Claudia Sheinbaum afirmó que la nueva Ley de Telecomunicaciones no permitirá censura ni espionaje. Aseguró que se trata de una reforma para garantizar el acceso equitativo a la comunicación y fortalecer los medios públicos, comunitarios y de pueblos originarios. “Es una ley para democratizar las telecomunicaciones”, sostuvo.

La presidenta descartó que la norma tenga fines autoritarios, pese a las críticas por permitir la geolocalización sin orden judicial y la posible suspensión de transmisiones. Señaló que se trata de medidas excepcionales y que el objetivo principal es ampliar la cobertura y reducir la brecha digital.

Sin embargo, diversos sectores han expresado preocupación por los riesgos que implica concentrar el control del espectro y la supervisión del sistema en el Ejecutivo federal. Organismos, opositores y defensores de derechos digitales advierten que la nueva ley puede debilitar la autonomía regulatoria y abrir la puerta a posibles abusos del poder.

Este martes 2 de julio, el presidente Donald Trump inauguró en Florida el primer centro de detención migratoria operado por contratistas privados bajo su nueva administración. Ubicado en el condado de Glades, el centro promete acelerar deportaciones y endurecer el trato a migrantes detenidos.

La prisión, dirigida por la corporación Security Response Group, puede albergar hasta mil personas. Según funcionarios, está diseñada para “proteger al país del ingreso ilegal” y tendrá personal armado, vigilancia constante y jueces migratorios en sitio. Organizaciones civiles ya alzaron la voz por posibles violaciones a derechos humanos.

La apertura coincide con la ofensiva del gobierno republicano para criminalizar la migración irregular. Trump ha prometido más centros como este en estados fronterizos. Activistas denuncian que esta política revivirá los peores abusos documentados en su primer mandato.

Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que los ministros de la Suprema Corte no deben actuar motivados por intereses personales o vínculos con grupos económicos o políticos. La presidenta insistió en que el Poder Judicial debe ser imparcial y servir al pueblo, no a élites.

Sus declaraciones se dan tras cuestionamientos por el papel de algunos magistrados en decisiones clave, como la suspensión de reformas o la liberación de implicados en casos de alto perfil. Sheinbaum defendió su propuesta de una reforma judicial que permita elegir a jueces por voto popular.

Desde su conferencia matutina, la mandataria reiteró que su gobierno busca garantizar justicia verdadera. Aseguró que no pretende debilitar a la Corte, sino fortalecerla mediante transparencia y cercanía con la ciudadanía. La iniciativa será discutida en el Congreso en los próximos meses.

Visa suspendió operaciones con CIBanco tras la alerta del gobierno de EE.UU. por presunto lavado de dinero ligado a cárteles mexicanos. La empresa notificó que ya no procesará transacciones con tarjetas de débito o crédito emitidas por esa institución financiera.

La decisión ocurre luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señalara a CIBanco, Vector e Intercam por supuestos vínculos con operaciones ilícitas. Aunque las instituciones han negado las acusaciones, la medida de Visa marca un golpe inmediato a la reputación y funcionalidad de CIBanco.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda ya intervinieron ante el riesgo reputacional y operativo. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas a EE.UU., pero sin frenar la incertidumbre en el sistema financiero.

La Cámara de Diputados aprobó este lunes la reforma constitucional que extingue a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y crea en su lugar la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, un nuevo organismo regulador con mayores atribuciones centralizadas. Con 267 votos a favor y 222 en contra, la reforma fue enviada al Senado para su discusión.

La nueva comisión dependerá directamente del Ejecutivo federal, lo que ha generado preocupación por la pérdida de autonomía en el control de prácticas monopólicas. Diputados de oposición acusaron que se trata de una “vuelta al pasado”, donde el poder presidencial influía en decisiones regulatorias.

A pesar de las críticas, Morena defendió la medida como parte de un rediseño institucional para fortalecer la competencia y simplificar estructuras. La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsado por el oficialismo en la recta final del actual sexenio.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció la suspensión del impuesto del 3% a las grandes tecnológicas estadounidenses, como Amazon, Apple y Google, que iba a entrar en vigor el 30 de junio. La decisión se produce tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles y suspender las negociaciones comerciales con Canadá.

