Una serie de explosiones provocó un incendio en una planta agroquímica del polígono industrial de Spegazzini, en Ezeiza, Argentina, dejando al menos 22 heridos, informaron autoridades locales.

El intendente Gastón Granados confirmó que varias industrias ardieron en llamas y que se evacuaron las viviendas cercanas. Entre los lesionados hay una mujer embarazada intoxicada y un paciente con infarto.

El fuego, que aún no ha sido controlado, afecta al menos a cinco fábricas y generó una densa columna de humo visible desde Buenos Aires. Más de veinte dotaciones de bomberos trabajan en la zona.

La ONG Oil Change International denunció que 25 países suministraron petróleo a Israel durante su ofensiva militar en Gaza, acusándolos de “complicidad” con lo que calificó de “genocidio”. El informe, presentado durante la COP30 en Brasil, revela que Azerbaiyán y Kazajistán aportaron el 70% del crudo recibido por Israel entre noviembre de 2023 y octubre de 2025.

El documento también identifica a Rusia, Grecia y Estados Unidos como los principales exportadores de productos refinados, señalando que Washington fue el único proveedor del combustible militar JP-8. En total, se contabilizaron 323 envíos equivalentes a 21.2 millones de toneladas.

La organización sostiene que los países involucrados actuaron “con conocimiento de las atrocidades” cometidas en Gaza. Desde el inicio de la guerra, más de 69 mil palestinos han muerto por los ataques israelíes, según cifras del Ministerio de Salud gazatí, reconocidas por la ONU y la Corte Internacional de Justicia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley que pone fin al cierre de gobierno más largo en la historia del país, tras 41 días de paralización administrativa. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes con 222 votos a favor, apenas cuatro más de los necesarios, y ratificada en el Senado.

Durante la ceremonia de firma en el Despacho Oval, Trump aseguró que su gobierno “jamás cederá ante la extorsión”, y acusó a los demócratas de provocar el cierre “por razones puramente políticas”. Señaló que la crisis afectó a millones de personas, provocando la suspensión de beneficios sociales, retrasos aéreos y despidos masivos.

El proyecto permitirá reabrir las agencias federales y financiar las operaciones gubernamentales hasta enero. Aunque la Casa Blanca celebra el resultado como una victoria política, el episodio dejó fuertes impactos económicos y sociales, además de un récord histórico de días sin gobierno activo.

La Casa Blanca declaró la “semana anticomunista” en Estados Unidos, en respuesta a los recientes triunfos electorales de candidatos progresistas y socialistas democráticos. En una proclama oficial, el presidente Donald Trump calificó el comunismo como “una doctrina del mal” y advirtió que sus ideas “renacen bajo el disfraz de la justicia social”.

El mandatario ha señalado directamente al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, como “comunista”, y acusó a la izquierda de intentar “rendir la libertad estadounidense al poder del gobierno”. Analistas señalan que la medida busca movilizar a su base conservadora tras los reveses electorales recientes.

El discurso anticomunista se suma a las campañas contra migrantes e “enemigos internos” promovidas por la administración Trump. Según el Migration Policy Institute, el número de inmigrantes detenidos alcanzó un récord histórico, mientras el Pentágono amplía sus operaciones militares en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El Senado de Estados Unidos aprobó una ley para reabrir el gobierno federal, poniendo fin al cierre más largo en la historia del país, que ya suma 41 días. Con una votación de 60 a 40, un pequeño grupo de senadores demócratas rompió filas con su partido y respaldó el acuerdo con los republicanos para destrabar la parálisis presupuestaria.

El presidente Donald Trump expresó su apoyo a la medida y aseguró que “el país volverá a funcionar muy pronto”. El cierre había dejado sin salario a cientos de miles de empleados públicos y provocado retrasos en aeropuertos, además de frenar programas sociales y ayudas federales.

La iniciativa ahora deberá ser aprobada por la Cámara de Representantes, que regresa de su receso esta semana. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, pidió a los legisladores acelerar el proceso para restablecer la operatividad del gobierno “lo antes posible”.

