Desde México hasta Colombia, diversas iniciativas buscan revertir la crisis de biodiversidad que enfrenta América Latina. En el Día Internacional de la Diversidad Biológica, científicos y comunidades coinciden en que proteger especies clave como ajolotes, tapires y árboles gigantes no solo es urgente, sino posible con voluntad colectiva y políticas sostenidas.

En Xochimilco, el emblemático ajolote casi ha desaparecido del ecosistema. Proyectos como Chinampa Refugio buscan restaurar el hábitat lacustre, mejorar la calidad del agua y recuperar la agricultura sostenible, en alianza con pobladores locales. El éxito depende de integrar conocimientos científicos y tradicionales para salvar esta especie emblemática.

En Perú, comunidades amazónicas organizan bancos de semillas para conservar especies maderables como el tornillo o la caoba, bajo prácticas que combinan economía local y reforestación. Y en Colombia, el tapir es reconocido como “arquitecto del bosque”, esencial para mantener los corredores biológicos en ecosistemas cada vez más fragmentados.

Estos esfuerzos nos confrontan con una realidad: la biodiversidad es nuestra mejor aliada frente al colapso ambiental, pero seguimos actuando como si fuera un recurso prescindible. Proteger la vida silvestre es también proteger nuestro futuro. Participar, informarse y apoyar estos modelos de conservación desde lo local puede marcar la diferencia entre un legado biológico preservado o un vacío irreversible en el equilibrio natural del planeta.

En uno de los puntos más transitados de la Ciudad de México, dos colaboradores de Clara Brugada fueron asesinados a plena luz del día. Se trató de un ataque directo captado en video, donde un sujeto armado disparó contra Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de alto nivel del gobierno capitalino.

Horas después del crimen, las autoridades localizaron una motocicleta negra y una camioneta azul relacionadas con el ataque. La moto fue hallada en Benito Juárez y la camioneta en Iztacalco. Pese al despliegue de elementos periciales, el crimen sigue sin esclarecerse, y no hay detenidos confirmados hasta el momento.

El asesinato provocó reacciones políticas inmediatas. Senadores de oposición lo calificaron como un posible crimen de Estado y exigieron a Omar García Harfuch rendir cuentas. En contraste, el gabinete federal evitó abordar el tema durante la conferencia presidencial, generando suspicacia pública sobre el manejo del caso.

Este atentado, ocurrido frente al Metro Xola y sin respuesta inmediata de las autoridades, pone en evidencia el deterioro de la seguridad pública y la vulnerabilidad institucional. Que funcionarios de alto rango sean ejecutados en zonas vigiladas sugiere una crisis de impunidad y un fracaso en las estrategias de contención de la violencia.

Durante su administración, el gobierno de López Obrador autorizó la compra de medicamentos a una empresa ligada al Estado cubano, sin permisos sanitarios, con entregas incompletas y productos caducos. La empresa Neuronic Mexicana, representante de Laboratorios AICA, recibió más de 111 millones de pesos en contratos con Birmex.

Según la Auditoría Superior de la Federación, la orden para beneficiar a esta firma vino directamente de la dirección general de Birmex, dirigida por un general en retiro. A pesar de múltiples incumplimientos, la empresa fue contratada nuevamente, y parte de los productos fueron “acondicionados” internamente en lugar de rechazarse, incurriendo en gastos adicionales.

El caso expone una red de decisiones que, bajo el argumento de cooperación internacional con Cuba, vulneró los protocolos de calidad, distribuyó medicamentos en mal estado y puso en riesgo la salud pública. Las justificaciones técnicas no lograron ocultar los efectos de una política basada en favoritismos.

Esta operación no sólo simboliza el desvío de recursos en nombre de la fraternidad latinoamericana, sino que revela cómo una visión ideológica puede traducirse en corrupción estructural. Mientras se prometía un sistema como el de Dinamarca, se entregaron medicamentos defectuosos a las clínicas más pobres del país. El daño no es solo material, sino ético y sistémico.

Aunque fue presentada como una de las obras insignia de transformación nacional, el Tren Maya aún no encuentra viabilidad financiera. Su director general, Óscar David Lozano, reconoció que no alcanzará el punto de equilibrio hasta 2030, siempre y cuando se consolide el servicio de transporte de carga como complemento al de pasajeros.

En 2024, la obra cerró con una pérdida de al menos mil 223 millones de pesos, sin contar subsidios. De los tres millones de pasajeros anuales proyectados, sólo se alcanzó un 23%. A esto se suma el sobrecosto de más de 340 mil millones de pesos respecto a lo estimado en 2018.

Frente a este panorama, el gobierno plantea mover hasta dos millones de toneladas al año en carga, con acuerdos que estarían listos en 2026. Sin embargo, aún se desconoce si el volumen proyectado será suficiente para cubrir costos operativos y de mantenimiento.

El modelo de negocio del Tren Maya refleja tensiones entre política pública y sostenibilidad económica. Apostar por un sistema ferroviario mixto en una zona ecológica sensible obliga a preguntarse si los beneficios compensarán el impacto ambiental, social y financiero acumulado. La transparencia en los resultados será clave para evaluar si esta obra es símbolo de desarrollo o de improvisación de Estado.

