El G-7 acordó este sábado eximir a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo global del 15 % pactado en 2021 por 130 países, debilitando un pilar clave contra la evasión fiscal. La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, evita que firmas como Apple o Amazon enfrenten cargas adicionales en el extranjero.

El acuerdo, anunciado tras la cumbre en Canadá, modifica sustancialmente el pacto original y refuerza la postura de Trump de proteger la “soberanía fiscal” de EE. UU. A cambio, los demás miembros del G-7 apoyarán esta posición en el G-20 y la OCDE, aunque los llamados “impuestos digitales” quedan fuera de la exención.

Trump reaccionó furioso ante el nuevo impuesto digital de Canadá —que grava con un 3 % a las tecnológicas estadounidenses— y suspendió las negociaciones arancelarias con Ottawa. En su red Truth, advirtió que en siete días anunciará represalias comerciales, aduciendo imitaciones de la Unión Europea.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Intercam, Vector y CIBanco de lavar dinero para cárteles mexicanos. A través de “mulas”, se habrían transferido más de 9 millones de dólares desde territorio estadounidense hacia México, mediante depósitos en efectivo y transferencias bancarias.

Sin embargo, el informe no incluye los nombres de los bancos de Estados Unidos donde se realizaron 627 depósitos y más de 200 transferencias. Tampoco hay mención de sanciones contra estas entidades, aunque el sistema financiero estadounidense fue parte central del esquema.

Este silencio despierta dudas. ¿Por qué señalar sólo a instituciones mexicanas cuando los recursos salieron de bancos estadounidenses? La lucha contra el crimen organizado exige transparencia total. Si el origen se omite, la justicia pierde credibilidad y se transforma en instrumento político.

La administración Trump pretende duplicar los fondos destinados a deportaciones, con el objetivo de alcanzar cifras récord en expulsiones durante 2025. Aunque asegura haber deportado más de 200 mil personas, analistas advierten sobre la opacidad en los datos y cuestionan la viabilidad de la meta de un millón de deportaciones.

Además, Trump impulsa medidas para invalidar solicitudes de asilo y confronta a tribunales que frenan operativos. La nueva legislación contempla 160 mil millones de dólares, más agentes, muros fronterizos, centros de detención y un impuesto a remesas. El proyecto aún enfrenta obstáculos en el Congreso.

Expertos señalan que el enfoque ha generado un ambiente de temor sin lograr resultados sostenibles. A pesar del costo social y económico, la retórica antimigrante se mantiene como pilar de campaña. El riesgo es claro: convertir el sistema migratorio en herramienta electoral, a costa de derechos, legalidad y cohesión social dentro de Estados Unidos.

Pedro Sánchez respondió a las presiones de Donald Trump sobre el gasto en defensa, recordando que España es un país soberano y que su comercio exterior está bajo jurisdicción de Bruselas. España no alcanzará el 5% del PIB en defensa, pero reafirma su compromiso con la OTAN.

Trump amenazó con represalias económicas, pero Sánchez señaló que la política comercial corresponde a la Comisión Europea, que actualmente negocia aranceles con Washington. Subrayó que España tiene un déficit, no superávit, con Estados Unidos, y que la guerra comercial ha sido impuesta de forma unilateral.

Separar los temas militares de los económicos no solo es diplomáticamente sensato, es necesario. Confundir soberanía con deslealtad y convertir los desacuerdos en castigos es una receta para la fragmentación de alianzas. Europa, con voz propia, también debe defender su modelo sin miedo.

Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, la fiscal Pam Bondi calificó a México como “adversario extranjero”, aludiendo a la crisis del fentanilo. En respuesta a una pregunta del senador republicano Lindsey Graham, la funcionaria incluyó a México junto a Irán, Rusia y China como amenazas a la seguridad nacional.

Bondi responsabilizó al Cártel de Sinaloa por el aumento de muertes por sobredosis y advirtió que su país actuará con o sin la colaboración mexicana. Sin embargo, el debate escaló cuando el senador Jack Reed señaló la falta de control sobre las armas estadounidenses que terminan en manos de cárteles mexicanos.

La fiscal aseguró que las fronteras están cerradas y negó que salgan armas desde Estados Unidos. Reed, no conforme, denunció la responsabilidad estadounidense en el fortalecimiento militar de los grupos criminales. Esta tensión revela un doble discurso en Washington y expone una estrategia más política que efectiva para combatir el crimen transnacional.

