A pocos días de concluir su encargo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron en sesión privada el anteproyecto de presupuesto 2026, que contempla un incremento global del 12.7% y mantiene sueldos y prestaciones por encima del tope constitucional, denunció la ministra Lenia Batres Guadarrama.

El proyecto, presentado el viernes y avalado este martes bajo la conducción de la presidenta Norma Piña Hernández, prevé solicitar 5 mil 869 millones 743 mil pesos para el próximo año, lo que implica un aumento real del 8.1%. Batres votó en contra al señalar que la cifra rebasa la inflación del 5% y preserva beneficios como seguros privados, bonos alimenticios y arrendamiento de vehículos.

En redes, la ministra llamó al nuevo Poder Judicial, que entrará en funciones en septiembre, a aplicar austeridad y eliminar incrementos que calificó como injustificados y que no beneficiarán a la gestión actual de la Corte.

En la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Juventud, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI), encabezó el conversatorio Constructores del Futuro por el Día Internacional de la Juventud. Legisladores y especialistas coincidieron en la urgencia de garantizar la inclusión social, laboral y educativa de jóvenes, muchos en empleos precarios o fuera del sistema escolar.

Luis Sánchez, de Youthbuild, expuso que casi cuatro millones de jóvenes laboran más de 48 horas semanales, mientras otros enfrentan pobreza y falta de oportunidades. Propuso reformas laborales, estabilidad contractual y salarios dignos. Silvia Camacho y Mario Romero resaltaron el emprendimiento inclusivo como herramienta de movilidad social y superación de desigualdades históricas.

Jessica González, de Innova UNAM, planteó alinear la educación con la vida real para desarrollar creatividad y resiliencia. El panel final subrayó la importancia de la educación financiera, la mentoría y las redes de apoyo para fortalecer proyectos y construir un futuro sostenible para la juventud.

Investigaciones federales revelaron que la empresa Ingemar manipulaba bitácoras de transporte para encubrir el tráfico ilegal de combustibles robados. Según la información, se registraban rutas falsas y volúmenes alterados con el fin de evadir controles y dar apariencia de legalidad a las operaciones.

La red habría operado con complicidad de transportistas y funcionarios, facilitando el movimiento de huachicol desde puntos de extracción clandestinos hasta centros de distribución. El caso se vincula con pérdidas millonarias para Pemex y riesgos ambientales por manejo inadecuado de hidrocarburos.

Este episodio muestra cómo el huachicoleo se sostiene con estructuras administrativas que ocultan su rastro. Sin supervisión estricta y sanciones efectivas, el delito seguirá drenando recursos públicos y comprometiendo la seguridad energética del país.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los homicidios dolosos disminuyeron 25% en los últimos 10 meses, en comparación con el mismo periodo anterior. El reporte atribuye la baja a operativos coordinados y estrategias focalizadas en zonas de alta incidencia.

Autoridades señalaron que estados como Guanajuato, Baja California y Estado de México registraron reducciones significativas, aunque siguen encabezando la lista nacional por número de casos. La dependencia aseguró que el trabajo conjunto con gobiernos estatales ha sido clave para contener la violencia.

Si bien la cifra representa un avance, especialistas advierten que las variaciones temporales no necesariamente reflejan un cambio estructural. La seguridad sostenible requiere prevenir el delito y atender las causas que lo generan, más allá de los operativos reactivos.

La ONU acusó al gobierno de Benjamín Netanyahu de provocar una crisis humanitaria en Gaza mediante una ofensiva militar que ha derivado en hambruna y miles de muertes. Organismos internacionales advierten que las restricciones al ingreso de ayuda agravan la situación de la población civil.

Netanyahu rechazó las acusaciones, asegurando que las operaciones buscan desmantelar a grupos armados responsables de ataques contra Israel. Sin embargo, reportes de agencias humanitarias señalan que la mayor parte de las víctimas son mujeres y niños.

El conflicto entra en una fase marcada por el aislamiento diplomático y el deterioro de las condiciones de vida en Gaza. La pregunta es si la comunidad internacional logrará frenar la escalada antes de que el daño sea irreversible.

La idea de que Estados Unidos pueda “purgar” el sistema político mexicano o intervenir militarmente contra los cárteles ha ganado eco en ciertos sectores políticos y mediáticos, pero carece de viabilidad práctica y legal. Una operación de este tipo violaría de manera directa la soberanía nacional y el derecho internacional, además de provocar una reacción nacionalista que uniría incluso a facciones rivales contra la intromisión extranjera.

