas de drogas. En paralelo, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permitió recuperar más de mil 500 armas y 81 mil cartuchos.
Ahora, si bien la Secretaría de Seguridad afirmó que estas cifras reflejan avances en la estrategia federal, nadie puede negar que todavía existe el reto de erradicar la violencia estructural en varias regiones, es importante recordar que esta baja en cifras no resuelve por sí sola las causas profundas del crimen ni sus raíces sociales.

Desde el domingo, habitantes de Puerto las Ollas, en Coyuca de Catalán, Guerrero, denuncian ataques de presuntos integrantes de La Familia Michoacana. Las agresiones incluyen incendios de viviendas, disparos y el derribo de torres de comunicación, lo que ha dejado incomunicadas a varias comunidades de la Sierra Madre del Sur. Al menos un niño habría resultado herido, y otros habitantes permanecen refugiados o desaparecidos.

Vecinos relatan que las familias están huyendo por caminos rurales, mientras otras permanecen encerradas por miedo. Hasta el momento, afirman que ni autoridades locales ni federales han intervenido, a pesar de las múltiples solicitudes de ayuda. La situación se agrava con la escasez de alimentos y el aislamiento.

En un contexto de abandono institucional, los pobladores temen que la violencia se prolongue. La omisión de las autoridades pone en riesgo a cientos de personas y plantea preguntas serias sobre la capacidad del Estado para proteger a sus comunidades rurales.

El canciller Juan Ramón de la Fuente informó que 42 mexicanos fueron detenidos en Los Ángeles durante redadas realizadas en una tienda Home Depot y una fábrica textil. Cuatro de ellos ya han sido deportados, mientras el resto permanece bajo atención consular.

De la Fuente señaló que la mayoría de los detenidos son trabajadores y que dos contaban previamente con órdenes de remoción, mientras otros dos aceptaron la deportación voluntaria. Las redadas coinciden con los disturbios recientes registrados en esa ciudad.

México enfrenta nuevamente los efectos de la política migratoria estadounidense bajo el gobierno de Donald Trump, en un contexto de creciente presión para los migrantes. El caso vuelve a exponer los límites de la diplomacia mexicana para proteger a su diáspora frente a las acciones unilaterales de Washington.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la próxima cumbre del G7 en Canadá, donde participará como invitada especial tras la invitación del primer ministro canadiense, Mark Carney. México no es miembro del bloque, pero buscará presencia en las discusiones multilaterales.

Sheinbaum viajará en avión comercial, señalando las limitaciones de conectividad aérea para llegar a Kananaskis, sede del encuentro. Aunque no lo ha confirmado, dejó abierta la posibilidad de sostener un encuentro bilateral con Donald Trump durante su estancia.

La asistencia de Sheinbaum al G7 busca proyectar a México en foros de alto nivel, pero también evidencia la compleja inserción del país en la dinámica de las grandes potencias. La visita ocurre en un contexto donde los equilibrios geopolíticos, particularmente con Estados Unidos y el bloque occidental, serán determinantes para su política exterior.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, acusó directamente a elementos de seguridad de Guatemala de estar coludidos con delincuentes. Lo hizo tras un incidente violento registrado en territorio guatemalteco, compartiendo una fotografía en redes como única “prueba”.

Sin presentar evidencia contundente, Ramírez lanzó una grave acusación que tensa aún más la ya frágil relación fronteriza. En lugar de coordinar una respuesta diplomática o de seguridad regional, optó por el escándalo mediático.

La frontera sur es un polvorín de impunidad y crimen organizado, pero el gobernador prefiere culpar a terceros antes que rendir cuentas por la falta de control en su propio territorio. ¿Es esta una advertencia legítima o una maniobra para desviar responsabilidades? Mientras tanto, las comunidades fronterizas siguen atrapadas entre el abandono y la violencia.

Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de que Felipe Calderón hubiera encubierto a Genaro García Luna, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde al expresidente ofrecer una explicación sobre el tema. Sin embargo, no indicó que su gobierno iniciaría una investigación formal sobre la supuesta responsabilidad política de Calderón.

Aunque la mandataria enfatizó que busca justicia y no revancha, hasta ahora no se han anunciado medidas concretas para examinar el papel del expresidente en relación con García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad y que enfrenta acusaciones graves por vínculos con el narcotráfico.

Sheinbaum reiteró que la evaluación sobre estos asuntos corresponde también a la opinión pública, sin precisar futuras acciones institucionales o legales. Hasta el momento, ninguna autoridad ha anunciado investigaciones específicas dirigidas hacia Felipe Calderón respecto a estos señalamientos.