Este martes 2 de julio, el presidente Donald Trump inauguró en Florida el primer centro de detención migratoria operado por contratistas privados bajo su nueva administración. Ubicado en el condado de Glades, el centro promete acelerar deportaciones y endurecer el trato a migrantes detenidos.

La prisión, dirigida por la corporación Security Response Group, puede albergar hasta mil personas. Según funcionarios, está diseñada para “proteger al país del ingreso ilegal” y tendrá personal armado, vigilancia constante y jueces migratorios en sitio. Organizaciones civiles ya alzaron la voz por posibles violaciones a derechos humanos.

La apertura coincide con la ofensiva del gobierno republicano para criminalizar la migración irregular. Trump ha prometido más centros como este en estados fronterizos. Activistas denuncian que esta política revivirá los peores abusos documentados en su primer mandato.

La nueva versión del megaproyecto presupuestal de Trump recorta nuevamente el polémico impuesto a las remesas enviadas al extranjero, que inicialmente buscaba gravar con hasta 10% los envíos desde Estados Unidos. Ahora, el gravamen sería de apenas 1.5% y se limitaría a países sin tratados bilaterales de seguridad fronteriza.

La medida, que generó fuerte oposición entre legisladores demócratas y organizaciones migrantes, ha sido suavizada para lograr mayor respaldo en el Congreso. Aun así, críticos advierten que sigue afectando desproporcionadamente a comunidades latinas que envían dinero a sus familias, especialmente en México y Centroamérica.

El megaproyecto aún debe ser votado, pero sugiere que el equipo de Trump busca avanzar su agenda restrictiva sin arriesgar el equilibrio legislativo. Aunque la tasa es menor, el impuesto sigue cargado de simbolismo: penalizar el vínculo financiero entre migrantes y sus países de origen.

La cartera vencida de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) alcanzó su nivel más alto desde 2015: 8.5% en mayo de 2025, según la CNBV. La cifra supera el 5.6% registrado un año antes y también los niveles observados durante la pandemia. El dato enciende alertas en un sector que atiende a comunidades excluidas por la banca tradicional.

Aunque las Sofipos cuentan con un seguro de depósitos por hasta 25 mil UDIS (cerca de 200 mil pesos), un deterioro sostenido de su cartera podría comprometer tanto su viabilidad como la seguridad de los ahorros. Los expertos advierten que el alza refleja una falta de análisis de riesgo y un deterioro en la calidad crediticia.

Actualmente, seis instituciones concentran el 70% del total de la cartera. Una crisis en alguna de ellas podría generar un efecto dominó, afectando no solo a los usuarios sino al sistema financiero popular en su conjunto.

El G-7 acordó este sábado eximir a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo global del 15 % pactado en 2021 por 130 países, debilitando un pilar clave contra la evasión fiscal. La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, evita que firmas como Apple o Amazon enfrenten cargas adicionales en el extranjero.

El acuerdo, anunciado tras la cumbre en Canadá, modifica sustancialmente el pacto original y refuerza la postura de Trump de proteger la “soberanía fiscal” de EE. UU. A cambio, los demás miembros del G-7 apoyarán esta posición en el G-20 y la OCDE, aunque los llamados “impuestos digitales” quedan fuera de la exención.

Trump reaccionó furioso ante el nuevo impuesto digital de Canadá —que grava con un 3 % a las tecnológicas estadounidenses— y suspendió las negociaciones arancelarias con Ottawa. En su red Truth, advirtió que en siete días anunciará represalias comerciales, aduciendo imitaciones de la Unión Europea.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Intercam, Vector y CIBanco de lavar dinero para cárteles mexicanos. A través de “mulas”, se habrían transferido más de 9 millones de dólares desde territorio estadounidense hacia México, mediante depósitos en efectivo y transferencias bancarias.

Sin embargo, el informe no incluye los nombres de los bancos de Estados Unidos donde se realizaron 627 depósitos y más de 200 transferencias. Tampoco hay mención de sanciones contra estas entidades, aunque el sistema financiero estadounidense fue parte central del esquema.

Este silencio despierta dudas. ¿Por qué señalar sólo a instituciones mexicanas cuando los recursos salieron de bancos estadounidenses? La lucha contra el crimen organizado exige transparencia total. Si el origen se omite, la justicia pierde credibilidad y se transforma en instrumento político.