El problema central es la corrupción sistémica en México, que permea instituciones de seguridad, justicia y política. Una “limpieza” forzada no sería solo compleja de ejecutar, sino que podría derivar en un conflicto interno de gran escala, con riesgo de colapso del Estado o balcanización del territorio. Desde un punto de vista militar, implicaría control territorial de zonas productoras y rutas, equivalente a una ocupación prolongada.

El análisis apunta a que una estrategia más realista para debilitar a los cárteles está en la reforma del mercado de drogas en Estados Unidos. Experiencias como el fin de la prohibición del alcohol o la legalización del cannabis muestran que reducir el incentivo económico del crimen organizado es posible. Un mercado regulado podría disminuir de forma drástica los ingresos ilícitos que alimentan la corrupción y la violencia en México.

Finalmente, cualquier estrategia efectiva requeriría cooperación internacional entre países productores, de tránsito y consumidores. Mientras tanto, el combate unilateral de México contra los cárteles seguirá siendo limitado, más enfocado en mostrar resultados ante Washington que en un desmantelamiento total de las estructuras criminales. La intervención militar de EE.UU., lejos de resolver el problema, podría desencadenar consecuencias irreversibles para la estabilidad regional.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que el tema de los cuidados amerita un cambio profundo en la forma de pensar y en la manera en que la sociedad aborda esta responsabilidad. Consideró que se trata de una tarea compartida que debe dejar de recaer exclusivamente en las mujeres.

Durante su participación en un foro legislativo, el diputado señaló que es necesario transformar el modelo actual, incorporando políticas públicas que reconozcan y valoren el trabajo de cuidados como un pilar del bienestar social.

Gutiérrez Luna destacó que este enfoque debe reflejarse en leyes y programas que garanticen la participación equitativa de hombres y mujeres, así como en infraestructura y servicios que apoyen a las familias en esta labor esencial.

La presidenta Claudia Sheinbaum instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que será encabezada por Pablo Gómez y contará con la participación de funcionarios como Arturo Zaldívar, Rosa Icela Rodríguez y Lázaro Cárdenas Batel.

El grupo organizará foros de discusión en todo el país y abordará un temario de 14 puntos que incluyen libertades políticas, financiamiento a partidos, fiscalización, sistema de votación, propaganda gubernamental y consultas populares, entre otros. También se prevé la participación de ciudadanía, organizaciones civiles, partidos políticos y comunidades indígenas.

Las consultas se realizarán mediante audiencias, debates y encuestas, cuyos resultados se darán a conocer en octubre de 2025. La comisión presentará sus conclusiones a la Presidencia en enero de 2026, con el objetivo de elaborar propuestas de reforma que fortalezcan el sistema electoral.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que “no habrá marcha atrás” en la política social a favor de las mujeres. Destacó que, gracias al movimiento de transformación, se han logrado avances en derechos humanos, económicos y políticos, así como la paridad de género. Recordó que más de 11 millones de personas han salido de la pobreza, de las cuales más de la mitad son mujeres.

En el II Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe, Rodríguez señaló que hoy las mexicanas participan en decisiones clave, ocupan cargos en el Poder Legislativo, gubernaturas y diversas áreas estratégicas del gobierno. Resaltó que por primera vez en la historia una mujer ocupa la Presidencia de la República y existe un gabinete paritario.

Advirtió que, aunque persisten retos como el combate al machismo, la misoginia y la desigualdad, México avanza en la construcción de paz, desarrollo y bienestar con perspectiva de género, inspirando cambios sociales profundos.

Donald Trump afirmó que la tasa de homicidios en Washington D.C. es superior a la de ciudades como Bogotá, Ciudad de México o Lima. Con base en datos de 2024, señaló un índice de 27,5 por cada 100.000 habitantes, lo que situaría a la capital estadounidense por encima de varias capitales latinoamericanas. El presidente usó esta cifra para justificar la intervención federal del Departamento de Policía Metropolitana y el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional.

La alcaldesa Muriel Bowser calificó la medida como “alarmante y sin precedentes” y advirtió que supone una intromisión en la autonomía local. Aseguró que el gobierno de la ciudad mantiene operativos sus programas y que las autoridades federales no han alterado la estructura interna de la policía.

Estadísticas recientes contradicen el panorama descrito por Trump. Expertos señalan que, tras un repunte en 2023, los homicidios en Washington cayeron 34% en 2025, y que la tasa de delitos violentos es la segunda más baja desde 1966, reflejando una tendencia a la baja similar a la de otras grandes ciudades de Estados Unidos.