El primer ministro británico Keir Starmer acusó a Donald Trump de presionarlo para modificar la postura del Reino Unido sobre Groenlandia. Durante una sesión parlamentaria, afirmó que Londres no cederá ante amenazas externas y defenderá el principio de que la isla pertenece a sus habitantes y a Dinamarca soberana histórica.

Starmer sostuvo que los comentarios de Trump sobre el acuerdo de las islas Chagos tuvieron como objetivo aumentar la presión política. Además, anunció una reunión en Londres con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en medio de crecientes tensiones diplomáticas y advertencias estadounidenses sobre aranceles y posibles medidas coercitivas futuras.

El líder laborista subrayó que el futuro de Groenlandia debe decidirse sin coerción económica ni militar. Mientras tanto, Trump mantiene su postura expansionista y no descarta el uso de la fuerza. La controversia ha profundizado divisiones entre aliados occidentales y plantea un nuevo desafío para la cohesión transatlántica actual global.

La Unión Europea anticipó una respuesta firme ante las presiones del presidente Donald Trump sobre Groenlandia. En Davos, Ursula von der Leyen afirmó que la relación con Estados Unidos sigue basada en la amistad y la alianza, pero advirtió que cualquier intento anexionista recibirá una reacción unida y proporcional común.

La presidenta de la Comisión Europea sostuvo que escalar el conflicto solo beneficiaría a adversarios estratégicos. Por ello, insistió en combinar firmeza con diálogo. Mientras tanto, líderes europeos evalúan el escenario antes de encuentros previstos con Trump en el Foro Económico Mundial y una posible cumbre del G7 en París.

En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofreció mediar para reducir tensiones. Sin embargo, mensajes filtrados revelaron enfoques divergentes entre aliados. Francia reiteró la defensa de la soberanía danesa, mientras Dinamarca llamó a mantener abiertas todas las opciones diplomáticas, sin descartar respuestas coordinadas dentro de la Unión.

El Pentágono ordenó a mil quinientos soldados en servicio activo prepararse para un posible despliegue en Minesota, ante las protestas contra operativos migratorios federales. La medida se da tras semanas de manifestaciones en Mineápolis y declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección federal.

Funcionarios de defensa indicaron que las tropas serían enviadas sólo si aumenta la violencia. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó la posibilidad como inconstitucional y pidió mantener protestas pacíficas. Señaló que la ciudad no responderá al caos federal con más confrontación interna y llamó al diálogo institucional permanente local.

Las protestas se intensificaron tras la muerte de Renee Nicole Good, abatida por un agente del ICE el 7 de enero. Organizaciones civiles denuncian uso excesivo de fuerza y temor comunitario. Mientras tanto, el Departamento de Justicia rechazó investigar al agente involucrado, alegando actuación en defensa propia, según versión oficial.

Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la opositora venezolana María Corina Machado, quien le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz obtenido recientemente. El encuentro se realizó sin protocolo oficial y, además, fue presentado por Machado como un reconocimiento político a la actuación del mandatario estadunidense.

Machado ingresó por una puerta lateral y sin ceremonia formal, y posteriormente calificó la reunión como excelente. Trump agradeció el gesto en redes sociales y afirmó que recibir la medalla fue un honor. Sin embargo, analistas consideran que la opositora busca posicionarse ante Washington en la coyuntura venezolana actual política.

El Instituto Nobel recordó que el premio no es transferible ni revocable, por lo que continúa perteneciendo a Machado. Mientras tanto, la Casa Blanca reiteró que Trump mantiene una evaluación cautelosa sobre el liderazgo opositor venezolano. Finalmente, se difundió una imagen oficial del encuentro como cierre simbólico del acto diplomático.

La Comisión Europea aprobó un préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania, pero condicionó su uso a la compra de armamento en Europa. El plan busca reforzar la autonomía estratégica del bloque y asegurar que los recursos destinados a Kiev fortalezcan la industria de defensa europea en un contexto de guerra prolongada.

Del total, 60 mil millones de euros se destinarán a gasto militar y 30 mil millones a apoyo civil. Bruselas estableció que Ucrania solo podrá adquirir armas fuera de Europa si demuestra que no existen alternativas disponibles en tiempo y forma dentro del continente, una cláusula que podría incomodar a Washington.

La decisión coincide con crecientes tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre el respaldo estadunidense a Kiev. La Comisión también evitó pronunciarse por ahora sobre un paquete de ayuda a Groenlandia. Funcionarios europeos subrayaron que el objetivo es mantener a Ucrania operativa y en posición de fuerza, tanto en el campo de batalla como en futuras negociaciones.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió a Donald Trump luego de que se autodenominara “presidente interino de Venezuela”. Calificó la publicación como una “caricatura” y afirmó que en el país existe un gobierno que ejerce autoridad, mientras señaló que el mandatario Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos.

