El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a México con una estrategia clara: usar la amenaza de aranceles como moneda de cambio para forzar medidas más agresivas contra el tráfico de fentanilo y los cárteles. La visita, enmarcada en la política de Donald Trump de mezclar comercio, migración y seguridad, busca cerrar un nuevo acuerdo bilateral que permita a Washington ampliar su margen de acción en territorio mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que cualquier cooperación se hará bajo el principio de respeto a la soberanía, mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mantiene una relación pragmática con las agencias estadounidenses. Sin embargo, la reciente extradición de capos y los operativos contra laboratorios muestran la creciente presión de Washington.

El trasfondo es un dilema complejo: mientras Estados Unidos endurece su postura con amenazas comerciales, México enfrenta el riesgo de ceder demasiado en materia de seguridad nacional. La pregunta pendiente es si la cooperación se transformará en sometimiento frente a un socio que dicta la agenda desde la fuerza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Claudia Sheinbaum calificándola de “increíble, elegante y hermosa”, pero aseguró que México “está dirigido por los cárteles”. En entrevista con el Daily Caller, el republicano afirmó que la mandataria mexicana “tiene miedo” y rechazó su ofrecimiento de enviar tropas estadounidenses para enfrentar a las organizaciones criminales.

Las declaraciones se producen a pocas horas de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, quien llegará a México en su primera gira oficial para abordar temas de migración, seguridad y combate al narcotráfico. Washington ha insistido en la necesidad de fortalecer la frontera y desplegar acciones conjuntas contra los grupos del crimen organizado.

Los señalamientos de Trump añaden tensión a la agenda bilateral en un contexto marcado por la violencia en México y el debate sobre la soberanía nacional. El contraste entre los halagos personales y la acusación de debilidad institucional refuerza una narrativa que podría complicar las negociaciones con la administración de Sheinbaum.

El presidente de China, Xi Jinping, inauguró la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin con un llamado a rechazar la “mentalidad de la Guerra Fría” y el “comportamiento intimidatorio” en el orden internacional. Ante líderes como Vladimir Putin y Narendra Modi, defendió la necesidad de un sistema basado en la equidad y la justicia, en contraposición a lo que Pekín considera actitudes hegemónicas de Occidente.

La OCS reúne a diez países miembros, entre ellos Rusia, India, Pakistán e Irán, además de observadores y socios de diálogo. Pekín y Moscú han promovido al bloque como una alternativa a la OTAN, en un contexto global marcado por tensiones militares, rivalidades comerciales y disputas territoriales.

El discurso de Xi refuerza la narrativa china de liderazgo en un mundo “en transformación y turbulento”. La pregunta de fondo es si la OCS podrá consolidarse como un verdadero contrapeso o si quedará como un foro simbólico frente a las alianzas de seguridad occidentales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre en su primera visita oficial al país desde que asumió el cargo. El Departamento de Estado informó que la gira busca impulsar acciones conjuntas para desmantelar cárteles, detener el tráfico de fentanilo y atender la migración irregular.

Rubio también abordará temas de comercio y seguridad regional, destacando la necesidad de reducir el déficit con México y de fortalecer la cooperación económica. Según el comunicado oficial, el gobierno de Donald Trump busca “neutralizar amenazas narcoterroristas” y garantizar igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses en la región.

La visita ocurre en un momento en que Washington intensifica su atención en América Latina. Para México, representa un reto inmediato: equilibrar la presión de Estados Unidos en materia de seguridad y migración con la defensa de su soberanía y sus prioridades nacionales.

La aviación israelí destruyó el Palacio Presidencial de Saná, en Yemen, como represalia por el lanzamiento de un misil con carga de racimo contra su territorio. El ataque dejó un saldo inicial de cuatro muertos y 67 heridos, además de daños en dos centrales eléctricas y un depósito de combustible, según el Ministerio de Sanidad del gobierno hutí.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que el régimen hutí “pagará un precio alto” por cada proyectil disparado, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que Israel responderá a toda agresión. El Ejército confirmó que los bombardeos tuvieron como objetivo infraestructura utilizada para actividades militares.

Por su parte, los hutíes denunciaron la destrucción de instalaciones civiles y responsabilizaron a Israel y a Estados Unidos por las consecuencias. El uso de municiones de racimo, prohibidas por el derecho internacional, eleva la gravedad de la escalada y plantea un dilema crítico: ¿dónde termina la legítima defensa y comienza la desproporción bélica?

