La nueva ofensiva israelí sobre Gaza ha encendido alarmas entre sus principales aliados. Francia, Reino Unido y Canadá expresaron una condena conjunta y exigieron detener la operación “Carros de Gedeón”, que suma miles de muertes civiles y agrava el colapso humanitario en la Franja.

La ONU advirtió que 14 mil bebés podrían morir en 48 horas por desnutrición, mientras Israel impide el ingreso regular de ayuda humanitaria. Aunque se permitió el paso de cinco camiones, la cifra dista de los 500 necesarios diariamente antes de la guerra.

La ofensiva ha cruzado una línea crítica: más allá del derecho legítimo a defenderse, se impone una lógica militar sobre la vida civil. El desplazamiento forzado, la destrucción de viviendas y hospitales, y la falta de insumos médicos exhiben un patrón que organismos internacionales ya califican como potencial crimen de guerra.

El gobierno de Argentina disolvió la comisión que investigaba el presunto fraude con la criptomoneda $LIBRA, promovida por Javier Milei en redes sociales antes de una repentina alza y desplome. Según el decreto oficial, la comisión cumplió su tarea de recabar informes y entregarlos al Ministerio Público Fiscal.

La medida generó controversia, ya que el propio Milei ha sido vinculado con el caso, al igual que su hermana Karina. La jueza María Servini ordenó al Banco Central y a otras entidades reportar operaciones financieras relacionadas. En paralelo, el Congreso mantiene activa una investigación parlamentaria sobre el tema.

Aunque Milei negó haber promocionado la moneda y funcionarios clave evitaron comparecer ante el Legislativo, el cierre de la comisión oficial deja un vacío institucional. En un contexto de desconfianza financiera, el mensaje que deja el Ejecutivo es preocupante: la transparencia parece ceder ante el control político de las investigaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció una reestructura drástica que implica reducir a la mitad sus departamentos y personal. Esta decisión responde al retiro de Estados Unidos como país miembro, una de las primeras acciones del presidente Donald Trump tras asumir su segundo mandato.

El director general, Tedros Adhanom, explicó que la organización enfrenta una brecha de financiamiento de 1,700 millones de dólares. El presupuesto previsto para el bienio 2026-2027 bajará de 5,300 a 4,200 millones, afectando el funcionamiento en al menos 70 países vulnerables.

La reducción coincide con un escenario global marcado por mayor necesidad de cooperación sanitaria; sin embargo, la decisión de Washington refleja una tendencia a privilegiar el gasto militar sobre la salud pública.