Durante un acto por el inicio del ciclo escolar en La Guaira, Rodríguez ratificó que su administración gobierna junto al poder popular y mantiene la soberanía nacional. Sostuvo que Venezuela avanza en sus relaciones internacionales con base en el respeto y la legalidad, pese al contexto de tensiones derivadas de la intervención estadunidense reciente.

Más tarde, el gobierno venezolano informó sobre reuniones con representantes de la Unión Europea y cambios en el gabinete ejecutivo. El Partido Socialista Unido de Venezuela y el alto mando militar reiteraron su respaldo a Rodríguez, mientras autoridades reportaron nuevas liberaciones de detenidos, en un llamado a la unidad nacional ante la crisis política actual.

Decenas de miles de personas salieron por segundo día consecutivo a las calles de ciudades y pueblos de Estados Unidos para protestar contra la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Las movilizaciones se intensificaron tras la muerte de Renee Good en Mineápolis, abatida por un agente del ICE durante un operativo, hecho que detonó una ola de indignación nacional.

Las manifestaciones se extendieron desde Nueva York y Washington hasta pequeñas comunidades en Maryland, Texas y Alaska. En Mineápolis, epicentro de la crisis, se concentró la mayor protesta, mientras el gobierno federal anunció el envío de más agentes migratorios a la ciudad. Consignas contra el ICE, el uso de la fuerza federal y las intervenciones militares en el extranjero dominaron las marchas.

Analistas señalan que la respuesta oficial ha profundizado el descontento social. Encuestas recientes reflejan un aumento del respaldo ciudadano a las protestas y una caída en el apoyo al ICE. En varios estados, legisladores impulsan iniciativas para limitar los operativos federales, en un contexto de creciente tensión política y debate sobre derechos civiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá en la Casa Blanca al mandatario colombiano Gustavo Petro durante la primera semana de febrero. El encuentro buscará abordar el combate al narcotráfico y marcará un giro diplomático tras meses de confrontación verbal entre ambos gobiernos tras recientes tensiones bilaterales.

El anuncio se produce luego de un enfrentamiento público el año pasado, cuando Trump lanzó descalificaciones contra Petro y retiró su visa. Ambos líderes acordaron reducir tensiones tras una conversación telefónica reciente, en la que discutieron posibles escenarios de cooperación y seguridad regional en el continente americano actual y futuro.

Petro señaló que la reunión permitirá aclarar diferencias y coordinar acciones frente al narcotráfico. Analistas consideran que el encuentro refleja un intento de recomponer la relación bilateral, en un contexto de presiones regionales y redefinición de la política exterior estadounidense hacia América Latina en los próximos meses diplomáticos clave regionales.

Francia, España y Dinamarca reiteraron que Groenlandia no está en venta frente a advertencias de Estados Unidos. Autoridades europeas defendieron la integridad territorial de la isla y pidieron frenar intimidaciones. París subrayó que ya no rigen lógicas coloniales y expresó solidaridad plena con Copenhague ante presiones diplomáticas recientes internacionales actuales.

Dinamarca advirtió que sus fuerzas armadas responderán de inmediato ante cualquier intento de invasión, conforme a reglas vigentes. El mensaje elevó la tensión ártica. Francia y España cuestionaron un enfoque neocolonial, mientras Londres dialogó con Washington sobre seguridad euroatlántica y disuasión regional estratégica compartida entre aliados occidentales actuales clave hoy.

Desde Washington, el vicepresidente J.D. Vance pidió a Europa tomar en serio a Donald Trump y reforzar la seguridad del territorio. La Comisión Europea sostuvo que Estados Unidos sigue siendo socio estratégico y expresó disposición a cooperar, pese a desacuerdos, en intereses comunes compartidos y estabilidad regional futura conjunta sostenible.

Estados Unidos incautó en aguas internacionales dos petroleros sancionados presuntamente vinculados a Venezuela, en operaciones realizadas en el Atlántico Norte y el Caribe. Funcionarios señalaron que las acciones buscan reforzar el control sobre el crudo venezolano, en el marco del acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump para canalizar exportaciones hacia Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el petróleo decomisado se integrará al convenio que prevé la entrega de hasta 50 millones de barriles a Estados Unidos. Paralelamente, la Casa Blanca informó que se retiraron de forma selectiva algunas sanciones al sector petrolero venezolano para facilitar la venta del crudo bajo supervisión estadunidense.

Autoridades militares confirmaron que los buques interceptados se suman a otras incautaciones recientes. Reino Unido apoyó una de las operaciones, al considerar que las naves violaban sanciones internacionales. Analistas señalan que estas medidas refuerzan la presión de Washington sobre Caracas y buscan influir en el mercado energético global mediante el control de suministros petroleros estratégicos.