José “Pepe” Mujica no fue un político común. Exguerrillero tupamaro, preso político durante la dictadura uruguaya y presidente entre 2010 y 2015, encarnó una figura atípica en el poder: austero, reflexivo y profundamente comprometido con sus ideales. Rechazó los privilegios del cargo y vivió en su chacra, acompañado por su esposa, su perro y su viejo Volkswagen escarabajo.

Durante su mandato, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en regular el mercado de la marihuana. También se aprobaron reformas clave como el matrimonio igualitario y la legalización del aborto. Aunque su gobierno fue criticado por el aumento del déficit fiscal y la crisis educativa, Mujica dejó clara su intención: gobernar con sentido social antes que económico.

En los foros internacionales, su figura trascendió. Sus discursos sobre consumo, felicidad y desarrollo sustentable lo convirtieron en un referente global. Sin redes sociales ni estrategias mediáticas, conectó con públicos diversos por su autenticidad. “No soy el presidente más pobre, soy rico en tiempo”, decía, en alusión a su filosofía de vida.

Con su muerte, América Latina pierde a uno de sus últimos referentes éticos. Mujica demostró que se puede ejercer el poder sin renunciar a la humildad ni a la coherencia. Su legado no está solo en las leyes que impulsó, sino en la forma en que vivió: despojado, libre, firme ante la adversidad. ¿Se puede ser sencillo y gobernar con dignidad?

La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender por 15 días la importación de ganado mexicano reactivó una vieja tensión comercial ahora revestida de razones sanitarias. Aunque la administración de Sheinbaum reaccionó de inmediato con una defensa firme, la medida ocurre en un contexto de crecientes fricciones bilaterales, donde el discurso sanitario parece servir como canal de presión económica y política.

El gusano barrenador no es nuevo ni exclusivo de esta coyuntura. En 2024 ya se había usado como argumento para cerrar la frontera ganadera, y aunque México cumplió con acuerdos de control, el tema resurge justo cuando se discuten aranceles y cláusulas del T-MEC. Las formas importan: la falta de diálogo previo y la unilateralidad de Washington exponen un desequilibrio en la relación.

Sheinbaum dijo con razón que “México no es piñata de nadie”, pero el mensaje tiene límites si no se traduce en estrategias diplomáticas eficaces. En lugar de tratarse como socios estratégicos, las decisiones siguen marcadas por asimetrías y condicionamientos. La cooperación sanitaria no debería usarse como moneda de cambio en disputas comerciales.

Más allá del daño inmediato al sector agropecuario, este episodio obliga a repensar el margen real de soberanía en la relación con Estados Unidos. ¿Es posible construir una política exterior independiente sin mecanismos que disuaden el uso político de temas técnicos? La respuesta marcará el rumbo no solo del sector ganadero, sino de todo el comercio binacional en este sexenio.

En Oaxaca, más de 25 parques eólicos han sido instalados sin consulta previa a las comunidades indígenas, según datos de ProDESC. Aunque las empresas promueven los beneficios económicos y ambientales, muchas familias denuncian desinformación, exclusión y contratos ilegales en tierras de uso agrario, lo que ha generado tensiones y litigios.

Desde 1994, la región del Istmo ha sido clave para la generación eólica, acumulando más de 1,500 aerogeneradores. Sin embargo, los beneficios tangibles para las comunidades son escasos. Las reformas recientes impulsadas por el gobierno prometen justicia energética, pero aún carecen de mecanismos eficaces para garantizar su cumplimiento y el respeto a los derechos colectivos.

Las organizaciones sociales insisten en la necesidad de una consulta libre, previa e informada, tal como establece el Convenio 169 de la OIT. Las llamadas “licencias sociales” se otorgan mediante beneficios asistencialistas, sin resolver los impactos estructurales de los proyectos sobre el territorio y la cohesión comunitaria.

La expansión de energías limpias no puede sostenerse en la omisión de derechos fundamentales. Si México quiere consolidar una transición energética justa, debe garantizar transparencia, beneficios equitativos y respeto a la voz de los pueblos originarios. De lo contrario, el progreso “verde” corre el riesgo de replicar las mismas desigualdades que dice combatir.

Durante abril, medios abiertamente obradoristas concentraron el 35% de los turnos para preguntar en las conferencias mañaneras de Claudia Sheinbaum. Pese a que el gobierno insiste en que el acceso se sortea sin sesgos, en la práctica se repite un patrón heredado del sexenio anterior: plataformas afines dominan el espacio, mientras el periodismo crítico queda marginado.

La presidenta ha usado estos cuestionamientos como punto de partida para desacreditar a figuras opositoras y reforzar narrativas afines a la 4T. Así ocurrió al responder a preguntas de Diario Basta o Contralínea, desde donde se atacó a expresidentes como Zedillo y Calderón, o se negó la existencia de hornos crematorios en Jalisco, sin espacio para el contraste periodístico.

El mecanismo pierde legitimidad cuando se vuelve predecible. Medios con posturas críticas apenas tienen oportunidad de preguntar, mientras algunos comunicadores progubernamentales incluso publicitan su cercanía ideológica con Morena. Esta fórmula no estimula la transparencia: la sustituye con propaganda encubierta.

En un país con altos índices de violencia contra periodistas, excluir voces independientes desde la máxima tribuna presidencial debilita el debate democrático. Más que informar, la mañanera se ha convertido en un espacio para validar verdades oficiales sin contrapeso. La ciudadanía no necesita más filtros; necesita más preguntas incómodas.