Un juez federal en Los Ángeles ordenó al gobierno de Donald Trump detener las redadas migratorias en siete condados de California, incluyendo la capital angelina. La decisión responde a una demanda presentada por defensores de derechos humanos, quienes acusan a las autoridades de realizar detenciones sin órdenes judiciales y con criterios raciales.
La demanda incluye el testimonio de tres migrantes y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue detenido pese a mostrar identificación válida. Los activistas denuncian que los arrestos se han centrado en personas de piel morena y que los migrantes son privados de asesoría legal en el centro de detención de Los Ángeles.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin rechazó las acusaciones calificándolas de “repugnantes y falsas”. No obstante, el fallo representa un revés a la política migratoria de Trump, que ha endurecido su discurso y acciones antimigrantes tras su regreso a la Casa Blanca.