En un hecho sin precedentes, Estados Unidos deportó al mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, condenado por asesinato, a Sudán del Sur, luego de que México se negara a recibirlo. La decisión formó parte de un operativo que incluyó a otros siete extranjeros con antecedentes penales graves.
La administración de Donald Trump justificó el traslado argumentando que ningún país aceptaba a los deportados por la gravedad de sus delitos. Aunque un juez federal había solicitado detener el procedimiento, el gobierno estadounidense ejecutó la expulsión antes de que se realizara la audiencia de emergencia.
Este episodio abre un fuerte debate sobre las implicaciones éticas y legales de deportar personas a países con los que no tienen vínculos; la falta de coordinación bilateral y el uso político del sistema migratorio plantean cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso y los derechos humanos en las políticas de deportación.