El balance de la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República expone una institución con avances mínimos frente a los mayores casos de corrupción y una efectividad reducida en el combate al crimen organizado. Entre 2018 y 2024 la FGR abrió casi 500 mil carpetas de investigación, pero sólo judicializó 15 mil en el último año y obtuvo 7,742 sentencias condenatorias, ninguna vinculada a escándalos como Odebrecht, Segalmex, Estafa Maestra o el huachicol, lo que refleja el limitado alcance de su actuación frente a delitos de alto impacto.
Los datos oficiales muestran que buena parte de las carpetas se resolvieron mediante mecanismos alternativos y acuerdos reparatorios, estrategia útil para conflictos menores pero insuficiente como política anticorrupción. Mientras tanto, la FEMDO —encargada de delincuencia organizada— obtuvo apenas 65 órdenes de aprehensión y 273 sentencias condenatorias en 2024, cifras bajas frente al tamaño de la operación criminal en el país. En algunos casos, la fiscalía enfrentó reveses judiciales, como la orden de archivar investigaciones contra la familia Jenkins por considerar inválida la reapertura del caso.
En materias electoral y anticorrupción, la actuación tampoco logró avances contundentes. La Fisel sólo judicializó 52 carpetas en año electoral y dejó pendientes investigaciones relevantes, incluidas denuncias cruzadas entre actores políticos. La Fiscalía Anticorrupción inició más de 800 carpetas, pero determinó que en 233 no había mérito para ejercer acción penal, registrando pocos casos llevados ante juez y un número reducido de criterios de oportunidad o acuerdos reparatorios efectivos.
Además de los pobres resultados, la FGR vivió conflictos internos, como la separación del titular del Órgano Interno de Control por presunta corrupción. Casos emblemáticos como el de Lozoya quedaron en acuerdos incompletos, mientras procesos como el de Rosario Robles se desmoronaron en tribunales. El saldo que deja Gertz Manero es una fiscalía debilitada, sin logros estructurales y con un desempeño insuficiente frente a los delitos que más afectan al país.