La detención violenta de Narciso Barranco, mexicano con 31 años en EE.UU., provocó indignación en California. El jardinero, sin antecedentes penales y padre de tres militares estadounidenses, fue golpeado y rociado con gas pimienta por agentes del ICE en Santa Ana.

El consulado mexicano en Los Ángeles ya solicitó explicaciones formales y atención médica para el connacional, quien sufrió una dislocación de hombro. Además, se canalizó el caso a un programa legal de defensa y se mantiene contacto con la familia, informó la SRE.

Golpear a un hombre por “su aspecto”, como denunció su hijo, no es sólo abuso policial, es desprecio institucional. Mientras sus hijos protegen a Estados Unidos, su padre es tratado como amenaza. ¿Quién defiende a los que ya pertenecen, pero nunca terminan de ser reconocidos?

Israel e Irán acordaron anoche mantener un cese al fuego tras 12 días de hostilidades. Según medios israelíes, fue Donald Trump quien frenó un ataque final, tras comunicarse directamente con Benjamin Netanyahu y urgir la contención ante el riesgo de una escalada regional.

Mientras el premier israelí celebró una “victoria histórica”, el presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró terminada la guerra y reiteró que su país no busca armas nucleares. Sin embargo, aún no hay evidencia de que el complejo de Fordo haya sido destruido, como afirma Tel Aviv.

La tregua se sostiene con condiciones: ambos gobiernos prometen responder ante cualquier violación. Aunque Estados Unidos aparece como mediador clave, voces internas como Reza Pahlavi alientan la caída del régimen iraní. Esta pausa no significa paz duradera, sino apenas un respiro en una confrontación que podría reactivarse en cualquier momento, dependiendo más de intereses geopolíticos que de voluntades de paz.

Desde el Air Force One, Donald Trump confirmó que habló con Vladímir Putin, quien le ofreció apoyo para gestionar el conflicto con Irán. Trump rechazó la propuesta, señalando que no necesita ayuda con Teherán, sino un compromiso más firme de Moscú. “Necesito ayuda contigo”, le dijo al mandatario ruso.

El expresidente estadounidense aseguró que busca alcanzar un acuerdo con Rusia, tanto en materia de cooperación bilateral como en el conflicto en Ucrania. Pese a que ha presionado a Putin para detener la guerra, ha mantenido una postura más crítica hacia Kiev, cuestionando su estrategia frente a la ocupación.

Putin, por su parte, ha dicho que no busca la rendición de Ucrania, sino el reconocimiento de “la realidad en el terreno”. En paralelo, Moscú ha respaldado el cese al fuego entre Irán e Israel, lo que refuerza su papel como actor clave en varios frentes. Trump ahora apuesta a resolver dos guerras, negociando con quien las sostiene.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin del conflicto entre Irán e Israel tras 12 días de enfrentamientos. A través de su red Truth Social, informó que ambas naciones pactaron un alto al fuego escalonado, iniciando en seis horas y concluyendo formalmente en 24.

Trump explicó que Irán iniciará el cese de hostilidades y, 12 horas después, lo hará Israel. De cumplirse este esquema, se declarará el fin oficial de la guerra. El mandatario elogió la “resistencia e inteligencia” de ambos países, asegurando que el conflicto pudo haberse prolongado por años, pero no fue así.

El acuerdo pone fin a una de las escaladas más intensas de los últimos tiempos en Medio Oriente. Con su habitual tono triunfalista, Trump se adjudicó el logro diplomático y lo calificó como un hito mundial. La comunidad internacional ahora espera que el frágil acuerdo se mantenga y dé paso a una desescalada duradera.

Más de 400 palestinos han muerto desde que comenzó la distribución de ayuda por parte de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una ONG respaldada por Israel y Estados Unidos. Muchos fallecieron cerca de centros de reparto, en ataques atribuidos al ejército israelí.

Solo el domingo, al menos 33 personas murieron, ocho mientras buscaban alimentos. Desde el rompimiento del alto al fuego el 18 de marzo, Gaza vive una catástrofe humanitaria. Ya suman 5 mil 647 muertos y más de 19 mil heridos, según el Ministerio de Salud gazatí.

Aunque Israel reportó la recuperación de tres rehenes, la violencia sigue sin freno. Mientras el mundo observa en silencio, los más vulnerables pagan con su vida. Asociar ayuda humanitaria con represión bélica no solo es inmoral, es un crimen de guerra. La complicidad de potencias aliadas hace urgente repensar el rol real de la ayuda y quién decide quién merece sobrevivir.