El 7 de julio, el presidente Donald Trump recibió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. En este encuentro clave, el mandatario estadounidense presionó por un alto el fuego de 60 días en Gaza y la liberación de los rehenes aún retenidos por Hamás.

Además, ambos líderes abordaron la situación en Irán y Siria, así como posibles iniciativas de normalización regional. Por otra parte, destacaron el rol de Catar y Egipto como mediadores de las conversaciones indirectas en Doha.

Sin embargo, persisten dudas sobre la implementación de los acuerdos y la resistencia de sectores duros en el gobierno israelí. No obstante, esta tercera visita de Netanyahu a Washington tras el regreso de Trump ilustra la complejidad de buscar la paz en Oriente Medio. Esta cumbre invita a cuestionar la viabilidad de los compromisos alcanzados y su impacto real en la población civil.

La campaña de Donald Trump ha iniciado un nuevo frente contra TikTok. La fiscal de Florida, Pam Bondi, ahora lidera la cruzada legal que podría obligar a la red social a venderse o ser vetada en EE.UU., bajo el argumento de que representa un riesgo para la seguridad nacional. Esta ofensiva ocurre mientras Trump propone extender su poder presidencial para intervenir directamente sobre empresas consideradas una amenaza.

La narrativa de la campaña gira en torno a recuperar la “soberanía digital” del país, planteando que compañías como TikTok podrían ser instrumentos del Partido Comunista Chino. Sin embargo, críticos y expertos advierten que este enfoque también busca sentar un precedente de poder ejecutivo sin límites, sobre todo si Trump regresa a la presidencia en 2025.

El plan de Bondi incluye demandar a TikTok en varios estados, coordinando esfuerzos con fiscales generales aliados de Trump. La estrategia no es nueva, pero ahora tiene un impulso presidencial y electoral.

Donald Trump firmó su ambicioso paquete fiscal tras una votación cerrada en la Cámara de Representantes (218-214), celebrando el logro durante el 4 de julio. La reforma extiende recortes de impuestos, elimina tributos sobre propinas y horas extra, y aumenta el gasto en defensa y seguridad fronteriza. A cambio, reduce el presupuesto de Medicaid en casi un billón de dólares y eleva el techo de deuda en cinco billones.

La ley generó divisiones profundas. Demócratas y activistas sociales denuncian que afecta a los trabajadores y al sistema de salud. Hakeem Jeffries, líder demócrata, habló por casi nueve horas intentando frenar su aprobación. Incluso algunos republicanos expresaron reservas por el impacto en el déficit, pero cedieron ante la presión presidencial.

Elon Musk, principal donante republicano, calificó la ley de “insana” y amenazó con financiar rivales internos. Ahora Trump deberá convencer a un electorado escéptico en plena campaña por el control del Congreso.

La ONU acusó a más de 60 empresas, incluidas entidades financieras, tecnológicas y armamentistas, de beneficiarse directa o indirectamente de las operaciones militares de Israel en Gaza. El informe, presentado por expertos en derechos humanos, señala que estas firmas habrían facilitado o sostenido actividades que podrían constituir crímenes de guerra.

Entre las empresas señaladas están gigantes de la tecnología y la industria militar que habrían provisto herramientas de vigilancia, inteligencia o armas utilizadas en el enclave palestino. El organismo subraya que este tipo de vínculos comerciales comprometen la responsabilidad internacional de los actores privados.

La denuncia surge en un contexto de presión creciente sobre el gobierno israelí y sus aliados, mientras la comunidad internacional exige el cese de las hostilidades. Aunque el informe no impone sanciones, marca un precedente importante para futuras acciones legales y éticas contra quienes lucran con la violencia.

Más de 80 personas murieron en Gaza este jueves tras una nueva ofensiva israelí. El ataque aéreo se concentró en Rafah y zonas del centro de la Franja, dejando decenas de heridos y desplazados.

Pese al anuncio del presidente estadounidense, que prometió un alto al fuego “inmediato y duradero”, el gobierno de Netanyahu no detuvo su operación militar. Fuentes israelíes afirman que continuarán hasta “desmantelar completamente” la capacidad de Hamas, mientras mediadores internacionales piden contención.

La comunidad internacional observa con preocupación el recrudecimiento del conflicto, que ya ha dejado miles de muertos desde octubre. Organizaciones humanitarias advierten que Gaza se encuentra al borde del colapso, con hospitales saturados y cortes generalizados de electricidad y agua. La propuesta de tregua, de momento, no ha tenido efectos visibles sobre el terreno.

