El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el paquete arancelario aplicado a países sin tratado comercial con México tiene como objetivo proteger 350 mil empleos concentrados en diez estados del país. Además, subrayó que la medida no busca recaudar más, sino fortalecer sectores industriales estratégicos frente al aumento de importaciones.

Asimismo, explicó que industrias como la textil, del calzado y la automotriz han registrado incrementos significativos en importaciones, lo que ha generado un desbalance comercial, especialmente con Asia. Conectado con ello, señaló que México importa nueve veces más de lo que exporta a esa región, situación que calificó como una tendencia preocupante que requiere intervención.

Por otra parte, Ebrard informó que seis de los quince Polos de Desarrollo del Bienestar ya se encuentran en obras y estarán operando en el primer trimestre de 2026. Finalmente, indicó que estos proyectos buscan atraer inversión, impulsar infraestructura y fortalecer capacidades locales, con participación del gobierno federal, estados y capital privado.

El diputado Marco Antonio de la Mora Torreblanca (PVEM) propuso reformar la Ley General de Educación para prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos inteligentes durante el horario escolar en planteles de nivel básico. La iniciativa establece excepciones cuando su uso sea con fines pedagógicos, por motivos de salud o por discapacidad debidamente acreditada.

El planteamiento señala que las autoridades educativas deberán emitir lineamientos claros sobre el resguardo y apagado de los dispositivos, así como protocolos de actuación para personal docente y directivo. También se prevé garantizar canales de comunicación con madres y padres de familia durante la jornada escolar, sin afectar el vínculo entre escuela y hogar.

En la exposición de motivos, el legislador argumenta que la medida busca reducir distracciones, mejorar la concentración y fortalecer la convivencia entre estudiantes. Advierte que el uso inadecuado de celulares puede afectar el rendimiento académico, el bienestar emocional y favorecer riesgos como el ciberacoso, por lo que diversos países han optado por restricciones similares para proteger a la niñez.

La jueza Diana Selene Medina Hernández canceló la audiencia inicial en la que la FGR imputaría a María Amparo Casar por uso ilícito de atribuciones, al determinar que la acusación debe continuar ante un juez de Distrito en el Reclusorio Norte. Señaló que dicha autoridad ya conoce la carpeta y autorizó técnicas de investigación previas.

La decisión dejó sin efectos la audiencia programada para el 16 de diciembre y ordenó su archivo administrativo, aunque mantuvo vigente la posibilidad de que la Fiscalía prosiga el trámite ante el juez competente. Medina Hernández recordó que la FGR informó que la investigación contra Casar y dos exfuncionarios de Pemex ya estaba radicada en otro órgano jurisdiccional.

La jueza también cuestionó a la administración del Centro de Justicia por programar la audiencia sin completar el procedimiento correspondiente, calificando su actuación como contumaz. Advirtió que futuras omisiones podrían ser remitidas al Órgano de Administración Judicial para determinar medidas correctivas.

El Gobierno federal y los 32 estados firmaron un nuevo acuerdo para enfrentar la extorsión, delito que atraviesa al país desde el comercio ambulante hasta el sector agropecuario. La estrategia, presentada como un esfuerzo de coordinación inédita, busca elevar el delito a investigación de oficio, unificar criterios fiscales y fortalecer los mecanismos de denuncia. Sin embargo, la ceremonia en Palacio Nacional dejó más preguntas que respuestas sobre su alcance real.

Uno de los mayores retos es la falta de cifras confiables. La extorsión vive en la sombra: miles de casos no se denuncian por miedo a represalias, y episodios recientes —como el asesinato de un líder citrícola en Michoacán pese a tener resguardo— evidencian la vulnerabilidad de quienes se atreven a reportarla. Aunque el Gobierno presume un aumento del 23% en llamadas de denuncia desde julio, no se informó cuántas derivaron en acciones concretas.

También persisten dudas sobre recursos y capacidades. Varias fiscalías estatales operan con personal rebasado, con agentes que gestionan miles de carpetas donde deberían manejar cientos. La estrategia contempla crear unidades especializadas y fortalecer la línea 089, pero sin claridad presupuestal ni metas anuales resulta difícil prever si la centralización anunciada se traducirá en resultados sostenibles o quedará como un gesto político más.

La extorsión es ya un negocio transversal para distintos grupos criminales y afecta directamente el precio de los alimentos y la estabilidad local. Para que la nueva estrategia tenga impacto, deberá convertirse en un plan operativo verificable: con recursos definidos, responsabilidades precisas y sanciones ejemplares que envíen una señal inequívoca a las mafias. De lo contrario, México corre el riesgo de sumar otro anuncio sin consecuencias tangibles.

A 30 años del levantamiento indígena en Chiapas, el EZLN enfrenta un escenario marcado por viejas heridas y agravios acumulados. Las promesas estatales de reconocimiento y autonomía, encarnadas en los Acuerdos de San Andrés, quedaron truncas desde finales de los noventa, abriendo un ciclo de desconfianza que ninguna administración posterior logró revertir. La organización se replegó a la reconstrucción interna mientras la política nacional avanzaba sin ellos.

Los intentos de reconciliación han chocado una y otra vez con los hechos. Cambios de gobierno, nuevos partidos y discursos progresistas no alteraron la percepción zapatista de que el Estado mantiene un patrón de control y subordinación hacia los pueblos originarios. Las tensiones estallaron con fuerza durante los años recientes, en medio de proyectos federales que impactan territorios indígenas y la persistencia de grupos armados que operan en la región.

