El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el envío de 300 elementos de la Guardia Nacional a Chicago como parte de su campaña contra el crimen y las protestas ligadas a las deportaciones masivas. La Casa Blanca afirmó que el despliegue busca “proteger funcionarios y bienes federales”, mientras autoridades locales denunciaron una intromisión en su autonomía.
En paralelo, una jueza federal bloqueó temporalmente el envío de tropas a Portland, Oregón, al considerar que no existía una amenaza real que justificara la medida. El fallo contradice la versión de la administración Trump, que sostiene que la ciudad enfrenta “una guerra interna” por el aumento de la violencia.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, criticó el ultimátum del gobierno federal para desplegar tropas en su estado, calificándolo de “antiestadunidense”. El despliegue coincidió con un tiroteo en Chicago, donde un agente federal hirió a un conductor presuntamente armado durante un operativo.