Este martes 2 de julio, el presidente Donald Trump inauguró en Florida el primer centro de detención migratoria operado por contratistas privados bajo su nueva administración. Ubicado en el condado de Glades, el centro promete acelerar deportaciones y endurecer el trato a migrantes detenidos.

La prisión, dirigida por la corporación Security Response Group, puede albergar hasta mil personas. Según funcionarios, está diseñada para “proteger al país del ingreso ilegal” y tendrá personal armado, vigilancia constante y jueces migratorios en sitio. Organizaciones civiles ya alzaron la voz por posibles violaciones a derechos humanos.

La apertura coincide con la ofensiva del gobierno republicano para criminalizar la migración irregular. Trump ha prometido más centros como este en estados fronterizos. Activistas denuncian que esta política revivirá los peores abusos documentados en su primer mandato.

La nueva versión del megaproyecto presupuestal de Trump recorta nuevamente el polémico impuesto a las remesas enviadas al extranjero, que inicialmente buscaba gravar con hasta 10% los envíos desde Estados Unidos. Ahora, el gravamen sería de apenas 1.5% y se limitaría a países sin tratados bilaterales de seguridad fronteriza.

La medida, que generó fuerte oposición entre legisladores demócratas y organizaciones migrantes, ha sido suavizada para lograr mayor respaldo en el Congreso. Aun así, críticos advierten que sigue afectando desproporcionadamente a comunidades latinas que envían dinero a sus familias, especialmente en México y Centroamérica.

El megaproyecto aún debe ser votado, pero sugiere que el equipo de Trump busca avanzar su agenda restrictiva sin arriesgar el equilibrio legislativo. Aunque la tasa es menor, el impuesto sigue cargado de simbolismo: penalizar el vínculo financiero entre migrantes y sus países de origen.

La cartera vencida de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) alcanzó su nivel más alto desde 2015: 8.5% en mayo de 2025, según la CNBV. La cifra supera el 5.6% registrado un año antes y también los niveles observados durante la pandemia. El dato enciende alertas en un sector que atiende a comunidades excluidas por la banca tradicional.

Aunque las Sofipos cuentan con un seguro de depósitos por hasta 25 mil UDIS (cerca de 200 mil pesos), un deterioro sostenido de su cartera podría comprometer tanto su viabilidad como la seguridad de los ahorros. Los expertos advierten que el alza refleja una falta de análisis de riesgo y un deterioro en la calidad crediticia.

Actualmente, seis instituciones concentran el 70% del total de la cartera. Una crisis en alguna de ellas podría generar un efecto dominó, afectando no solo a los usuarios sino al sistema financiero popular en su conjunto.

El G-7 acordó este sábado eximir a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo global del 15 % pactado en 2021 por 130 países, debilitando un pilar clave contra la evasión fiscal. La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, evita que firmas como Apple o Amazon enfrenten cargas adicionales en el extranjero.

El acuerdo, anunciado tras la cumbre en Canadá, modifica sustancialmente el pacto original y refuerza la postura de Trump de proteger la “soberanía fiscal” de EE. UU. A cambio, los demás miembros del G-7 apoyarán esta posición en el G-20 y la OCDE, aunque los llamados “impuestos digitales” quedan fuera de la exención.

Trump reaccionó furioso ante el nuevo impuesto digital de Canadá —que grava con un 3 % a las tecnológicas estadounidenses— y suspendió las negociaciones arancelarias con Ottawa. En su red Truth, advirtió que en siete días anunciará represalias comerciales, aduciendo imitaciones de la Unión Europea.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Intercam, Vector y CIBanco de lavar dinero para cárteles mexicanos. A través de “mulas”, se habrían transferido más de 9 millones de dólares desde territorio estadounidense hacia México, mediante depósitos en efectivo y transferencias bancarias.

Sin embargo, el informe no incluye los nombres de los bancos de Estados Unidos donde se realizaron 627 depósitos y más de 200 transferencias. Tampoco hay mención de sanciones contra estas entidades, aunque el sistema financiero estadounidense fue parte central del esquema.

Este silencio despierta dudas. ¿Por qué señalar sólo a instituciones mexicanas cuando los recursos salieron de bancos estadounidenses? La lucha contra el crimen organizado exige transparencia total. Si el origen se omite, la justicia pierde credibilidad y se transforma en instrumento político.