El Senado de Estados Unidos aprobó una medida bipartidista para poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país. Ocho senadores demócratas votaron junto con los republicanos para avanzar una ley de gasto que permitiría reabrir las agencias federales y financiar al gobierno hasta enero.

El proyecto, que deberá ser avalado por la Cámara de Representantes y firmado por el presidente Donald Trump, busca poner fin a más de 40 días de parálisis administrativa que han dejado a cientos de miles de empleados federales sin salario. Durante la crisis, la Casa Blanca congeló 26 mil millones de dólares destinados a estados gobernados por demócratas.

El cierre también ha afectado gravemente al sistema aéreo: cerca de 5 mil vuelos fueron cancelados el último fin de semana. Autoridades advirtieron que, si el bloqueo continúa, podría colapsar el tráfico aéreo durante la temporada de Acción de Gracias.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a retener temporalmente 4 mil millones de dólares del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que brinda apoyo alimentario a 42 millones de personas de bajos ingresos. La medida busca dar tiempo a un tribunal inferior para revisar la apelación presentada por la administración en medio del cierre gubernamental.

El juez John McConnell había ordenado financiar completamente el programa, pero la jueza Ketanji Brown Jackson suspendió el fallo hasta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito se pronuncie sobre el caso. SNAP requiere entre 8 mil 500 y 9 mil millones de dólares mensuales para operar.

La administración Trump sostiene que la decisión de McConnell generaría “caos financiero” durante el cierre, mientras que los demandantes advierten que millones de familias podrían quedarse sin alimentos. La Casa Blanca planeaba suspender completamente el programa por falta de fondos.

El presidente de transición de Perú, José Jerí, confirmó que Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, no podrá viajar a México pese al asilo político que le concedió el gobierno mexicano. La medida se mantendrá hasta que Lima decida si otorga el salvoconducto que permitiría su salida del país.

Jerí señaló que el Ejecutivo “aún no se pronunciará” sobre el tema y que el gobierno “tomará el tiempo que considere pertinente” para definir su posición. Mientras tanto, Chávez deberá permanecer en territorio peruano. La exprimera ministra enfrenta un proceso judicial por presunta rebelión y conspiración en el fallido golpe de Estado de 2022.

La Cancillería peruana también anunció que propondrá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a la Convención de Caracas de 1954, argumentando que se ha “tergiversado” el derecho de asilo al considerarse delitos comunes como persecución política.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del Movimiento al Socialismo (MAS) a dos días de concluir su mandato, acusado de desvío de fondos del partido. La dirigencia del MAS anunció la decisión tras señalar que Arce “no rindió cuentas” sobre el uso de los recursos partidarios y que su gobierno enfrentó denuncias de corrupción.

Arce, de 62 años, llegó al poder en 2020 respaldado por el expresidente Evo Morales, pero su relación se deterioró tras una prolongada disputa interna por el control del partido. Aunque era considerado el candidato natural para las elecciones de 2025, desistió de buscar la reelección ante su creciente impopularidad.

Durante su administración, Bolivia atravesó su peor crisis económica en cuatro décadas, marcada por la falta de dólares y combustibles. La derrota del MAS en las urnas pone fin a dos décadas de dominio de la izquierda. El centroderechista Rodrigo Paz asumirá la presidencia.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que los agentes migratorios que violen la ley “rendirán cuentas”, al reafirmar su postura en defensa de los derechos de los inmigrantes en la ciudad.

Mamdani, de 34 años, recién electo con una histórica movilización progresista, aseguró que su gobierno mantendrá una política de “coherencia y compromiso” enfocada en las necesidades de la clase trabajadora.

El demócrata socialista también reiteró que impulsará medidas como transporte gratuito, cuidado infantil sin costo y mayores impuestos a los más ricos, defendiendo su promesa de construir una ciudad más equitativa e inclusiva.