El presidente Donald Trump reunió a su gabinete de seguridad para discutir los próximos movimientos de su campaña para propiciar un cambio de régimen en Venezuela, mientras aliados conservadores expresan inquietud por la legalidad y alcance de las operaciones militares en el Caribe. La Casa Blanca insistió en que el despliegue busca frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Sin embargo, crecieron las dudas tras revelarse un segundo ataque ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra sobrevivientes de una embarcación interceptada en septiembre, hecho que legisladores calificaron como posible crimen de guerra. La portavoz Karoline Leavitt negó violaciones al derecho internacional y sostuvo que la acción fue legal. Críticas adicionales emergieron luego del reciente indulto de Trump al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
El debate también se intensifica en torno al futuro de Nicolás Maduro. Mientras sectores conservadores presionan por acciones más firmes, otros advierten sobre los riesgos de una intervención directa. Las deliberaciones del gabinete no se hicieron públicas y persiste la incertidumbre sobre la estrategia final que adoptará la administración.