El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el envío de 300 elementos de la Guardia Nacional a Chicago como parte de su campaña contra el crimen y las protestas ligadas a las deportaciones masivas. La Casa Blanca afirmó que el despliegue busca “proteger funcionarios y bienes federales”, mientras autoridades locales denunciaron una intromisión en su autonomía.

En paralelo, una jueza federal bloqueó temporalmente el envío de tropas a Portland, Oregón, al considerar que no existía una amenaza real que justificara la medida. El fallo contradice la versión de la administración Trump, que sostiene que la ciudad enfrenta “una guerra interna” por el aumento de la violencia.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, criticó el ultimátum del gobierno federal para desplegar tropas en su estado, calificándolo de “antiestadunidense”. El despliegue coincidió con un tiroteo en Chicago, donde un agente federal hirió a un conductor presuntamente armado durante un operativo.

El gobierno de Israel ordenó reducir al “mínimo” sus operaciones militares en la ciudad de Gaza, tras recibir una recomendación directa del presidente estadounidense Donald Trump para suspender los ataques mientras se negocia la liberación de rehenes y un posible fin de la guerra. La medida fue confirmada por medios locales como Galei Tzahal y la emisora pública Kan.

De acuerdo con fuentes militares citadas por Al Jazeera, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) deberán limitar sus acciones a maniobras defensivas, dejando en pausa la ofensiva terrestre iniciada semanas atrás. Las tropas permanecerán desplegadas, pero con instrucciones de evitar enfrentamientos directos.

El cambio de estrategia ocurre después de que Hamas aceptara parcialmente el plan propuesto por Washington, lo que abre un nuevo escenario de negociaciones. Analistas advierten que esta decisión podría marcar el inicio de una desescalada temporal, aunque la situación humanitaria en Gaza continúa siendo crítica.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que al menos cinco aviones de combate estadounidenses sobrevolaron cerca de las costas del estado La Guaira. Según explicó, el sistema de defensa aérea detectó aeronaves F-35 volando a 35 mil pies de altura y a 75 kilómetros de territorio venezolano, lo que consideró una amenaza directa a la seguridad nacional.

El gobierno de Caracas emitió un comunicado en el que anunció que llevará la denuncia ante la ONU, la OACI y la CELAC. Señaló además que la maniobra militar puso en riesgo la seguridad operacional de la aviación civil en el Caribe, pues los aviones fueron avistados por personal de la aerolínea colombiana Avianca.

Padrino calificó el hecho como una “provocación” y aseguró que Venezuela está preparada para defenderse. Recordó que desde agosto Washington desplegó buques, submarinos y miles de soldados en la región bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

La Marina de Israel interceptó el jueves a la Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 40 barcos y unos 450 activistas que zarpó desde Barcelona con ayuda humanitaria rumbo a Gaza. Según autoridades israelíes, los participantes fueron detenidos y trasladados a puertos locales para su deportación. Entre ellos se encontraban figuras conocidas como Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Los organizadores afirmaron que el objetivo era romper el bloqueo impuesto a la Franja y visibilizar lo que califican como un “asedio ilegal”. Las transmisiones en vivo mostraron cañones de agua y luces de advertencia antes del abordaje en aguas internacionales. Varios países denunciaron la operación y exigieron garantías para la seguridad de sus ciudadanos.

Gobiernos como Turquía, Pakistán y Colombia condenaron el operativo, mientras que algunos europeos gestionan la repatriación de sus nacionales. Israel insiste en que el bloqueo es necesario para impedir la entrada de armas a Gaza.

Estados Unidos evalúa desplegar un “plan antinarcóticos” dentro de Venezuela, en un movimiento que eleva la tensión entre ambos países. La iniciativa se presenta como parte de la lucha contra el narcotráfico, pero detrás también se percibe la intención de aumentar la presión política y militar sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por Washington de encabezar una red de tráfico de drogas.

En un encuentro con más de 800 altos mandos militares, Donald Trump defendió la destrucción de embarcaciones venezolanas por parte de su marina, asegurando que transportaban drogas, aunque no ofreció pruebas. Paralelamente, asesores y funcionarios de su administración impulsan medidas que apuntan a la salida de Maduro mediante un mayor aislamiento internacional y la amenaza de operaciones dentro del país.

Analistas advierten que la estrategia marca un regreso a una política de intervención más agresiva en América Latina. Señalan que Washington concibe la región como un espacio estratégico bajo su influencia histórica.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) anunciaron la detención de un “líder” de una célula de Estado Islámico en la provincia oriental de Deir Ezzor. El operativo, realizado en la localidad de Darnach, dejó al sospechoso herido y capturado, mientras un combatiente de las FDS perdió la vida y otros dos resultaron heridos. Además, un segundo ataque yihadista contra un puesto de control en Abriha fue repelido sin víctimas.