El ejército israelí inició una ofensiva terrestre para ocupar la Ciudad de Gaza, donde viven más de un millón de personas. Tras varios días de intensos bombardeos y artillería, tropas se establecieron en las afueras de la urbe, obligando a cientos de palestinos de barrios como Zeitoun y Sabra a huir hacia zonas del noroeste.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró su llamado a un alto el fuego inmediato, advirtiendo que la operación causará “inevitablemente” más muertes y destrucción. Sin embargo, Israel insiste en avanzar con su plan de control total pese a la presión internacional y las críticas a la magnitud de la ofensiva.

El éxodo de familias palestinas refleja la crudeza de un conflicto que parece no tener freno. La tensión entre los objetivos militares de Tel Aviv y la necesidad humanitaria de proteger civiles revela, otra vez, la distancia entre la política de guerra y el derecho a la vida.

Tras la reunión en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, China reafirmó su cercanía con Moscú. Aunque Pekín declaró apoyar una solución pacífica a la guerra en Ucrania, expertos aseguran que su estrategia seguirá siendo la de mantener a Rusia como aliado clave, observando con cautela los movimientos de Washington.

Las declaraciones de la portavoz Mao Ning subrayaron que ambos países deben buscar una salida política, sin condenar directamente la agresión rusa. Sin embargo, la postura china es cuestionada en Occidente, donde se acusa a Pekín de sostener la maquinaria bélica rusa con exportaciones de doble uso, mientras la Casa Blanca responde con nuevos aranceles punitivos.

El alineamiento tácito de China con Moscú refleja la profundidad de sus intereses estratégicos y económicos, que trascienden la crisis ucraniana. La pregunta sigue siendo si la diplomacia china puede sostener la neutralidad declarada mientras alimenta, de facto, una guerra que amenaza la estabilidad global.

Un millón de personas se manifestaron en Israel para exigir el fin de la guerra en Gaza y la liberación de rehenes, en la protesta más grande desde el inicio del conflicto. Las marchas se extendieron por todo el país, desde Tel Aviv hasta Jerusalén, con familias de cautivos denunciando la negativa del gobierno a negociar con Hamas.

La presión social se intensificó con bloqueos de carreteras y concentraciones frente a residencias oficiales. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que detener la guerra sin derrotar a Hamas fortalecería al grupo islamista. Ministros de su gabinete calificaron las protestas de “perjudiciales” y acusaron a los manifestantes de debilitar al país frente a sus enemigos.

El contraste entre las demandas ciudadanas y la línea dura del gobierno refleja una fractura interna. Mientras la población exige vida y acuerdos, el liderazgo insiste en la fuerza militar. La pregunta que queda abierta es cuántas vidas más deberán sacrificarse antes de que prevalezca el diálogo sobre la violencia.

El presidente ruso Vladimir Putin fue escoltado por cazas estadounidenses F-22 durante su regreso a Rusia después de la cumbre sostenida en Alaska con Donald Trump. El avión presidencial fue acompañado hasta la región de Chukotka, en el extremo oriental ruso, donde el mandatario inició actividades locales.

Ya en su país, Putin se reunió con el gobernador Vladislav Kuznetsov, quien subrayó que Chukotka ha ganado atractivo para la inversión privada. El encuentro sirvió también para revisar la situación social y económica de Siberia Oriental, en un contexto marcado por las tensiones internacionales y la presión militar en Europa del Este.

El gesto de Estados Unidos al resguardar la aeronave rusa resulta contradictorio frente a la posterior ofensiva de Moscú en Ucrania, con ataques masivos de drones y un misil. La escena revela la fragilidad de la diplomacia cuando la guerra dicta la agenda.

Con una inflación anual cercana al 25%, escasez de dólares y subsidios a los hidrocarburos que presionan el déficit fiscal, Bolivia enfrenta su peor crisis en dos décadas en medio de un clima político fracturado entre Luis Arce y Evo Morales. El economista Bismarck Arevilca advierte que la emisión monetaria y la parálisis legislativa han agravado la situación, elevando el riesgo de inestabilidad social.

A días de las elecciones, los candidatos debaten medidas como eliminar subsidios, privatizar empresas deficitarias o recurrir a financiamiento externo, cada una con potencial de generar tensiones. Arevilca advierte que cualquier ajuste deberá ser gradual para evitar un estallido.

El próximo presidente recibirá un país con un Congreso dividido y sin mayorías claras, lo que obligará a consensuar reformas económicas y políticas para evitar que la crisis derive en un colapso institucional en los primeros meses de gobierno.