Trump calificó la tasa digital como un “ataque directo y flagrante” a Estados Unidos y advirtió que anunciaría medidas arancelarias en los próximos días si Ottawa no reconsideraba su postura. La presión llevó al gobierno canadiense a retirar la medida y buscar reanudar las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial antes del 21 de julio.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha adoptado una política comercial agresiva, imponiendo aranceles al acero, aluminio y automóviles, lo que ha generado tensiones con socios tradicionales como Canadá. La retirada de la tasa digital por parte de Ottawa refleja la influencia de Washington en las decisiones económicas de sus aliados.
elpais.com

Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad de los países para implementar políticas fiscales soberanas frente a presiones externas. ¿Hasta qué punto puede un aliado estratégico mantener su autonomía económica cuando enfrenta amenazas comerciales de su principal socio? La respuesta, por ahora, parece depender del equilibrio entre intereses nacionales y relaciones bilaterales.

El gobierno federal anunció que reembolsará a los migrantes el 1% de impuesto que Estados Unidos busca aplicar a las remesas en efectivo. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta medida responde al ajuste de la propuesta original que planteaba un gravamen del 5%, tras una ola de protestas de la comunidad migrante.

Según el Banco de México, el 99% de las remesas se transfiere por vía electrónica, por lo que el nuevo impuesto afectará solo al 1% de los envíos. La mandataria informó que, en caso de aprobarse en el Congreso estadounidense, el reembolso se efectuará a través de la Tarjeta Paisano, como reconocimiento a quienes apoyan la economía nacional.

Este anuncio busca mitigar el impacto económico sobre los migrantes, aunque también evidencia la creciente tensión fiscal entre ambos gobiernos. El reto ahora es garantizar que la medida sea efectiva y transparente para quienes dependen de este ingreso vital desde el extranjero.

El poder territorial de los gobernadores de Morena se ha convertido en un obstáculo para la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque comparten bandera política, mandatarios como Cuitláhuac García en Veracruz o Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán han generado tensiones con el proyecto presidencial, especialmente en temas de seguridad, transparencia y designaciones clave.

La presidenta ha evitado los enfrentamientos directos, pero sus señales de cambio se ven opacadas por liderazgos locales que concentran poder y operan con lógicas propias. En varias entidades, los gobernadores han impulsado reformas para controlar fiscalías o tribunales, en contraste con el discurso de institucionalidad de Sheinbaum.

Analistas coinciden en que la “Cuarta Transformación” ya no depende solo del Ejecutivo federal, sino también del control que puedan ejercer los gobernadores. Con 24 estados gobernados por Morena, la coordinación será clave para evitar que los intereses locales boicoteen la agenda nacional de la nueva administración.

32 personas fueron detenidas durante el desmantelamiento de una de las redes más grandes de robo de combustible en México. La operación, realizada por fuerzas federales y la Fiscalía General de la República, se centró en los estados de Puebla, Veracruz y Estado de México, donde se aseguraron tomas clandestinas, vehículos y equipo especializado.

De acuerdo con las autoridades, el grupo operaba desde hace años y extraía miles de litros de hidrocarburo al día, con ganancias millonarias. Entre los capturados hay funcionarios locales y empleados de Pemex, lo que apunta a una red con protección institucional.

El Gobierno federal calificó el golpe como un “avance estratégico” en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, expertos advierten que este tipo de estructuras se regeneran fácilmente mientras persistan la corrupción y la impunidad, especialmente en regiones donde el huachicol es una fuente alternativa de ingresos.

La nueva versión del megaproyecto presupuestal de Trump recorta nuevamente el polémico impuesto a las remesas enviadas al extranjero, que inicialmente buscaba gravar con hasta 10% los envíos desde Estados Unidos. Ahora, el gravamen sería de apenas 1.5% y se limitaría a países sin tratados bilaterales de seguridad fronteriza.

La medida, que generó fuerte oposición entre legisladores demócratas y organizaciones migrantes, ha sido suavizada para lograr mayor respaldo en el Congreso. Aun así, críticos advierten que sigue afectando desproporcionadamente a comunidades latinas que envían dinero a sus familias, especialmente en México y Centroamérica.

El megaproyecto aún debe ser votado, pero sugiere que el equipo de Trump busca avanzar su agenda restrictiva sin arriesgar el equilibrio legislativo. Aunque la tasa es menor, el impuesto sigue cargado de simbolismo: penalizar el vínculo financiero entre migrantes y sus países de origen.