La explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia dejó hasta ahora ocho muertos y más de 90 heridos, algunos con quemaduras graves en hasta el 100% del cuerpo. Afuera de hospitales como el Rubén Leñero, decenas de familias esperan noticias entre llanto, solidaridad y gestos comunitarios, mientras autoridades continúan con los peritajes para determinar las causas del siniestro.

Testimonios narran escenas de desesperación: un albañil sin seguro ni empleo estable que quedó inmovilizado; un comerciante y su hijo alcanzados por una ráfaga de fuego; una estudiante identificada tras horas de búsqueda con el peor desenlace. Vecinos y voluntarios han ofrecido alimentos, palabras de aliento y acompañamiento en medio de la incertidumbre.

El gobierno capitalino anunció apoyo psicológico y la UNAM habilitó líneas de atención para víctimas y familiares. Sin embargo, más allá de la ayuda inmediata, la tragedia evidencia la vulnerabilidad de las familias trabajadoras y la urgencia de reforzar medidas de prevención y seguridad pública en una ciudad expuesta a riesgos crecientes.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó la ruta para analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026. Detalló que se realizarán audiencias y comparecencias, entre ellas la del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, prevista para el 22 o 23 de septiembre. El calendario contempla aprobar la Ley de Ingresos el 17 de octubre y el Presupuesto a más tardar el 15 de noviembre.

Monreal subrayó que áreas estratégicas como educación, salud, vivienda y política social serán prioridad, mientras que órganos autónomos como el INE y el Poder Judicial podrían recibir menos recursos. Explicó que aparente reducción en rubros como seguridad y salud responde a la reasignación de partidas, como el traslado del presupuesto de la Guardia Nacional a la Sedena y el fortalecimiento del IMSS-Bienestar.

El legislador advirtió que no se aceptarán aumentos excesivos solicitados por la Corte y que el Legislativo mantendrá su mismo presupuesto que en 2025. La discusión, aseguró, deberá ser racional y amplia, pero sin perder de vista el objetivo de reasignar recursos a las áreas sociales y de fortalecer la estrategia económica planteada por el Ejecutivo.

México produce diariamente cerca de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, un volumen que supera en 27% el promedio mundial, según la UNAM. El crecimiento demográfico, el comercio electrónico y la limitada infraestructura de reciclaje han elevado la presión sobre el medio ambiente. Tan solo en 2021, la Ciudad de México generó 86 mil toneladas de basura plástica vinculada al comercio digital.

Especialistas señalaron que menos de 35% de los sitios de disposición final cumplen con requisitos ambientales, lo que agrava la contaminación de ríos, mares y suelos. A ello se suma la participación de industrias como la energética, la minera y la textil, que contribuyen significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero y a la degradación de recursos naturales.

El país enfrenta un desafío estructural: modernizar su sistema de gestión de residuos y apostar por economías circulares que reduzcan la huella ecológica. De no hacerlo, la basura seguirá desbordando ciudades y ecosistemas, comprometiendo el futuro de las próximas generaciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó en la acusación S1 25 Cr.370 que los abusos dentro de la Iglesia La Luz del Mundo no son casos aislados, sino una práctica con casi un siglo de historia. Según el expediente, las víctimas han sido niñas, niños y mujeres tanto en México como en territorio estadounidense.

El señalamiento sostiene que este ciclo comenzó en 1926 y se ha repetido bajo distintos liderazgos, incluido el de Naasón Joaquín García, actualmente detenido y sentenciado en California. Para las autoridades, se trata de una estructura institucional que protegió y encubrió los delitos sexuales, convirtiéndolos en parte de una dinámica de poder religioso.

El reconocimiento de la magnitud histórica de estos crímenes obliga a repensar los mecanismos de supervisión y justicia en organizaciones religiosas. Si los abusos se normalizan como tradición, la impunidad se convierte en un peligroso legado que trasciende generaciones.

El Halcón 2.1, desarrollado por la empresa Horizontec, realizó su primer vuelo de exhibición en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, convirtiéndose en la primera aeronave ligera fabricada en México en casi 70 años. Durante la presentación, la Agencia Federal de Aviación Civil entregó el registro oficial que lo certifica como aeronave deportiva.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que este logro simboliza el regreso de México a la aviación propia y abre camino a nuevas industrias estratégicas. Subrayó que el Halcón 2.1 tiene un costo tres veces menor que una Cessna usada, consume gasolina Premium y cuenta con autonomía de más de mil kilómetros, lo que lo hace competitivo a nivel internacional.