Mientras tanto, la violencia y el desplazamiento en zonas autónomas se han agravado. Comunidades enteras denuncian la presencia de actores armados, colusión institucional y la falta de medidas efectivas para contener la espiral de agresiones. En ese contexto, el EZLN sostiene que cualquier vía de diálogo requiere antes garantías mínimas de seguridad, algo que, desde su perspectiva, no existe en la actualidad.

La conmemoración del aniversario zapatista llega, así, envuelta en un clima de fractura profunda. El movimiento insiste en que su apuesta por la autodeterminación se mantiene intacta, pero advierte que el país atraviesa un momento crítico para la vida comunitaria. Tres décadas después, el tema pendiente sigue siendo el mismo: la deuda histórica con los pueblos indígenas y la incapacidad gubernamental para saldarla.

México y Estados Unidos alcanzaron un entendimiento sobre la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, con el compromiso mexicano de liberar 249 millones de metros cúbicos a partir de la semana del 15 de diciembre. El acuerdo busca atender el déficit del ciclo anterior y avanzar hacia un plan definitivo que deberá concluirse a más tardar el 31 de enero de 2026.

El volumen acordado supera ligeramente la entrega inmediata exigida por el presidente Donald Trump, quien esta semana acusó a México de incumplir el Tratado de Aguas de 1944 y amagó con imponer aranceles de 5 por ciento. Ambos gobiernos reconocieron la relevancia del tratado y la necesidad de mejorar la gestión oportuna del recurso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México no ha violado el acuerdo bilateral y subrayó que las entregas se dan en un contexto de sequía extraordinaria. Reiteró que el país seguirá cumpliendo conforme a la disponibilidad hídrica, sin afectar el consumo humano ni la producción agrícola, y mantendrá la cooperación binacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó las nuevas fotografías publicadas por el Congreso en las que aparece vinculado con Jeffrey Epstein y aseguró que “no son gran cosa”. Desde el Despacho Oval, afirmó que muchas personas tienen imágenes con el financiero y reiteró que desconocía sus actividades delictivas.

Las fotos fueron difundidas por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y muestran a Trump posando con varias mujeres junto a Epstein. Según el comité, las imágenes forman parte de un archivo más amplio que incluye decenas de miles de fotografías relacionadas con la investigación sobre el pederasta, fallecido en 2019.

La Casa Blanca acusó a los demócratas de publicar material de forma selectiva para construir una narrativa falsa. La difusión ocurre tras la aprobación de una ley que ordena hacer públicos los archivos del caso Epstein no clasificados, proceso que deberá completarse en un plazo máximo de 30 días.

El Instituto Nacional Electoral enviará el lunes a la Presidencia las propuestas de reforma que recibió de organizaciones civiles y autoridades electorales locales, luego de que consejeros rechazaron la iniciativa elaborada por su Secretaría Ejecutiva. La nueva versión será discutida el martes y se prevé aprobarla el 18 de diciembre.

Desde el jueves, la Secretaría Ejecutiva pidió a los OPLES asistir a la reunión convocada para el 15 de diciembre, o enviar representantes en caso de que sus presidentes no puedan trasladarse. El objetivo, señalaron los oficios, es reunir al mayor número de organismos para expresar su preocupación ante una eventual desaparición en el rediseño electoral.

En un comunicado, el INE destacó que la entrega de propuestas forma parte de un ejercicio de interlocución institucional orientado a canalizar aportaciones técnicas y plurales hacia la Comisión Presidencial. Afirmó que su función es facilitar el diálogo y garantizar que todas las voces sean consideradas dentro del proceso de reforma.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la revisión del T-MEC en 2026 convoca a México, Estados Unidos y Canadá a actuar con responsabilidad y visión estratégica, debido al impacto del acuerdo en los sectores productivos y en las familias que dependen del comercio y la inversión.

Durante una reunión con integrantes de la American Society of Mexico, destacó que el diálogo entre los sectores público y privado es una fortaleza que permite construir certidumbre, impulsar la innovación y abrir nuevas oportunidades en un contexto global complejo. Subrayó la profunda integración económica y social entre México y Estados Unidos.

López Rabadán reconoció a la AmSoc como un puente clave entre comunidades empresariales, diplomáticas y legislativas, y reiteró su disposición a mantener un diálogo franco y constructivo. Señaló que esta relación de confianza es esencial para consolidar una América del Norte próspera, competitiva y unida.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ejercerá en 2026 un presupuesto superior a nueve mil millones de pesos, prácticamente igual al del año anterior. De ese monto, cerca de 493 millones se destinarán a servicios y asistencia consular, un incremento de seis por ciento que busca reforzar la atención a comunidades mexicanas en el extranjero.

La mayor parte de estos recursos irá a la Dirección de Oficinas de Pasaportes, encargada de documentación y operación de su red nacional. También se fortalecerán las áreas de protección consular y servicios administrativos, mientras que la Subsecretaría para América del Norte concentrará más de mil trescientos millones, situándose como el tramo de gasto más amplio entre las subsecretarías.

Otras áreas, como la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, operarán con recursos menores, al igual que las direcciones enfocadas en diplomacia pública. El calendario oficial prevé un fuerte desembolso en enero, cuando la dependencia ejercerá alrededor de mil cuatrocientos millones de pesos.