La región ha registrado un repunte de violencia tras el colapso del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, cuando yihadistas y rebeldes tomaron el poder. Desde entonces, las FDS han denunciado un incremento en los ataques de Estado Islámico, incluidos atentados que recientemente causaron la muerte de cinco de sus integrantes.

La captura de este dirigente resalta la fragilidad de la seguridad en Siria y confirma que el grupo yihadista sigue activo pese a los reveses militares. La pregunta crítica es si las fuerzas locales, en medio de un escenario fragmentado, podrán contener una amenaza que persiste y evoluciona en silencio.

Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo seguido de un incendio dentro de una iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan. El sospechoso, identificado como Thomas Jacob Sanford, estrelló su vehículo contra el templo durante el servicio dominical, abrió fuego con un rifle de asalto y prendió fuego al edificio usando un acelerante. Fue abatido por la policía minutos después del ataque.

Las autoridades locales investigan el hecho como un “acto de violencia selectiva”, mientras la magnitud del incendio ha impedido completar el desalojo del recinto. El FBI desplegó a un centenar de agentes para colaborar en la investigación, y el presidente Donald Trump calificó el episodio como “un horrendo tiroteo contra cristianos en Estados Unidos”.

El ataque ha provocado un clima de alarma nacional. Líderes políticos y religiosos exigieron reforzar la seguridad en templos, recordando que los espacios de culto deberían ser refugios de paz. Pero la reiteración de estos episodios refleja un problema profundo: la violencia armada sigue fracturando el tejido social estadounidense sin respuestas de fondo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de tropas federales en Portland, Oregón, y autorizó el uso de la “fuerza total” para resguardar instalaciones del ICE y contener protestas atribuidas a Antifa. El anuncio, difundido en Truth Social, provocó rechazo inmediato de autoridades locales, que aseguraron que la ciudad no enfrenta amenazas a la seguridad nacional.

La gobernadora Tina Kotek y el alcalde Keith Wilson calificaron la medida de innecesaria, mientras legisladores demócratas alertaron sobre un posible regreso a las tácticas de 2020, cuando fuerzas federales intervinieron en protestas por el asesinato de George Floyd. Expertos legales advierten que la orden podría carecer de fundamento constitucional.

Con esta decisión, Trump amplía la estrategia de militarización interna y refuerza su discurso de mano dura frente a la migración y el activismo de izquierda. Pero la pregunta persiste: ¿es protección real o una maniobra política que profundiza la polarización estadounidense?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó una manifestación en Nueva York contra Israel y en rechazo a la situación humanitaria en Gaza. Durante la marcha, ondearon banderas palestinas y pancartas que exigían el fin del bloqueo y de los ataques a la población civil.

A raíz de su participación, la embajada estadounidense en Bogotá informó la revocación de su visa por “acciones imprudentes e incendiarias”, acusándolo de incitar a la violencia y pedir a militares estadunidenses desobedecer órdenes. Petro, acompañado del músico Roger Waters, enfatizó su respaldo a Palestina y anunció planes de Colombia para presentar una resolución ante la ONU.

El caso refleja la tensión entre diplomacia y activismo político de líderes internacionales. La medida de EE. UU. cuestiona hasta qué punto los mandatarios pueden manifestarse públicamente, y plantea un debate sobre la libertad de expresión frente a las relaciones internacionales y la política exterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este jueves una nueva ronda de aranceles que entrará en vigor el 1 de octubre. Las medidas incluyen tasas de hasta 100% a productos farmacéuticos de marca fabricados en el extranjero, 25% a camiones pesados, 50% a gabinetes de cocina y tocadores, además de un 30% en muebles tapizados. Según Trump, los gravámenes responden a preocupaciones de “seguridad nacional” y buscan fortalecer la producción interna.

Las repercusiones no tardaron en reflejarse en los mercados asiáticos, donde cayeron acciones de farmacéuticas y fabricantes de muebles. Japón y la Unión Europea evalúan el impacto, mientras la industria estadounidense advierte que las tarifas podrían frenar inversiones ya anunciadas. A pesar de las críticas, la Casa Blanca defiende la estrategia como fuente de ingresos y herramienta para renegociar acuerdos internacionales.

El anuncio confirma el uso de los aranceles como pieza central de la política exterior de Trump. No obstante, la escalada proteccionista plantea interrogantes sobre la estabilidad de las cadenas globales y el costo final para consumidores estadounidenses, que podrían ver encarecidos medicamentos, transporte y bienes básicos. ¿Seguridad nacional o proteccionismo disfrazado?