La administración Trump pretende duplicar los fondos destinados a deportaciones, con el objetivo de alcanzar cifras récord en expulsiones durante 2025. Aunque asegura haber deportado más de 200 mil personas, analistas advierten sobre la opacidad en los datos y cuestionan la viabilidad de la meta de un millón de deportaciones.

Además, Trump impulsa medidas para invalidar solicitudes de asilo y confronta a tribunales que frenan operativos. La nueva legislación contempla 160 mil millones de dólares, más agentes, muros fronterizos, centros de detención y un impuesto a remesas. El proyecto aún enfrenta obstáculos en el Congreso.

Expertos señalan que el enfoque ha generado un ambiente de temor sin lograr resultados sostenibles. A pesar del costo social y económico, la retórica antimigrante se mantiene como pilar de campaña. El riesgo es claro: convertir el sistema migratorio en herramienta electoral, a costa de derechos, legalidad y cohesión social dentro de Estados Unidos.

Pedro Sánchez respondió a las presiones de Donald Trump sobre el gasto en defensa, recordando que España es un país soberano y que su comercio exterior está bajo jurisdicción de Bruselas. España no alcanzará el 5% del PIB en defensa, pero reafirma su compromiso con la OTAN.

Trump amenazó con represalias económicas, pero Sánchez señaló que la política comercial corresponde a la Comisión Europea, que actualmente negocia aranceles con Washington. Subrayó que España tiene un déficit, no superávit, con Estados Unidos, y que la guerra comercial ha sido impuesta de forma unilateral.

Separar los temas militares de los económicos no solo es diplomáticamente sensato, es necesario. Confundir soberanía con deslealtad y convertir los desacuerdos en castigos es una receta para la fragmentación de alianzas. Europa, con voz propia, también debe defender su modelo sin miedo.

Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, la fiscal Pam Bondi calificó a México como “adversario extranjero”, aludiendo a la crisis del fentanilo. En respuesta a una pregunta del senador republicano Lindsey Graham, la funcionaria incluyó a México junto a Irán, Rusia y China como amenazas a la seguridad nacional.

Bondi responsabilizó al Cártel de Sinaloa por el aumento de muertes por sobredosis y advirtió que su país actuará con o sin la colaboración mexicana. Sin embargo, el debate escaló cuando el senador Jack Reed señaló la falta de control sobre las armas estadounidenses que terminan en manos de cárteles mexicanos.

La fiscal aseguró que las fronteras están cerradas y negó que salgan armas desde Estados Unidos. Reed, no conforme, denunció la responsabilidad estadounidense en el fortalecimiento militar de los grupos criminales. Esta tensión revela un doble discurso en Washington y expone una estrategia más política que efectiva para combatir el crimen transnacional.

La detención violenta de Narciso Barranco, mexicano con 31 años en EE.UU., provocó indignación en California. El jardinero, sin antecedentes penales y padre de tres militares estadounidenses, fue golpeado y rociado con gas pimienta por agentes del ICE en Santa Ana.

El consulado mexicano en Los Ángeles ya solicitó explicaciones formales y atención médica para el connacional, quien sufrió una dislocación de hombro. Además, se canalizó el caso a un programa legal de defensa y se mantiene contacto con la familia, informó la SRE.

Golpear a un hombre por “su aspecto”, como denunció su hijo, no es sólo abuso policial, es desprecio institucional. Mientras sus hijos protegen a Estados Unidos, su padre es tratado como amenaza. ¿Quién defiende a los que ya pertenecen, pero nunca terminan de ser reconocidos?

Israel e Irán acordaron anoche mantener un cese al fuego tras 12 días de hostilidades. Según medios israelíes, fue Donald Trump quien frenó un ataque final, tras comunicarse directamente con Benjamin Netanyahu y urgir la contención ante el riesgo de una escalada regional.

Mientras el premier israelí celebró una “victoria histórica”, el presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró terminada la guerra y reiteró que su país no busca armas nucleares. Sin embargo, aún no hay evidencia de que el complejo de Fordo haya sido destruido, como afirma Tel Aviv.

La tregua se sostiene con condiciones: ambos gobiernos prometen responder ante cualquier violación. Aunque Estados Unidos aparece como mediador clave, voces internas como Reza Pahlavi alientan la caída del régimen iraní. Esta pausa no significa paz duradera, sino apenas un respiro en una confrontación que podría reactivarse en cualquier momento, dependiendo más de intereses geopolíticos que de voluntades de paz.