Con 18 pedidos en puerta, Horizontec ya se proyecta hacia la exportación. El hecho de que el proyecto no recibiera recursos públicos muestra que México puede innovar en sectores de alta complejidad. El desafío será transformar este éxito inicial en una política sostenida de producción tecnológica nacional.

El gobierno chino reaccionó con firmeza a la propuesta de México de imponer un arancel de hasta 50% a los automóviles ligeros importados desde ese país. Pekín calificó la medida como un acto de “coerción” y advirtió que afecta directamente sus intereses legítimos en el comercio internacional.

La Secretaría de Economía mexicana presentó la iniciativa al Congreso, argumentando la necesidad de proteger sectores estratégicos y atender presiones comerciales de Estados Unidos. Actualmente, los aranceles a los autos chinos oscilan entre 15% y 20%, por lo que el incremento supondría un golpe considerable al sector automotriz de ese país.

Con México consolidado como principal proveedor de vehículos para el mercado estadounidense, la medida abre un nuevo frente en las tensiones comerciales globales. La pregunta clave es si esta estrategia fortalece la industria nacional o si terminará por desatar represalias que afecten a los consumidores mexicanos.

El activista conservador Charlie Kirk, de 31 años, murió tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah. El ataque, calificado como “selectivo” por el FBI, ha provocado una amplia condena política. El expresidente Donald Trump señaló que la violencia responde a la “retórica de la izquierda radical”.

Las autoridades recuperaron el arma presuntamente utilizada, junto con huellas de calzado y de la mano del sospechoso, a quien describen como un hombre con apariencia universitaria. La investigación continúa con más de 130 denuncias recibidas y un despliegue coordinado entre agencias estatales y federales.

El gobierno de Utah aseguró que la comunidad no está en riesgo inmediato, aunque mantiene la alerta máxima mientras avanza la búsqueda. Este atentado expone de nuevo la fragilidad del debate político en Estados Unidos, donde la confrontación retórica parece escalar hacia escenarios cada vez más violentos.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que en 2026 Pemex enfrentará vencimientos de deuda por 250 mil millones de pesos, equivalentes a más de tres veces el costo del AIFA. Señaló que 46% de los pasivos heredados vencen entre 2025 y 2026, lo que presiona el presupuesto federal y obliga a destinar recursos al rescate de la petrolera.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que 43% del saldo histórico de la deuda de Pemex se concentra en esta administración, por lo que el plan busca estabilizar a la empresa hacia 2027. Sheinbaum atribuyó la crisis a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, que elevaron los pasivos hasta 113 mil millones de dólares, mientras caía la producción de crudo y petroquímica.

Aunque el Ejecutivo resalta el carácter social del paquete presupuestal, el peso de Pemex sigue marcando la agenda financiera nacional. El reto será equilibrar el rescate energético con la promesa de mantener programas sociales, inversión pública y disciplina fiscal.

En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo total a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras el accidente ocurrido en Iztapalapa. La mandataria afirmó que el Gobierno Federal se mantiene atento y dispuesto a respaldar todas las acciones necesarias para atender a las víctimas y sus familias.

Sheinbaum detalló que en las labores de seguimiento participan titulares del sistema de salud, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Señaló que la prioridad es garantizar atención médica, acompañamiento y recursos inmediatos para los afectados.

El gesto de solidaridad presidencial busca enviar un mensaje de respaldo institucional en medio de la tragedia. Sin embargo, el reto real será que estas expresiones se conviertan en acciones eficaces que refuercen la confianza ciudadana frente a la recurrente vulnerabilidad de la infraestructura urbana.

Un total de 290 jueces y magistrados federales denunciaron que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha liberado los recursos destinados a sus indemnizaciones tras salir del Poder Judicial. Aunque los fondos fueron transferidos desde abril a la Tesorería de la Federación, calculan que más de 880 juzgadores permanecen sin recibir compensación, lo que podría representar hasta 2,500 millones de pesos retenidos.

Los impartidores de justicia recordaron que la reforma constitucional garantizó el pago de tres meses de salario íntegro más veinte días por cada año de servicio, con cargo a los fideicomisos del Poder Judicial. Además, señalaron que, por mandato de la misma reforma, se les prohibió ejercer su profesión durante los próximos dos años, lo que agrava su situación económica.

El reclamo coloca al gobierno frente a un dilema político y financiero: cumplir de inmediato con la obligación establecida en la Constitución o mantener retenidos los recursos y con ello abrir un flanco de desconfianza hacia la reforma judicial recién aprobada.